Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disuelve al Parlamento y llama a nuevas elecciones

El Presidente de Ecuador Guillermo Lasso Mendoza decretó este miércoles la disolución de la Asamblea Nacional de Ecuador, argumentando que hay una “grave crisis política” derivada del juicio político contra él, con un Parlamento que, a su juicio, “tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado”.

El Mandatario invocó sus poderes constitucionales para acometer una medida de la que ya había advertido previamente y que implicaría la convocatoria de nuevas elecciones. Asimismo, afirmó que ser Presidente, “un honor sin comparación”, implica “tomar las decisiones adecuadas y necesarias que cada momento histórico demanda”.

“Hoy es un día en el que tengo una obligación de dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado el Ecuador“, declaró Lasso Mendoza, en un discurso a la nación, acompañado de Henry Eduardo Cucalón Camacho, Ministro de Gobierno, y de Sebastián Corral Bustamante, de la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete.

El Presidente ecuatoriano invocó la cláusula constitucional denominada “muerte cruzada”, en virtud de la cual puede disolver la Asamblea si, por ejemplo, hay una “grave crisis política”. Ante ello, la oposición podría recurrir a la Corte Constitucional.

“He firmado el Decreto Ejecutivo 741, con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al CNE se convoque a elecciones. Ecuatorianas y ecuatorianos: esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. #ElPuebloDecide”, escribió en su cuenta de Twitter.

Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso Mendoza podrá gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. El plazo para convocar elecciones es de 7 días y para realizarlas es de 90 días.

“A partir de hoy, sin bloqueos, el Gobierno nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado”, dijo Lasso Mendoza al indicar que ya había firmado el primer decreto ley de urgencia económica, para reducir impuestos y fortalecer la economía.

Subrayó que los servicios públicos se atenderían con normalidad, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continuarían garantizando seguridad y que el sector privado “tiene todas las garantías para desarrollar sus actividades y seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país”.

No obstante, la sede del Congreso ecuatoriano amaneció bajo resguardo militar, mientras que en el Palacio de Gobierno, ubicado en el centro histórico de la capital Quito estaba custodiado por un grupo de uniformados de las Fuerzas Armadas.

Decenas de militares y policías, ataviados con equipo antimotines, rodearon el edificio de la Asamblea, que también tenía el paso restringido a varias cuadras.

El General Nelson Proaño Rodríguez, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, indicó que la decisión de Lasso Mendoza estaba fundamentada legalmente, por lo que debía “ser respetada” por todos los ciudadanos.

“Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional somos instituciones obedientes y no beligerantes y cumplimos nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución”, dijo, quien añadió que estaban “seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia”.

“En ese caso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaremos con firmeza en cumplimiento a nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y las garantías de los ecuatorianos”, agregó Proaño Rodríguez, quien también formuló un llamamiento a la unidad de los ecuatoriano, para “mantener un clima de respeto a la ley, sin enfrentamientos, sin violencia, lo que permitirá tener un Ecuador en paz y un país con libertad y dignidad”.

La oposición ecuatoriana sostiene que Lasso Mendoza debía ser despojado de su cargo, al considerarlo responsable de presuntos actos de corrupción, ocurridos supuestamente en la Administración estatal bajo su mandato. En un inicio, la acusación fue formulada por concusión y peculado, pero la Corte Constitucional sólo aprobó la realización del juicio político por peculado.

Por lo que no se incluyó una supuesta trama de corrupción en empresas públicas, que involucraba al empresario Danilo Carrera Drouet, cuñado de Lasso Mendoza, quien supuestamente tuvo conocimiento de las condiciones perjudiciales para el Estado, de un contrato suscrito por la naviera estatal Flopec, con la firma privada Amazonas Tankers.

Por su parte, la defensa del Presidente alega que los contratos fueron suscritos bajo la anterior Administración del Presidente Lenín Boltaire Moreno Garcés -del 24 de mayo de 2017 al 24 de mayo de 2021-, y que, ya con Lasso Mendoza en el poder, se requirió a la Contraloría un análisis cuyas recomendaciones fueron acogidas a la hora de renovar los contratos.

El juicio político fue impulsado por la bancada Unión por la Esperanza -liderado por Rafael Vicente Correa Delgado- y por el conservador Partido Social Cristiano (PSC), antiguo aliado electoral de Lasso Mendoza en las últimas elecciones presidenciales. A ellos se les sumaron algunos integrantes del movimiento indígena Pachakutik, de Izquierda Democrática y de un grupo de legisladores independientes.

El juicio político se da en el contexto de la derrota electoral del 5 de febrero de 2023, donde el Gobierno de Lasso Mendoza perdió el referéndum planteado para aplicar reformas a la Constitución y, al mismo tiempo, el grupo político de Correa Delgado resultó triunfador en los comicios locales, cuyas autoridades electas asumieron sus cargos el 16 de mayo.

“Se le caen todas las máscaras a los que hablaban de democracia sin jamás haber creído en ella. Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna ‘conmoción interna’. Tan sólo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la patria”, aseguró Correa Delgado, en un tuit.