Denuncian detenciones arbitrarias contra sacerdotes nicaragüenses
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, GHREN, publicó un informe detallado que revela una serie de violaciones y abusos graves y sistemáticos cometidos contra miembros de la Iglesia católica y otras denominaciones cristianas en Nicaragua desde abril de 2018 hasta marzo de 2024, lo que podría significar crímenes de lesa humanidad.
Este documento, presentado en el 55° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, destaca la magnitud y el alcance de los abusos que han enfrentado estas comunidades religiosas bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Derechos humanos
incluyendo amenazas, agresiones físicas y verbales, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de culto y expresión, y campañas de desprestigio contra líderes religiosos y laicos.
“Entre los casos más destacados se encuentra la detención arbitraria y posterior condena, desnacionalización y destierro del obispo Rolando José Álvarez Lagos y otros miembros del clero en la diócesis de Matagalpa, en Nicaragua”, informó el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. .
Estas acciones, según el Grupo de Expertos, forman parte de una política deliberada para suprimir cualquier forma de crítica o movilización social que pueda desafiar el control del régimen Ortega Murillo. Así también, el informe señala que estas violaciones no se limitan a la Iglesia católica, sino que también afectan a otras confesiones cristianas, ampliando así el alcance de la represión.
Violaciones documentadas
El GHREN realizó su investigación basándose en entrevistas con 63 personas afectadas, así como en una amplia revisión de fuentes secundarias y abiertas. A pesar de los repetidos intentos de solicitar colaboración, el régimen ha negado el acceso y la cooperación al Grupo, lo cual ha dificultado aún más la recopilación de información.
También el informe concluye que las violaciones documentadas podrían constituir crímenes de lesa humanidad, y subraya la responsabilidad del Estado nicaragüense y de individuos específicos bajo el derecho internacional penal.
Finalmente, el Colectivo Nicaragua Nunca Más se sumó a la alerta internacional sobre las violaciones a la libertad religiosa, como uno de los derechos más afectados en esta escalada represiva.
“Estas acciones están caracterizadas en la apertura de procesos judiciales, al menos, en contra de 65 personas religiosas, 22 de las cuales han sido desnacionalizadas, además del cierre arbitrario y confiscación de 419 organizaciones religiosas y 22 medios de comunicación católicos y evangélicos, siendo uno de los últimos cerrados Radio María”, añadió.
