"Aunque llegaron hace 50 años, aún no han regularizado sus colonias... y hoy ¡pueden quedar en la calle!"

Cuando llegaron a vivir ahí todo era marisma y mangle. Pero a base de la necesidad de una vivienda, trabajo constante y anuencia de las autoridades, han convertido ese terreno pantanoso en una zona urbanizada que hoy cuenta con todos los servicios públicos, agua y drenaje, luz eléctrica y un alto porcentaje de las calles pavimentadas.

Ha pasado casi medio siglo de ese día en que llegaron como precaristas.

Del estero no queda huella, pero es hora que esos terrenos de la Francisco I. Madero, Anáhuac, Jesús García y Azteca no han sido regularizados por el Ayuntamiento de Mazatlán, así que cientos de habitantes se encuentran en riesgo de perder el patrimonio que han acumulado durante toda su vida.

Desde febrero de este año, comenzaron a circular unos volantes donde se advertía a los vecinos que debían pagar los lotes donde habitan, a precios actuales, a quien se ostenta como propietario, Salvador Diego de Cima.

De lo contrario, tendrían que desalojar sus viviendas a pesar de que una buena parte de los colonos pagó sus predios, pero no han podido escriturar debido a que éstos no han sido regularizados.

“Los tiraron de manera indiscriminada sin siquiera fijarse si las casas donde los dejaron pertenecían al polígono que reclamaban”, refiere Raúl Díaz León, líder de los colonos de la Anáhuac, sobre los documentos.

Considera este tipo de actos como un acoso legal, en busca de sembrar el miedo en la población, en lugar de usar las vías formales.

En este asentamiento, los vecinos han recibido al menos 50 demandas por acción reivindicatoria, esto es, para cubrir el costo de los terrenos a favor del supuesto dueño, presentadas por Sergio Navarro como su apoderado legal para asuntos de cobranzas.

Díaz León, quien tiene 40 años viviendo en esta colonia, narró cómo fue que inició todo este conflicto.

“Todo esto se vino a raíz de que el señor Sergio de Cima falleció, era el representante legal de don Salvador Diego de Cima. Él (Sergio) adquirió los terrenos, pero ahora que fallece en 2018, viene don Salvador Diego de Cima y se da cuenta que todos los terrenos ya están vendidos, están urbanizados y a él no le reportaron ninguna venta de terreno”.

Ahora, relató, quiere recuperar ese dinero.

“La gente está muy inquieta, alterada y asustada... tantos años y ahora se hace presente el dueño”.

Jaime Toledo, representante de los vecinos de la Francisco I. Madero, explicó que los caminos burocráticos han sido difíciles para los colonos.

Primero se logró la desincorporación de 39 hectáreas de terrenos federales, siendo Presidente de la República Vicente Fox. Era la primera administración municipal de Alejandro Higuera (1999-2001).

Después, entre 2008 y 2010, con Jorge Abel López Sánchez, en la Presidencia Municipal se comenzó con los pagos para poder escriturar, pero luego en 2011, en la tercera administración de Higuera, estas colonias quedaron dentro del Atlas de Riesgo y se detuvo todo el proceso, por lo que muchos quedaron con pagos hechos, pero sin poder tramitar una escritura.

Ahora, Salvador Diego de Cima no reconoce ningún pago, afirmó don Jaime.

Para él, es exagerado lo que pretenden cobrar los denunciantes. Con ello, buscan apropiarse de la plusvalía que se ha generado en la zona, para la cual —afirmó— han cooperado en gran parte los habitantes, pagando predial y aportando para la pavimentación de calles.

Mostró recibos antiguos de predios presuntamente pagados, con lo que se indicaba proceder a la escrituración.

Al reeditarse este conflicto, recordó que en un primer momento la parte demandante intentó negociar. Y puso un precio de 800 pesos por metro cuadrado sobre la Avenida Pino Suárez, que es la rúa principal de ese sector, y de 400 pesos por metro cuadrado en el resto del cuadro urbano.

“Yo le dije que eso era imposible; ¿de dónde fincan esos números, si de todos es conocido que aquí vive pura gente de escasos recursos, es una colonia popular?; después en ocho días nos vimos en el Ayuntamiento y le bajaron solamente 100 pesos, pero no en la avenida”, criticó Toledo, mientras mostraba un plano donde se marcaban tres polígonos, pertenecientes al municipio.

Ante esto, los vecinos alegan su derecho como posesionarios al haber habitado allí por casi 50 años. De igual forma, desconocen unas escrituras a nombre de Sergio de Cima y avaladas por el notario César Andrade que, según ellos, no cuenta con las delimitaciones definidas.

Gobiernos van y vienen, y nada

El 23 de mayo la diputada de Morena por el Distrito 20, Alma Rosa Garzón, presentó un punto de acuerdo ante el Congreso del Estado para exhortar al Gobierno municipal de Mazatlán a regularizar estas colonias cuanto antes, para evitar la incertidumbre jurídica que coloca en situación vulnerable a estas familias.

Mencionó que dichas colonias se crearon en los años 60 del siglo pasado, cuando las ciudades de Sinaloa y del país sufrían un crecimiento demográfico exponencial, que superaba a la capacidad del Estado para satisfacer la demanda de vivienda.

Si bien es cierto que llegaron como invasores en zona de riesgo, reconoció, han pasado muchos años en que estas colonias han sido urbanizadas y continúan en el limbo legal.

“Una de las razones para que no les escrituren es por estar en el Atlas de Riesgo, pero éste no ha sido actualizado; estas colonias ya tienen luz, agua potable, drenaje y siguen sin ser regularizadas: no es posible, cuando esta gente tiene allí más de 40 años”, cuestionó.

Tras haberse reunido con Francisco Vega, coordinador estatal de Protección Civil, los vecinos dijeron que incluso hay la propuesta de ampliar el canal pluvial que atraviesa esas colonias para disminuir riesgo de inundaciones, toda vez que el agua sube de nivel cada temporada de lluvias y se mete a las viviendas.

Aunado a esto, lo que no los deja dormir tranquilos es vivir en la incertidumbre, cosa que no ha cambiado en casi medio siglo desde que se asentaron en ese lugar.