Financiamiento, gobiernos locales y derechos indígenas: los temas que interesan a México de la COP16 de Biodiversidad
Después de un sexenio en el que la austeridad republicana llevó a una reducción del presupuesto federal para conservación y protección al ambiente, México llega con el interés de obtener financiamiento internacional, reforzar alianzas estratégicas y promover la inclusión de gobiernos locales y comunidades indígenas, a la COP16 de Biodiversidad.
La edición 16 de la Conferencia de las Partes sobre Diversidad Biológica, mejor conocida como COP16, inició este lunes en Cali, Colombia, con una agenda ambiciosa para los 196 países que integran esta convención de Naciones Unidas.
El interés es mayor para los países que albergan mayor biodiversidad y han desarrollado su economía a partir de ella. Entre ellos está México, que es parte del selecto grupo de 17 países llamados Megadiversos —junto con China, Brasil, Indonesia y Colombia, por ejemplo— que albergan al 70 por ciento de la diversidad biológica del planeta. Solo México alberga alrededor del 12 por ciento.
A nivel mundial, México ocupa el segundo lugar con mayor diversidad de reptiles, el tercero de mamíferos y el quinto de anfibios y de plantas vasculares, según la Conabio. Esto hace que la COP16 sea para México una parada obligada en las negociaciones internacionales y un termómetro para su agenda de biodiversidad.
Luego de la aprobación del Marco Mundial Kunming-Montreal sobre Diversidad Biológica (mejor conocido como Marco Global de Biodiversidad) en 2022, los negociadores asistentes a la COP16 se proponen aprobar en Cali el Marco de Monitoreo, que contendrá las metodologías técnicas para darle seguimiento a cada uno de los cuatro objetivos y 23 metas globales del Marco Global de Biodiversidad.
Representado por delegados de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), México siempre ha sido un actor importante en las negociaciones sobre biodiversidad, y por lo tanto impulsará como suyos los objetivos de esta COP. Sin embargo, por sus características, estos serán los puntos de particular interés para México.
Financiamiento de la conservación
El presupuesto de la Conanp cayó de casi 1 mil 500 millones de pesos en 2018 a menos de 1 mil en 2024, por lo que las agencias gubernamentales encargadas de la conservación han tenido que apoyarse en alianzas estratégicas con la sociedad civil y la cooperación internacional. En este contexto, los recursos económicos que puedan canalizarse a través de encuentros como la COP16 son cruciales.
Como indicador del estado presupuestal de las dependencias de conservación, la Conanp ha señalado que requiere entre 1,300 y 1,500 millones de pesos anuales para poder proteger las 91.6 millones de hectáreas abarcadas a través de 203 áreas naturales protegidas (ANPs), estima un análisis elaborado por la organización Océana México. Por su parte la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encargada de vigilar y aplicar las leyes ambientales del país, incluyendo las violaciones a las políticas de conservación, enfrentó recortes que la llevaron de casi 1,300 millones en 2018 a casi 900 en 2024.
“Las agencias de cooperación son como el pegamento que ayuda a mantener unida la agenda ante las limitaciones presupuestales y de personal que tenemos los gobiernos”, explica Hesiquio Benítez, director de Cooperación Internacional e Implementación de la Conabio.
Tan solo para la Conanp, “una parte considerable de su financiamiento” ha sido provisto por el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y la agencia alemana de cooperación internacional GIZ, detalla Oceana. En otros casos, el financiamiento de países como Alemania y Francia han sido clave en la elaboración de proyectos estatales de conservación de distintos ecosistemas y especies en México.
Con la aprobación del Marco Global de Biodiversidad en 2022, se instruyó la creación de un nuevo fondo para esta agenda dentro del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), que fue formalmente abierto a principios de este año con el nombre de Fondo Marco para la Biodiversidad Global. Se espera que esta nueva cartera se nutra de fondos durante la COP en Cali.
Adicionalmente, en la cumbre se analizarán esquemas innovadores como el canje de deuda por naturaleza, un formato impulsado por el presidente colombiano Gustavo Petro, que consistiría en renegociar la deuda externa de un país a cambio de acciones de conservación.
Presencia de estados y municipiosAunque los participantes en las negociaciones formales de la COP16 son los estados nacionales a través de sus gobiernos, esta agenda se ha abierto cada vez más al llamado nivel subnacional. Es decir, a niveles administrativamente por debajo del nacional, incluyendo regiones, estados y municipios.
Debido a que las acciones de conservación ocurren en los sectores rurales, distintos gobiernos estatales y municipales se han acercado a la agenda de biodiversidad en busca de oportunidades para sus territorios. Aquí destacan los ejemplos de Oaxaca, Morelos, Coahuila, Yucatán o Veracruz.
Como prueba destaca que hasta la fecha se han publicado 26 estudios de biodiversidad estatal, que se han traducido en que 18 estados tengan estrategias en la materia, según datos de Conabio. De manera destacada, cuatro estados han integrado comisiones estatales de biodiversidad.
La Cancillería mexicana informó que a la cita en Cali acuden representantes de gobiernos en Aguascalientes, Campeche, Zumpango, Valle de Bravo, Estado de México, Quintana Roo, Sonora y Veracruz.
La estrategia nacional y sus metas
Para hacer realidad el Marco Global de Biodiversidad a más tardar en 2030, como se pactó en la COP15, este acuerdo recae en los compromisos que cada país asuma sobre la biodiversidad en su propio territorio. Estos acuerdos, que pueden ser más o menos laxos según la ambición política y la presión social, se deben reportar por país en documentos llamados Estrategias y Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad (NBSAP, por sus siglas en inglés.)
Aunque ya tenía una estrategia nacional de biodiversidad (ENBioMex), durante los últimos dos años México hizo la tarea de actualizarla para tenerla en línea con el nuevo marco de biodiversidad. Si el Marco Global tiene 23 metas, México se ha planteado 48. “Fue un proceso muy largo de muchos talleres con la administración federal, gobiernos estatales, representantes de pueblos indígenas, academia y ONGs”, explica Benítez.
La Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) anunció la semana pasada que estas 48 metas serán presentadas en Cali por la delegación mexicana. Entonces se verá qué tan ambiciosa es esta propuesta de México en relación con otros países y qué tan viable es a partir del financiamiento disponible.
Recursos y derechos para pueblos indígenas
El nuevo Marco Global de Biodiversidad reconoce a los indígenas como custodios naturales de la biodiversidad, luego de que investigaciones científicas han señalado que hasta el 80% de esta biodiversidad se conserva en tierras indígenas.
Al menos 7 de las 23 metas del marco global mencionan específicamente a los pueblos indígenas y son explícitos al incluirlos en la toma de decisiones y la implementación del marco global de biodiversidad, protección sus territorios de manera separada de los estados nacionales, respeto a su cosmovisión y a sus necesidades de uso de recursos tradicionales.
En México, este enfoque es relevante debido a que su gran diversidad de paisajes naturales y ecosistemas también alberga 68 pueblos originarios, cada uno con su respectiva lengua y cultura. Durante la última década, muchos de estos pueblos han inscrito parte de sus tierras como Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC). Al momento existen en México 602 ADVC en 29 entidades del país, que abarcan un total de 1 millón 233,890 hectáreas, según la Conanp.
Además, el consejo del GEF anticipó el año pasado que el 20% del nuevo fondo de biodiversidad será destinado a actores no gubernamentales, incluyendo pueblos indígenas. Esto haría realidad una de las principales promesas del nuevo marco de biodiversidad: poner financiamiento al alcance de los pueblos indígenas sin pasar por los gobiernos de sus países.
Nueva secretaria de ambiente, Alicia Bárcena
Para México, la representación de nivel ministerial en Cali correrá a cargo de la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena. Para la excanciller será el primer encuentro internacional de una agenda ambiental en su nuevo cargo.
Bárcena no es ninguna improvisada en esta arena. Bióloga de formación, fue la primera subsecretaria de Ecología del país en 1982 y en los noventas continuó en la antigua Semarnap. Desde Relaciones Exteriores, fue la principal artífice del Acuerdo de Escazú, el primer acuerdo ambiental de la región latinoamericana, enfocado a tutelar el acceso a la información, la participación y la justicia. En suma, será una cara conocida para los negociadores en Cali.
“Esto es buena noticia. Alicia es una buena administradora pública y tiene experiencia en esta agenda, una persona muy dispuesta que sin duda le contagiará eso a la Semarnat”, explica Salvador Anta, biólogo y excompañero de Bárcena en la secretaría.
En junio pasado, al ser anunciada al frente de la cartera ambiental, Bárcena destacó que “hoy los grandes desafíos globales están en el cambio climático, la biodiversidad, el uso del agua” y en “buscar una forma de vivir diferente”.
“Estamos en una era de restauración ecológica, este país requiere una gran cruzada de restauración para combatir la destrucción, la contaminación, una gran labor que debemos hacer en la restauración del medio ambiente”, indicó la secretaria.
