Hay más de 445 mil víctimas de pederastia en la Iglesia Católica española: Defensor del Pueblo
El 1.13 por ciento de la población actual mayor de 18 años, unas 445 mil personas, ha sido víctima de pederastia en el ámbito religioso en España, publicó el informe sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica elaborado por el Defensor del Pueblo.
De acuerdo a la investigación de Ángel Gabilondo, de ese 1.13 por ciento, un 0.6 por ciento de los abusos se cometieron por parte de sacerdotes y religiosos, es decir, unas 236 mil víctimas, y el resto, 191 mil, por laicos que trabajan en instituciones pertenecientes a la Iglesia Católica española como profesores.
El informe de 777 páginas reúne los testimonios de 487 víctimas.
Ahí se pide crear un fondo estatal para compensar a las víctimas y denuncia cómo la jerarquía católica negó y minimizó el problema durante mucho tiempo.
En una rueda de prensa, Gabilondo ha explicado que un total de 487 víctimas, un 87 por ciento de ellas, hombres, como la gran mayoría de sus agresores, han denunciado abusos sexuales en la Iglesia ante la unidad de atención a víctimas de la comisión creada por la institución.
En la presentación oficial, Gabilondo informó que sólo una pequeña parte de los acusados han sido juzgados por las autoridades civiles; la mayoría de ellos continuaron en sus puestos, fueron traslados y, en menor medida, juzgados por el derecho canónico.
La entrega oficial del informe
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha hecho entrega este viernes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, del informe sobre “denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos”.
Este informe extraordinario fue encargado por la Cámara Baja en marzo de 2022 a través de la aprobación de una proposición no de ley y, una vez entregado, se tramitará de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Cámara y otras normas parlamentarias.
En el acto de entrega del informe, que se ha celebrado en el Salón de los Pasos Perdidos, también han asistido, entre otros, la adjunta primera del Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril; la adjunta segunda, Patricia Bárcena; y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas.
El 10 de marzo de 2022, durante la XIV Legislatura, la Cámara Baja encomendó al Defensor del Pueblo, Alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en la Constitución, la creación de “una Comisión independiente, presidida por él, con el encargo de elaborar un Informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos”.
En una proposición no de ley aprobada por el Pleno, el Congreso fijaba como objetivo de la Comisión, “formada por personas expertas”, el “contribuir a la determinación de los hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas, y a la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de los casos de abusos sexuales sobre niños, niñas y adolescentes”.
Dicho informe debía ser remitido, con sus conclusiones y recomendaciones, a las Cortes Generales y al Gobierno de España. Al día siguiente del pronunciamiento del Pleno, el Defensor del Pueblo asumió la encomienda de la Cámara Baja.
