"A 30 años de conflicto: Mazatlán, tierra sin Ley en transporte"

Luego de una tregua de nueve años, la pugna entre taxistas y Atamsa revivió en el puerto de Mazatlán con la práctica de los bloqueos en mayo y junio del presente año.

Con este resurgimiento, el conflicto transportista por el derecho de trasladar el pasaje de la ciudad al aeropuerto se acerca a los treinta años de antigüedad, ya que según los registros, comenzó a inicios de los años noventa del siglo pasado cuando se documentaron los primeros bloqueos de los sindicatos de taxistas hacia las unidades de Autotransportaciones del Aeropuerto de Mazatlán SA de CV (Atamsa), los llamados taxis amarillos.

Todo porque Gobierno del Estado les empezó a requerir un permiso estatal para realizar el traslado de pasaje de la ciudad al aeropuerto, mientras los de Atamsa han alegado todo este tiempo que tienen el derecho por su permiso del orden federal de ofrecer el servicio de la terminal aérea a Mazatlán y "viceversa", que es la palabra de la discordia.

De hecho, el primer amparo interpuesto por los atamsistas es el 454 de 1993, cuya resolución les fue favorable.

No ha sido el único conflicto entre los distintos gremios del transporte en la ciudad. En estos años ha pasado de todo: bloqueos, negociaciones, acuerdos, pleitos legales y también a golpes, turistas que prometen jamás regresar a Mazatlán...

Sentencias van y vienen, y lejos de acabar el problema, este se ha vuelto más complejo. Se han abierto nuevos frentes de conflicto con la entrada de Uber, una modalidad desregulada que se ofrece a través de Internet y ha provocado enfrentamientos con transportistas en diferentes ciudades del país.

En estas tres décadas han desfilado, por las oficinas de Palacio de Gobierno, cinco gobernadores: Renato Vega Alvarado, Juan S. Millán, Jesús Aguilar Padilla, Mario López Valdez; y actualmente, Quirino Ordaz Coppel, Ninguno ha podido poner el punto final a las hostilidades en este sector, mucho menos sus directores de Vialidad y Transportes ni los alcaldes porteños.

En algo coinciden los actores principales del conflicto, Atamsa y los sindicatos de taxis rojos y verdes: el Gobierno del Estado no ha aplicado la ley.

Para Román Aguayo Hernández, dirigente de Atamsa, el gobierno estatal no aplica la ley porque tiene intereses políticos y económicos en el negocio del transporte.

Y como ejemplo, señaló al actual delegado en la zona sur, José Vallejo Castillo, quien es concesionario de taxis y se erige como "juez y parte" en el conflicto. El dato fue verificado por Noroeste, encontrando que el nombre de este funcionario aparece en la lista de concesionarios del transporte de alquiler, que es pública a través del portal de transparencia del estado de Sinaloa.

Al contrario, afirma el líder del Sindicato de Ecotaxis Rojos en Mazatlán, Arnoldo Bouciéguez Lizárraga, quien busca politizar el tema es el grupo de Atamsa al reeditar un conflicto que ya había quedado atrás.

Por prácticas monopólicas, sancionan a transportistas y funcionarios

A pesar de los acuerdos firmados, Román Aguayo se ha mantenido en la postura de que los transportistas del aeropuerto ostentan el derecho de trabajar en ese tipo de traslado porque cuentan con los permisos federales, regulados por el artículo 8 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes.

También señalan que los taxistas violan el derecho de libre tránsito, consagrado en la Constitución en el artículo 11, al detener a las unidades de Atamsa cuando se dirigen con pasaje de la ciudad hacia la terminal aeroportuaria.

A raíz de la controversia con los taxistas y las acciones de Gobierno del Estado para exigirles un permiso estatal para realizar este tipo de servicio, Atamsa instrumentó una estrategia jurídica a base de amparos. La primera resolución a su favor llegó en 1995, pero fue impugnada por los sindicatos de taxistas. Luego de nuevas revisiones los magistrados han ratificado el primer fallo.

"Y así sucesivamente, tenemos tres resoluciones favorables en los colegiados y dos en lo contencioso administrativo. Son cinco resoluciones que nos han dado la razón de que tenemos todo el derecho de prestar el servicio", resaltó Román Aguayo.

Sin embargo, Atamsa ha signado algunos acuerdos en los que se desiste de las demandas a cambio de beneficios.

En 2005, durante el sexenio de Jesús Aguilar Padilla (2004-2010) a Atamsa se le permitieron 20 viajes cada día de la ciudad al aeropuerto, además de una compensación económica para completar lo equivalente a 50 traslados, con recursos del gobierno estatal.

Este convenio fue impugnado por las empresas Olé Tours y King David, también del ramo del transporte turístico. Acusaron prácticas monopólicas. Después de más de diez años, el 13 de julio de 2017, la resolución de la Comisión Federal de Compeencia (Cofece) resolvió a favor de los quejosos.

Todos los involucrados fueron sancionados, incluyendo Fernando García Félix, entonces director de Vialidad y Transportes; al igual que el secretario de Gobierno, Roberto Oceguera Ramos; el subsecretario de Gobierno, Luis Pérez Hernández (finado), Alejandro Higuera Osuna, Alcalde de Mazatlán; Pedro Osuna Amparo, Secretario del Ayuntamiento; y Raúl Llera Martínez, coordinador de Turismo en la zona sur.

Se salvó Clemente Poon Hung, director de Centro SCT Sinaloa, porque envió un representante al acto de la firma. Así lo recordó Román Aguayo a nombre de Atamsa, organización que también fue sancionada con 50 mil pesos de multa.

Cada funcionario debió pagar una multa de 15 mil pesos. Pero la sanción fuerte la llevaron los sindicatos de taxistas, con 600 mil pesos cada uno.

La Cofece, a través del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, resolvió que los transportistas, así como los funcionarios locales y estatales se tomaron la atribución de segmentar el mercado, lo que se interpreta como "prácticas monopólicas".

A partir de aquí, alega Román Aguayo, se establece el antecedente jurídico para invalidar este tipo de convenios, que en su opinión no pueden sustituir a la aplicación de la ley.

Atamsa regresa a los tribunales

En busca de apagar una nueva ola de bloqueos, en 2009 se llegó a un nuevo arreglo mediante el cual Atamsa recibió 10 concesiones de placa estatal de la modalidad turística, además de un capital semilla para operar la empresa Big Travel con unidades tipo Van con las cuales podría realizar los traslados de pasaje de regreso al aeropuerto. A cambio de desistirse de juicios pendientes y futuros.

Sin embargo, luego de la resolución de la Cofece el año pasado, Atamsa ha decidido regresar a los tribunales aduciendo que las condiciones han cambiado.

Y de hecho, alista una nueva demanda por el bloqueo perpetrado por miembros del Sindicato de Ecotaxis Verdes el pasado 7 de junio, así como contra la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán por omisión de funciones.

Aunque Atamsa no sólo ha denunciado públicamente estos hechos de parte de los taxistas, sino que los mismos inspectores de Vialidad retienen a sus unidades cuando van saliendo con turistas hacia el aeropuerto, tal como sucedió este jueves en un hotel de la Zona Dorada.

En otro frente, ya se interpuso la denuncia ante el Ministerio Público por agresiones de presuntos choferes de Uber, quienes habrían apedreado las unidades de Atamsa y amenazado a los conductores el pasado 22 de mayo, en dos hechos distintos.

Taxistas dicen que son "provocados"

El dirigente del Sindicato de Ecotaxis Rojos, Arnoldo Bouciéguez Lizárraga, lamenta que Atamsa no respete el pacto de 2009.

Cuestionó el porqué esta organización otorga el servicio de la ciudad al aeropuerto en los taxis amarillos, cuando para eso se le habían otorgado las 10 concesiones y cuenta con unidades especiales.

"Yo no sé cuál sea el trasfondo de Atamsa, que lo está haciendo con un propósito, pudiera ser que esté buscando que le dieran más permisos, más inversión, algo está buscando..."

Bouciéguez insistió en que esa un problema resuelto: "Yo no sé si Gobierno del Estado se lo vaya a permitir, cuando ya eso estaba finiquitado".

Ve una provocación por parte de Atamsa el ofrecer el servicio sin respetar lo acordado.

El Sindicato de Ecotaxis Verdes se halla afiliado a la CTM (Confederación de Trabajadores de México); en tanto, el Sindicato de Ecotaxis Rojos, a la CNOP (Confederación Nacional de Organizaciones Populares), ambas organizaciones agremiadas al PRI. Son los sindicatos de transportistas más importantes en la ciudad con una flotilla de 525 taxis cada uno.

Sobre esto, habla Arnoldo Bouciéguez.

"Traemos las siglas del PRI, pero eso es aparte, no lo podemos politizar; quienes lo quieren politizar a lo mejor son ellos (atamsistas), o precisamente por eso otros partidos le estén moviendo a eso,pero le están haciendo un daño al destino", reconoció.

El líder de los taxistas rojos alegó que la resolución de la Cofece no tiene relación con el acuerdo de 2009, "el cual tiene un sustento jurídico al estar publicado en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa". Y con base en ello, seguirán exigiendo al gobierno estatal que lo hagan valer.

Mientras tanto, una problemática que parecía haberse resuelto sigue con nuevos juicios ante los tribunales. De acuerdo a las declaraciones de ambos dirigentes, más conflictos se avecinan con el aumento de las plataformas como Uber, cuyos operadores también han sido objeto de bloqueos y enfrentamientos. Atamsa, por su parte, ya denunció agresiones de supuestos choferes de Uber el mes pasado. Tanto taxistas como atamsistas concluyen: no hay gobierno que ponga orden.

GOBERNADORES QUE HAN TRANSCURRIDO Y EL CONFLICTO TRANSPORTISTA SIGUE:

Renato Vega (1993-1998)

Juan S. Millán (1999-2004)

Jesús Aguilar Padilla (2005-2010)

Mario López Valdez (2011-2016)

Quirino Ordaz Coppel (2017-2021)