Autoriza CPI investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela
La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió este martes una decisión que autoriza a la Fiscalía de este tribunal a reanudar su investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La Fiscalía presentó el pasado noviembre una solicitud ante esa Sala pidiendo autorización para reanudar la pesquisa.
En febrero de 2018, la Fiscal Fatou Bensouda expresó en una vídeo-declaración que analizará crímenes presuntamente cometidos en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política en ese Estado miembro del Estatuto al menos desde abril de 2017.
“En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”, declaró Bensuda.
Antes de emitir su fallo, la Sala examinó la solicitud de la Fiscalía, las observaciones de las autoridades venezolanas competentes, así como 1875 formularios de observaciones y preocupaciones transmitidas a través de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas.
“La Sala concluyó que, si bien Venezuela tomó algunas medidas de investigación, sus procedimientos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía”, reza el comunicado de la Corte.
Los factores que impulsaron a la Sala a tomar esta determinación fueron que aparentemente Venezuela “no está investigando las alegaciones de hecho que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad”, y que el enfoque de las investigaciones a nivel nacional “parecen estar generalmente en los perpetradores directos y/o de bajo nivel”.
La Sala también observó que estas pesquisas aparentemente no abordan suficientemente los delitos que la Fiscalía pretende investigar, en particular en el presunto delito de persecución y la insuficiente investigación de los crímenes de naturaleza sexual.
La decisión no es inalterable
Esta decisión no impide que Venezuela aporte material adicional para que la Fiscalía o la Sala determinen la futura inadmisibilidad de la investigación en base al principio de complementariedad, que comporta la competencia y autoridad primaria de los Estados para investigar delitos internacionales.
Además, indica que cuando la Fiscalía presente un caso concreto, podrá llevarse a cabo una nueva evaluación de la admisibilidad de la pesquisa.
“La Sala destacó que la evaluación del estado de los procedimientos internos es un proceso continuo y requiere un diálogo permanente entre el Estado pertinente y la Corte, para garantizar que se respete el principio de complementariedad con respecto a las investigaciones y enjuiciamientos autorizados por la Corte”, matiza el comunicado.
Los integrantes de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional son los magistrados Péter Kovács (presidente), Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera.
Antecedentes del caso
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma el 7 de junio de 2000.
El 27 de septiembre de 2018, la Fiscalía recibió una solicitud de intervención de un grupo de Estados Parte del Estatuto de Roma - Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay Perú, en relación con la situación en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014 coincidiendo con una serie de protestas antigubernamentales.
El 3 de noviembre de 2021, la Fiscalía anunció la conclusión del examen preliminar y la decisión de continuar con las investigaciones.
El anuncio vino acompañado de un Memorándum de Entendimiento entre Venezuela y la Fiscalía por el que se buscaban medios y mecanismos para apoyar y promover un verdadero proceso nacional, a la vez que se comprometieron a establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes.
El 21 de abril de 2022, la Fiscalía notificó a la Sala de Cuestiones Preliminares la recepción de una solicitud de Venezuela para aplazar sus investigaciones en favor de las actuaciones llevadas a cabo por las autoridades nacionales de Venezuela, de conformidad con el artículo 18(2) del Estatuto de Roma.
El 1 de noviembre de 2022, la Fiscalía presentó una solicitud ante la Sala de Cuestiones Preliminares solicitando que se le autorizara a reanudar la investigación en esta situación.
