Alto Comisionado insta a reformar la justicia penal en Ecuador
En las últimas semanas, las prisiones ecuatorianas fueron escenario de una ola de violencia alimentada por bandas que se disputan el control del tráfico de drogas dentro y fuera de esos recintos, en tanto, las comunidades indígenas se enfrentaron con empresas y autoridades, un alcalde fue asesinado y varios candidatos políticos y periodistas fueron agredidos.
Estos acontecimientos se sumaron provocando un aumento alarmante de violencia en Ecuador y la respuesta del Gobierno fue decretar el estado de excepción en todas las cárceles del País y toques de queda en las provincias de Durán, Manabí y Los Ríos.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó gran preocupación por la violencia y destacó el deterioro continuo del sistema penitenciario ecuatoriano.
Muertos, heridos y toma de rehenes
Volker Türk refirió que los datos de la Fiscalía General del Estado indican que 31 prisioneros murieron y 12 resultaron heridos desde el 22 de julio en enfrentamientos entre bandas rivales en la prisión Guayas 1 de Guayaquil. En esos disturbios 137 funcionarios penitenciarios fueron tomados rehenes.
El 24 de julio, el Gobierno impuso un estado de excepción de 60 días en todo el sistema penitenciario, en virtud del cual las fuerzas armadas ejercen funciones de seguridad dentro de las cárceles. Dos días más tarde, los rehenes fueron liberados.
Mientras esto sucedía, el 23 de julio fue asesinado el alcalde de la ciudad costera de Manta, y en las últimas semanas otras personalidades públicas, candidatos políticos y periodistas fueron sido agredidos o amenazados de muerte.
Además, algunos edificios gubernamentales, gasolineras, medios de transporte público y vehículos privados, fueron atacados en las ciudades de Esmeraldas y Guayaquil, presuntamente por miembros de bandas.
Atropello a los derechos de los pueblos indígenas
En otro frente, la promulgación el 31 de mayor de un decreto ejecutivo que permite a las empresas iniciar operaciones mineras sin consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas detonó choques violentos entre comunidades indígenas y campesinas, por un lado, y empresas mineras y autoridades, por otro.
Volker Türk sostuvo que el decreto representa un retroceso preocupante en la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
La información recibida por la Oficinas del Alto Comisionado señala que la policía y el ejército habrían hecho uso de la fuerza contra esos colectivos. Los incidentes más recientes ocurrieron el 24 de julio en Sigchos, provincia de Cotopaxi, donde al menos cinco personas habrían resultado heridas, y el 14 de julio en Las Naves, provincia de Bolívar, donde al menos trece personas habrían sido heridas y dos detenidas.
Türk recordó que, según las normas internacionales de derechos humanos, los pueblos indígenas deben ser consultados sobre el uso de sus tierras.
“Las personas directamente afectadas por proyectos o actividades mineras deben ser escuchadas, no reprimidas”, dijo, y añadió que las medidas basadas en los derechos humanos que aborden las causas profundas de la violencia permitirán la seguridad pública y la cohesión social.
Las medidas de emergencia deben ser excepcionales y limitadas
El responsable de velar por los derechos humanos reconoció los retos a los que se enfrentan las autoridades ecuatorianas y la sociedad en general para hacer frente a la violencia, y señaló que la Fiscalía ha abierto varias investigaciones.
No obstante, subrayó que los estados de excepción deben respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
Enfatizó que las autoridades tienen que proteger la vida de las personas, incluidas las de aquellas que están bajo custodia del Estado. “Las medidas de emergencia -incluido el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública- pueden aplicarse, pero deben estar limitadas en el tiempo y ser excepcionales”, afirmó.
El Alto Comisionado llamó a Ecuador a realizar una reforma integral del sistema de justicia penal, incluidas las prisiones, y alentó al Gobierno a aplicar la política de rehabilitación social de personas presas, emitida en 2022 y desarrollada con el apoyo técnico de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
