Orden de Biden viola el derecho internacional de los Derechos Humanos y de los refugiados: Human Rights Watch
La orden ejecutiva firmada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, corre el riesgo de exponer a miles de personas a daños, por lo que es ilegal según las normas internacionales de Derechos Humanos y de los refugiados, declaró Human Rights Watch.
Este martes, Biden firmó una orden que bloquearía el acceso al asilo de las personas que ingresan a la frontera entre Estados Unidos y México bajo ciertas condiciones.
La orden permite a los funcionarios fronterizos expulsar rápidamente a las personas que llegan a Estados Unidos sin una audiencia cuando los “encuentros” fronterizos o las llegadas hayan superado un promedio de 2 mil 500 personas en siete días.
Esto efectivamente cerraría la frontera a los solicitantes de asilo. Las autoridades no reabrirían la frontera hasta que el número de llegadas diarias caiga por debajo del promedio de 7 días de mil 500 personas.
La organización señaló que la orden ejecutiva se basa en la premisa confusa de que los no ciudadanos que crucen la frontera sur ilegalmente o sin autorización generalmente no serán elegibles para recibir asilo.
Recordó que el artículo 31 de la Convención sobre Refugiados deja claro que es legal llegar como refugiado en busca de protección, pero al cerrar la frontera a todos los que llegan, la orden trata la búsqueda de asilo como ilegal.
“Centrarse en números arbitrarios en lugar de en seres humanos que buscan asilo en la frontera de Estados Unidos ignora el daño potencial a personas, familias y niños que podrían ser devueltos por la fuerza al peligro”, dijo Vicki B. Gaubeca , directora asociada de política de inmigración y fronteras de Estados Unidos de Human Rights Watch.
“Esta política replica algunas de las políticas antiinmigrantes más duras de la administración anterior, aparentemente orientadas a generar miedo contra los inmigrantes e impulsadas por el deseo de parecer ‘duros en la frontera’”, añadió.
La administración afirma que la nueva autoridad de “cierre” se basa en la sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que permite al presidente prohibir la entrada de clases enteras de no ciudadanos considerados “perjudiciales para los intereses de Estados Unidos”.
“Sin embargo, las personas que ya se encuentran en suelo estadounidense y buscan asilo o protección están protegidas no sólo por la sección 208 de la INA sino también por el derecho internacional, con el cual la sección 212 (f) debe ser consistente, dijo Human Rights Watch.
Otras restricciones
La organización informó que no es la primera restricción de la administración Biden al acceso al asilo. En mayo de 2023, el Presidente de Estados Unidos anunció la norma de elusión de vías legales. De hecho, esto prohíbe a las personas solicitar asilo en los EE. UU. si cruzan entre puertos de entrada, si no utilizan la aplicación telefónica CBP One, que obliga a las personas a esperar meses en México para obtener una cita. Estas políticas han dado lugar a abusos generalizados, como documenta Human Rights Watch.
Además, la administración Biden planea aumentar los procesamientos relacionados con la inmigración aumentando la cantidad de “fiscales y personal de apoyo” adicionales y aumentando la colaboración entre los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia.
Human Rights Watch ha documentado durante mucho tiempo que los procesamientos por entrada o reingreso ilegal violan los derechos de los solicitantes de asilo y los derechos de todos los migrantes a la unidad familiar.
“En lugar de contribuir al teatro político que suele ser el telón de fondo del ciclo de elecciones presidenciales de Estados Unidos, la administración Biden debería centrarse en crear un enfoque equilibrado y respetuoso de los derechos para la gestión de la frontera entre Estados Unidos y México”, dijo Vicki B. Gaubeca.
