Zamarripa frena denuncias de periodistas, pero acelera investigación contra editor de PopLab
Por Verónica Espinosa
Un correo anónimo fue suficiente para que las fiscalías de Nuevo León y Guanajuato dieran entrada a una denuncia penal, integraran con prontitud una carpeta de investigación y, en colaboración formal, citaran en calidad de imputado al periodista Arnoldo Cuéllar Ornelas a declarar como presunto responsable del delito de amenazas.
Esta estrategia de acoso judicial fue denunciada por el periodista, director del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (poplab.mx), medio de comunicación en Guanajuato que el año pasado recibió el Premio Nacional de Periodismo por la investigación “Carlos Zamarripa, el caudillo de la justicia mexicana”, que puso una mirada de fondo en el desempeño del titular de la procuración de justicia en esta entidad durante los últimos 14 años, en los que la creciente actividad e incursión de grupos criminales la ha llegado a colocar en los primeros lugares de asesinatos y otros diversos delitos.
Tanto Cuéllar como el medio han realizado una cobertura periodística sobre estas circunstancias y el desempeño de las autoridades frente a las mismas.
La carpeta de investigación contra el periodista está sustentada en una denuncia iniciada nada menos que por el Director de Inteligencia de la propia Fiscalía neoleonesa, Paul Cortez Suárez.
Al funcionario, ex director del C4 en la Secretaría de Seguridad de Monterrey y propietario de una empresa que ha vendido a gobiernos software para sus áreas de seguridad pública, “alguien” desde un correo electrónico apócrifo le contó que el periodista -quien reside y realiza su actividad periodística en León- había contratado a un experto para espiarlo y seguirlo a todas partes, además de que había presentado una denuncia en su contra en la Fiscalía de Guanajuato.
De inmediato, el director de Inteligencia de la Fiscalía de Nuevo León recibió la atención de sus compañeros para interponer una denuncia, declarar por videoconferencia y, el mismo día en que se abrió la carpeta de investigación ya por un presunto delito de amenazas, ordenar medidas cautelares de protección “ante el riesgo detectado para su integridad” y que se le atendiera para un peritaje psicológico.
La instancia neoleonesa remitió la carpeta 10564/2022-UTM-MTY (iniciada el 12 de septiembre de 2022) junto con diversos oficios, en los que se apeló a los convenios de coordinación que tienen las fiscalías de todo el país y la FGR, para solicitar la colaboración de la Fiscalía de Guanajuato, que en unos cuantos días estaba citando al periodista como imputado para que rindiera una declaración en las instalaciones de esta instancia en la ciudad de Guanajuato, el pasado 31 de marzo.
El periodista, acompañado por el abogado Roberto Saucedo Pimentel, acudió para conocer la acusación en su contra, se reservó su derecho a declarar y acordó hacerlo por escrito en una nueva cita para el 12 de abril.
Pero ese día, en un giro inexplicable, la FGE de Guanajuato sacó las manos del caso: el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Asuntos Internos y Tortura -área donde se recibió el caso remitido por Nuevo León-, Carlos Alberto Oliva Carrillo, se negó a recibir el escrito con la declaración de Arnoldo Cuéllar y argumentó que la instancia local “no es actuante” ni competente, por lo que devolverían la carpeta a la Fiscalía de aquella entidad.
Antecedentes: una fiscalía que archiva denuncias de periodistas
Lo cierto es que la o el presunto “informante” de Paul Cortez decía una sola verdad: hace casi dos años, el periodista presentó una denuncia penal para que la Fiscalía de Guanajuato, a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre, investigara una intervención que sufrió en su teléfono celular, después de que la línea fue clonada por una persona que, según informó la empresa Telcel a Cuéllar, presentó una copia de la identificación de éste en un centro de la compañía en Monterrey, simuló que había sufrido un robo, y pidió que le dieran el número telefónico que en realidad pertenecía al periodista.
Cuéllar Ornelas también acudió ante la Fiscalía General de la República para que, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) se investigara la suplantación de su identidad.
Por diversas diligencias, la FEADLE confirmó que se utilizó indebidamente una copia de la identificación del periodista para usurpar su identidad y obtener su línea telefónica, y que esto ocurrió en Monterrey.
Ninguna instancia ha logrado dar con el o los responsables por estas actividades ilícitas de intromisión en las comunicaciones del periodista.
En su denuncia, Arnoldo Cuéllar nunca acusó al director de Inteligencia de la Fiscalía de Nuevo León; solamente anexó copia de la denuncia de otra persona que también fue víctima de la clonación telefónica en circunstancias similares, en la que aparecía de manera indirecta el nombre del funcionario Paul Cortez Suárez.
La FEADLE inicialmente remitió la iniciada en ese ámbito a la propia fiscalía guanajuatense, y después ejerció su facultad de atracción para retomarla, cuando el periodista acudió a exponer su caso a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
La investigación por la denuncia del periodista no avanzó en la Fiscalía de Guanajuato, como no han avanzado decenas de carpetas iniciadas por diversas denuncias presentadas por otras y otros periodistas en la entidad por robos, acoso digital, amenazas y lesiones por agresiones físicas o intentos de homicidio presumiblemente por el ejercicio de su actividad, entre otros. La mayoría de las carpetas se encuentran archivadas, suspendidas temporalmente o se determinó el no ejercicio de la acción penal por falta de elementos.
La única carpeta de investigación que por lo menos en los últimos 3 años llegó a una sentencia condenatoria ha sido por el asesinato del reportero Israel Vázquez Rangel, aunque esta carpeta fue iniciada por la Fiscalía estatal y posteriormente se atrajo por la FEADLE, que lleva los procesos de juicio de los dos autores materiales detenidos.
Uno de los casos recientes más graves ocurrió en Celaya, donde elementos de la Policía Municipal agredieron físicamente a dos periodistas del portal Ágora que efectuaban la cobertura de un hecho delictivo, y que fueron sometidos, se les exigió dejar de grabar video y se les intimidó. Hasta la fecha no hay sanción contra los agentes involucrados.
De espiado a espía
A fines de mayo de 2020, Arnoldo Cuéllar sufrió primero un intento de intromisión en una de sus redes sociales y enseguida la desconexión de su línea telefónica de celular. Al acudir a un centro de atención de Telcel, le informaron que su número había sido reportado como robado en Monterrey por una persona que presentó copia de la identificación INE de director de PopLab.
Casi un mes después, desde una cuenta electrónica se le advirtió que sus comunicaciones y chats privados estaban siendo intervenidos. El remitente señaló a la Fiscalía de Guanajuato, y específicamente al director de la Agencia de Investigación Criminal (ACI), José Antonio Torres, como el presunto responsable, y le adjuntó como pruebas de su dicho capturas de pantalla de mensajes de conversaciones privadas.
En julio de 2021, el periodista interpuso una denuncia ante la delegación de la Fiscalía General de la República para que se investigara la usurpación de identidad y la intervención en sus comunicaciones, y aportó los datos recibidos mediante el mensaje en el que se señalaba al personal de la Fiscalía de Guanajuato. Sin señalar culpables, pidió que se investigara y se procediera contra quien resultara responsable de la intervención de comunicaciones, que le afectó no solo en lo personal, sino la labor de todo el medio de comunicación que dirige.
Casi de inmediato y sin notificarle, en la delegación determinaron remitir “por incompetencia” su denuncia...a la propia Fiscalía general de Guanajuato, donde la indagatoria no avanzó.
Por el contrario, en una declaración a medios, el propio fiscal Carlos Zamarripa mostró estar al tanto del contenido de la misma, y a pregunta expresa sobre la investigación, dijo que “todas las denuncias las investigamos”, pero luego desestimó el señalamiento hacia funcionarios de la institución que encabeza y dijo no entender “de dónde surge la vinculación” con el robo de la línea telefónica móvil del periodista en Monterrey.
Ya en conocimiento de esta situación, organizaciones defensoras de la libertad de expresión se pronunciaron públicamente y emitieron una alerta por los actos de posible espionaje en contra del periodista, quien acudió a la conferencia mañanera y expuso la situación al presidente López Obrador en octubre de 2021.
Fue entonces cuando la FEADLE ejerció su facultad de atracción del caso e inició la carpeta de investigación FED/FEMDH/FEADLE-GTO/0000501/2021.
En principio, la FEADLE comprobó la suplantación de identidad de Arnoldo Cuéllar y que su número fue asignado a un aparato telefónico distinto que no era de su propiedad. Pero no se ha logrado avanzar en la identificación del o los responsables, ni el móvil de estos actos.
El contraste es brutal.
Paul Cortez Suárez, director de Inteligencia de la Fiscalía de Nuevo León, contó con una pronta respuesta tanto de la instancia de aquella entidad como al solicitarse la colaboración con la Fiscalía de Guanajuato, mismas que en un juego de manos, cambiaron el estatus del periodista, que pasó de ser espiado a ser presunto espía.
Ésta recibió la carpeta de Nuevo León el 14 de marzo pasado, y para el 28 de marzo ya estaba personal ministerial en la casa del periodista, entregando un citatorio para que éste compareciera en calidad de imputado el 31 de marzo en la sede central de la FGE en la ciudad de Guanajuato.
“Se le cita para llevar a cabo una diligencia ministerial con el carácter de imputado”, dice el oficio mostrado por el periodista, firmado por José Héctor Flores Moreno, agente del MP de la Unidad Especializada en Investigaciones de Asuntos internos y tortura.
Los datos de su domicilio, identificación, los datos de su abogado y hasta los detalles de la denuncia que años atrás interpuso el periodista por la intervención de sus comunicaciones (y en la que de manera indirecta, sin acusación de parte de Cuéllar) aparece el nombre del director de Inteligencia de la Fiscalía de Nuevo León, fueron obtenidos “de la copia de archivo del expediente que obra en poder” de la fiscalía guanajuatense, como lo reconoció la propia instancia por escrito, según lo referido por el periodista y su abogado Saucedo Pimentel.
Paul Cortez, quien ha sido director de Inteligencia de la Fiscalía de Nuevo León por los últimos 10 años, estuvo en la mirada pública en la pasada campaña por la gubernatura de esa entidad por los señalamientos que el entonces candidato y actual gobernador Samuel García hizo en su contra, como presunto colaborador del exprocurador de justicia Adrián de la Garza (su contrincante electoral por la gubernatura) en actividades de espionaje a García desde la Unidad de Inteligencia de la Fiscalía.
A la par de su labor como funcionario en Inteligencia, Cortez es dueño y representante de la empresa Multiservicios integrales del norte, que, de acuerdo con investigaciones periodísticas publicadas por el periódico PorEsto! en Quintana Roo, en 2018 cobró más de 9 millones de pesos por un software para el área de seguridad del gobierno de esa entidad, entonces a cargo de Carlos Joaquín González, adquisición que fue cuestionada por la falta de licitación que por el elevado monto debió realizarse.
Para el periodista Arnoldo Cuéllar y su abogado Roberto Saucedo, la falta de sustento y de datos que configuren el delito de amenazas y la celeridad con la que actuaron ambas fiscalías constituye un acoso judicial y un intento de criminalización, relacionados con las publicaciones que en sus columnas y en reportajes se han hecho sobre la situación de violencia, impunidad y dominio criminal en Guanajuato frente a autoridades que no han sido eficientes en frenarlas ni devolver la paz al estado.
Por ello, a raíz de los hechos Cuéllar y Poplab recibieron el respaldo de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, mismas que están documentando todos estos hechos para pronunciarse públicamente en contra del acoso judicial y las violaciones a derechos como el de la debida diligencia y derechos como víctima que han sido conculcados al periodista.
Y el viernes 14 de marzo, Arnoldo y su defensor acudieron a la sede de la Procuraduría estatal de los derechos humanos para interponer una queja, misma que fue radicada bajo el número 0728/2023.
El periodista expresó ante la PRODHEG que el hecho de que la Fiscalía de Guanajuato haya destinados tres fiscales y dos policías ministeriales de una unidad especializada a investigarlo por una denuncia evidentemente infundada, en un estado rebasado por el aumento de las tasas delictivas y la desatención a víctimas y denunciantes, “evidencia una clara intención persecutoria e intimidatoria que no es ajena a la observación crítica que se realiza sobre el trabajo de la propia Fiscalía”.
