Designar a jueces y magistrados en base a una elección directa vulnera su toma de decisiones: Juez
MAZATLÁN._ La doble vulnerabilidad de quienes se declaren aspirantes a ser juzgadores en el País, es uno de los riesgos que se prevén dentro de los análisis que han hecho diversas instituciones, en torno a la posibilidad de ser elegidos mediante el sufragio de la población, señaló el juez titular del Juzgado Noveno de Distrito en Mazatlán, Manuel Rivera Navarro, esto de ser aprobada la Reforma al Poder Judicial que propone el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
“Primero la vulnerabilidad frente a factores externos, frente a entes de poder fácticos, como pueden ser estos empresarios o grupos empresariales; el crimen organizado, que no lo podemos descartar, no podemos obviarlo, no podemos decir que no existe, más en estados como en Sinaloa dónde permea de manera muy directa en las decisiones”, declaró en entrevista con Noroeste.
“Por otro lado pone al juzgador en una vulnerabilidad frente a los otros poderes, porque resulta que al menos cuatro de los seis candidatos tienen que pasar por el ‘tamiz’ del Congreso y del Ejecutivo, entonces son ellos los que van a nombrar a cuatro de cada seis y ellos colocan una vulnerabilidad al juzgador, porque al final del día tendrá que dictar o solucionar problemas en los que tenga que favorecer a los entes que le dieron la posibilidad de llegar”, advirtió.
Por esos factores de riesgo, enfatizó, es que se dice que debe de prevalecer la carrera judicial como se conoce y de esta manera evitar que la imparcialidad del sistema de justicia se comprometa.
Votar para elegir juzgadores no es viable
Rivera Navarro explicó que la reforma establece la elección de ministros, de magistrados de circuito, jueces de distrito Estatales y Federales por el sistema de elección directa, qué significa una elección como todos la conocen.
“Para empezar la complejidad en el sistema de elección, en la preparación de elecciones y en el universo de personas que van a ir a competir a una elección, la propuesta de reforma establece que, por cada juzgador federal o estatal, debe haber una terna. Debe haber seis candidatos por cada uno de los espacios que existen”, precisó.
Actualmente, dijo, en los Poderes Judiciales de los Estados hay un número aproximado de 5 mil 100 juzgadores Estatales, y en la Federación alrededor de mil 600 juzgadores y por cada uno debe haber en la boleta de elecciones seis candidatos.
“Cuando multiplicamos, tan solo, por ejemplo aquí en Mazatlán, son 15 magistrados de Circuito y somos 3 juzgadores de Distrito; estamos hablando de un universo de 108 candidatos, 108 candidatos que no tenemos financiamiento público, que no tenemos financiamiento privado; sí tenemos espacios o teóricamente tendríamos espacios en radio y en televisión, 108 candidatos cómo le vamos a hacer para los espacios en radio, porque todos tendrían que tener la misma cantidad de espacios para que sea equitativo”.
Al ir a las urnas, conforme al Décimo Segundo Circuito Judicial de Sinaloa, comprende los municipios de Elota, Cosalá, Concordia, Mazatlán, Rosario y Escuinapa, por tanto los jueces del fuero local y del fuero común, que también deben ser elegidos, representan una cantidad impresionante de candidatos tan sólo en el sur de Sinaloa, por los que una persona mayor de 18 años tendría que votar, expuso.
Resaltó que el sistema de elección de jueces y magistrados es algo que se ve complejo, difícil de instrumentar, casi imposible porque aparte resulta ser muy oneroso.
El proceso de selección actual
El juez dejó en claro que los procesos por los que tienen que pasar actualmente los juzgadores para poder ser nombrados son bastante complejos y contienen requisitos y filtros que mínimamente garantizan el conocimiento y la capacidad de cada uno de ellos.
“Hay un primer examen, que es un examen de eliminación. Es un examen que generalmente consta de 100 preguntas de las diversas ramas del derecho que existen y que son parte de nuestra legislación; Este primer ejercicio de examen eliminatorio hace una depuración de quienes están mejor capacitados por el conocimiento de la ley la jurisprudencia y pasan a otra etapa”, mencionó.
“Esta etapa se compone a su vez de dos etapas, una es la resolución de un caso práctico desde cero fue un copia de un expediente de una complejidad elevada para que tú puedas hacer un lapso de cinco horas a estudiar el expediente y mecanografiar y hacer tu resolución en un sentido determinado; esa sentencia es evaluada por un jurado que se compone por un magistrado ratificado, un juez ratificado y un consejero”, explicó.
Posterior a esto hay que realizar un examen de oposición en el cada aspirante saca un sobre de una tómbola de manera aleatoria que contiene los temas y subtemas que debe desarrollar en un lapso de 15 minutos, seguido de una sesión de preguntas y respuestas sobre la cual se emite una calificación. Aquí destacó que el examen se realiza de manera pública y se videograba para futuras consultas.
