"Desplazados por la violencia necesitan apoyo para regularizar terrenos"

"Sobre todo, piden el apoyo para quienes se han asentado en la zona periférica de la sindicatura de Villa Unión"
01/05/2018 07:17

El Frente Amplio Mazatleco llamó a los gobiernos locales a apoyar la regularización de personas desplazadas por la violencia, que se han asentado en la periferia de la sindicatura de Villa Unión.

El abogado Jesús Cacique Almaraz alegó que no fue culpa de ellos el haber salido huyendo de sus lugares de origen, por lo que el Gobierno del Estado debería contribuir en la adquisición de vivienda, de darse el caso, ya que falló en su obligación de brindar seguridad.

Y al gobierno municipal, por su parte, lo exhortaron también a instrumentar programas de apoyo.

“Ellos en su comunidad no tenían que pagar nada, y no tienen la culpa de haber sido desplazados, por eso le tocaría al gobierno estatal; y a los municipios en todo caso ayudar”, argumentó el activista.

Ante el acuerdo al que han llegado colonos de Ampliación Los Sauces con el dueño de los terrenos, para regularizarse, piden facilidades como descuentos en pagos de derechos y en el impuesto predial.

Este terreno consta de 104 lotes, y estuvo habitado de manera irregular por familias con necesidad de vivienda, entre ellos personas desplazadas.

Cacique Almaraz reconoce que no existe una ley de atención a desplazados en el estado de Sinaloa, pero ve urgente que se busque un mecanismo para atenderlos de manera integral.

“Podría ser a través de un decreto para que puedan contar con ayuda en vivienda, salud, educación, ya que son muchas las necesidades”, abundó.

En Ampliación Los Sauces hay algunas de estas familias, que llegaron procedentes de la sierra de Concordia cuando se desató la violencia a mediados del año pasado.

Pero de forma dispersa, se encuentran cientos con esta misma problemática en otros asentamientos de Villa Unión y en las colonias de Mazatlán.

De acuerdo a las asesorías que han brindado, se han encontrado con afectados de Rosario, Escuinapa y San Ignacio, quienes no pueden retornar a sus localidades de origen porque no ha desaparecido la condición de riesgo.