‘Voces silenciadas’: 166 defensores ambientales fueron asesinados en Latinoamérica en 2023
“La cifra es realmente escalofriante en Colombia con 79 asesinatos en el país, lo que supone el 40% de todos los casos que documentamos a nivel mundial”, dice Laura Furones, Asesora de campañas de Global Witness, durante la presentación del informe “Voces silenciadas: la eliminación violenta de los defensores de la tierra y del medio ambiente en todo el mundo”.
La publicación revela que al menos 196 defensores del medio ambiente y de la tierra perdieron la vida en todo el planeta en 2023. De esta lista, Latinoamérica aparece una vez más como la región más afectada por la violencia.
De los 196 asesinatos cometidos contra quienes defienden la tierra, los bosques, el agua y la vida, 166 ocurrieron en América Latina, es decir, el 85 % de los ataques se dieron en esta región.
La información presentada en el reporte ubica una vez más a Colombia en el primer lugar de este lamentable ranking con 79 asesinatos en el 2023. Cifra que además es la más alta en un solo país desde que Global Witness empezó este monitoreo en el 2012. En la lista le siguen Brasil con 25 crímenes, México y Honduras con 18 cada uno y Filipinas con 17, si nombramos a los cinco primeros.
En la relación de 18 países donde se registraron estos crímenes, 11 son latinoamericanos. Si se suma a Estados Unidos que también reporta un asesinato este año, serían 12 los casos reportados en este continente.
“El informe se titula voces silenciadas porque además de los datos sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, estamos también sacando a la luz el lado oculto de la represalias. Con esto lo que queremos hacer es reconocer que los asesinatos, por horribles que sean, solo ofrecen una imagen parcial de una realidad mucho más compleja. Las personas defensoras en todo el mundo enfrentan una serie de ataques muy diversos”, comenta Furones.
El reporte de Global Witness revela también la vulnerabilidad de las principales víctimas: casi la mitad de los casos, el 49 % de las personas asesinadas, pertenecía a poblaciones indígenas y afrodescendientes. Un dato adicional causa estupor: seis de los asesinados fueron niños.
El informe también da cuenta de lo que ha ocurrido en el planeta en los últimos 12 años, desde que Global Witness empezó el registro de estos crímenes. Según estos datos, 2106 personas defensoras fueron asesinadas entre 2012 y 2023, y por lo menos 1500 de esos casos ocurrieron tras la firma del Acuerdo de París en 2015.
“El asesinato sigue siendo una estrategia común para silenciar a los defensores y es, sin duda, la más brutal. Pero, como muestra este informe, los ataques letales a menudo ocurren junto con represalias más amplias contra los defensores, que están siendo objeto de violencia, intimidación, campañas de desprestigio y criminalización por parte de gobiernos, empresas y otros actores no estatales”, dice el informe.
El riesgo de defender la vida
“No es novedad que América Latina tiene por desgracia, sistemáticamente, el mayor número de asesinatos documentados de personas defensoras. No hay excepción a esta regla desde el año 2012 que empezamos a recopilar datos”, señala Laura Furones, asesora de Global Witness y autora principal del informe.
Lo dicho por Furones se refleja en las estadísticas de Global Witness de los últimos 12 años. Según estos datos, entre 2012 y 2023 se registraron 2106 asesinatos a nivel global y casi el 80% fueron en América Latina.
Los registros de los últimos 12 años de Global Witness indican que solo en Colombia han ocurrido 461 asesinatos y en Brasil 401, ambos países lideran esta lista global. En la relación también figura México con 203 casos, Honduras con 149, Guatemala con 86, Nicaragua con 70 y Perú con 58.
En el continente asiático, Filipinas es el país con mayor cantidad de asesinatos en esos 12 años, con un total de 298, pero también en 2023 con 17 crímenes. India es otro país de este continente con un alto número de crímenes, 86 entre 2012 y 2023, y 5 en el último año. En el 2023 también aparece Indonesia con 3 defensores asesinados.
Por otro lado, en África, República Democrática del Congo encabeza la lista con 74 crímenes en los 12 años de registro y 2 en 2023. En la lista del último año también están Ghana y Ruanda con un crimen en cada país.
Furones señala también que existe un subestimación en las cifras documentadas por Global Witness, no solo en América Latina, sino también en todo el planeta. En ese sentido comenta que lo que se reporta en Asia y África puede tener un subreporte mayor que Latinoamérica, pues en esos continentes hay más problemas de acceso a la información y a la justicia, así como más restricciones que enfrentan las organizaciones de Derechos Humanos para documentar los casos.
“Si se miran las cifras de África o de Asia, se podría pensar que son entornos más seguros para las personas defensoras, pero sabemos que no es así. Es cierto que América Latina es la primera región y que esas cifras son absolutamente aterradoras, pero también es cierto que por contraste en las otras regiones, sospechamos que la subestimación es todavía más fuerte”, aclara Furones.
El informe también indica que más de 1500 de los crímenes a defensores ocurrieron a partir del 2015, cuando se adopta el Acuerdo de París sobre el cambio climático. “Los defensores asesinados intentaban, de diferentes maneras, proteger el planeta y defender sus derechos humanos fundamentales. Cada asesinato deja al mundo más vulnerable a la crisis climática, de biodiversidad y de contaminación”, indica el reporte.
Otro dato que se destaca en el informe de Global Witness son las industrias que están relacionadas con los crímenes de defensores ambientales. En esa lista es la minería la que lidera este ranking con 25 de los asesinatos ocurridos en 2023. Le siguen la pesca y la tala de madera con cinco cada uno, luego los sectores de agroindustria e infraestructura con 4 y, finalmente, las hidroeléctricas con 2 asesinatos.
“Lo que hemos visto el año pasado y el anterior es que muchos casos están ligados al eje minero. La minería se presenta en distintos países como una industria muy dañina y peligrosa para las personas defensoras”, señala Furones. Dos ejemplos de ellos son los cuatros asesinatos en Panamá relacionados con las protestas en contra de un proyecto minero y las desapariciones forzadas de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz en México.
Según este informe, de los 25 asesinatos atribuidos a la industria minera el año pasado, 23 ocurrieron en América Latina. Por otro lado, el reporte también indica que “más del 40 % de todos los asesinatos relacionados con esta industria entre 2012 y 2023 tuvieron lugar en Asia, región que cuenta con importantes reservas naturales de los principales minerales críticos para las tecnologías energéticas limpias”.
De los 18 países en donde se registraron crímenes a defensores en 2023, 11 están en América Latina. Además de Colombia, Brasil, México y Honduras que aparecen entre los primeros cinco a nivel global, también están Nicaragua con 10 asesinatos; Guatemala, Panamá y Perú con 4 cada uno; Paraguay con 2 y Venezuela con 1.
“América Latina es un continente enorme, diverso en sus realidades sociales, políticas, históricas, pero en general, tiene la suerte de tener voces de la sociedad civil muy fuertes y movimientos sociales e indígenas muy fuertes y logran que estos temas se pongan en la mesa, se documenten y se investiguen”, se lee en el informe.
Colombia: 79 crímenes, una cifra nunca antes registrada
“Colombia resultó ser el país con la mayor tasa de homicidios de todo el mundo, con 79 muertes en total, frente a las 60 de 2022 y las 33 de 2021. Se trata de la cifra más alta registrada por Global Witness de personas defensoras asesinadas en un país en un solo año”. Indica el reporte de Global Witness. Del total de los crímenes cometidos en Colombia, 31 corresponden a personas indígenas y seis de ellos pertenecían a comunidades de afrodescendientes.
La mayoría de los ataques, según el registro de Global Witness, ocurrió en las regiones de Cauca (26), Nariño (9) y Putumayo (7). “Una combinación de cultivo de coca, tráfico de drogas y conflicto armado ha devastado estas regiones, dejando a defensores y comunidades a menudo atrapados en el fuego cruzado. Se sospecha que los grupos del crimen organizado son los perpetradores de la mitad de todos los asesinatos de defensores en Colombia en 2023”, advierte el reporte.
Para Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores Colombia, el Estado colombiano ha fallado en su deber constitucional de proteger a las personas defensoras. “Pese a que en nuestro país hay una robusta arquitectura normativa con más de 30 tipos de leyes, en realidad las entidades del Estado colombiano no coordinan sus acciones y por ello no hay resultados”. Torres también cuestiona la baja efectividad en las investigaciones y de la judicialización contra quienes cometen los asesinatos.
Un caso emblemático que refleja las fallas en la protección del Estado, señala Torres, es el crimen contra Phanor Guazaquillo Peña, gobernador del pueblo Nasa, asesinado el 3 de diciembre de 2023 en el territorio ancestral de Puerto Asís, en el Putumayo.
Para Torres, otra de las causas del alto nivel de asesinatos en Colombia es el incumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en el 2016, “que permitió una reconfiguración del conflicto armado en Colombia y, con ello, la expansión de los grupos armados ilegales que generan presión y asesinan a las personas que se oponen a sus intereses”.
Según la información de Global Witness, la combinación de cultivo de coca, tráfico de drogas y conflicto armado ha dejado a los defensores ambientales y a sus comunidades atrapados en el fuego cruzado. “Se sospecha que los grupos del crimen organizado son los perpetradores de la mitad de todos los asesinatos de defensores en Colombia en 2023”, se asegura en el informe.
Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, en Colombia, señala que la cantidad de asesinatos a defensores ambientales ocurridos en ese país en 2023 contrasta con el escenario de implementación del Acuerdo de Paz firmado en Colombia en 2016. “Sabemos que ha tenido innumerables retos, pero se necesita una implementación efectiva, principalmente con el avance de diferentes grupos armados sobre territorios biodiversos como la Amazonía colombiana, donde cada vez es más difícil para el Estado retomar el control sobre ciertos territorios”.
Otro tema que aborda Torres, de Ambiente y Sociedad, es el de la impunidad. La experta afirma que la mayoría de los casos quedan impunes o, en su defecto, los procesos judiciales demoran demasiado tiempo. “Hay un desgaste por parte de las familias en encontrar a los responsables. Recuerdo mucho el asesinato de Mario Jacanamijoy, con quien nosotros trabajamos, y a quien yo conocí. Fue asesinado en el año 2017 por la defensa de su territorio del pueblo Inga, en el departamento del Caquetá. Y la familia tuvo que insistir muchísimo, acudir a muchas instituciones del Estado y hasta ahora, 2024, no se tiene la certeza de quiénes fueron las personas que lo asesinaron”.
México: 70 % de los asesinatos fueron en territorios indígenas
El informe de Global Witness indica que más del 70% de los defensores asesinados en 2023 en México era de pueblos indígenas, y refiere que la mayoría de estos ataques ocurrieron en la franja de estados costeros del Pacífico de Jalisco, Colima y Michoacán. De los tres estados, Michoacán fue el más mortífero con ocho asesinatos documentados en 2023, señala el reporte.
“Me parece que esa franja ha sido históricamente, al menos en los últimos 10 años, la región más peligrosa para ejercer la defensa del medio ambiente. Y esto tiene que ver, desde nuestro análisis, con que hay una coincidencia de recursos naturales, comunidades indígenas, presencia del crimen organizado y un Estado con muchas deficiencias”, señala Felipe Romero, Gerente de Derechos Humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
A los estados mencionados por Global Witness, Romero agrega Guadalajara, Guerrero, así como Oaxaca y Chiapas, ubicados más al sur pero en el mismo sector del Pacífico, como lugares donde también se registran agresiones letales según los estudios que hace Cemda.
El informe de Global Witness también indica que más del 40% de los asesinatos en México en 2023 ocurrieron contra defensores que se oponen a las operaciones mineras. “Más allá de los asesinatos, México también ha experimentado un número significativo de desapariciones forzadas, una forma de violencia particularmente cruel, aunque no exclusiva de este país”.
Las cifras presentadas en este informe indican que en el estado de Michoacán 21 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron desaparecidos forzadamente o asesinados entre 2012 y 2023. Dos de ellos son Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, quienes trabajaban juntos para proteger a la comunidad de San Miguel de Aquila ante los abusos de la industria minera.
En enero de 2023, ambos fueron víctimas de desaparición forzada y hasta el momento no han sido encontrados. Mongabay Latam investigó el caso de Lagunes y Díaz como parte de la serie A estas personas las desaparecieron por defender el ambiente y el territorio en México, publicada en agosto de 2023, que confirmó en ese momento la desaparición de al menos 93 personas defensoras del ambiente y el territorio desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 1 de agosto de 2023.
Felipe Romero de Cemda explica que muchos de los casos de agresiones letales y desapariciones forzadas tienen que ver con la lucha que están enfrentando las comunidades por su autonomía y por la protección de su territorio y de sus recursos naturales. “Es muy claro para nosotros que hemos hecho algunos análisis, que en esa región lo que está sucediendo con proyectos extractivos de minerales”. El experto de Cemda menciona que en Michoacán se ha documentado la presencia de proyectos mineros de extracción de hierro y de empresas vinculadas con diferentes casos de agresiones en la región.
Romero también indica que la mayoría de las desapariciones forzadas se centran en esa región, en contextos de comunidades que están luchando por ejercer su derecho a la autonomía como una forma de controlar y de cuidar su territorio, y que coinciden con la presencia de una gran cantidad de recursos naturales y del crimen organizado. “Hemos documentado que las desapariciones se han presentado en la regiones de Michoacán y de Guerrero han sido en contra de personas defensores indígenas, muchos de ellos integrantes de las policías comunitarias”.
América Central: 36 asesinatos en cuatro países
De acuerdo con el reporte de Global Witness, Centroamérica se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para las personas defensoras, pues se trata de la región donde han ocurrido la mayor cantidad de homicidios per cápita en el mundo.
En 2023 se registraron 18 homicidios en Honduras, 10 en Nicaragua, 4 en Guatemala y 4 en Panamá. Fueron en total 36 defensores asesinados en cuatro de los siete países que forman Centroamérica, “casi uno de cada cinco asesinatos documentados a nivel global, en una región con menos del 1% de la población mundial”, señala el informe.
Las cifras también indican que 17 de los asesinados en Centroamérica en 2023 eran defensores indígenas, dos eran afrodescendientes y ocho eran pequeños agricultores. En uno de los crímenes ocurridos en Honduras, un joven de 15 años fue asesinado junto a su padre defensor.
“No podemos separar la situación de violencia y de inseguridad de las defensoras y defensores en Honduras de un Estado fallido, donde no existe una aplicación de justicia verdadera”, dice Miriam Miranda, activista del pueblo garífuna y coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
Miranda señala que en Honduras la alta criminalidad y violencia se ha sumado al secuestro del sistema de aplicación de justicia, lo que hace que exista una absoluta indefensión para las defensores del ambiente y de la tierra, porque no tienen a quién acudir cuando son víctimas de amenazas y de agresiones.
“Los territorios están controlados por el crimen organizado y los narcotraficantes, y ellos luchan por esos territorios. Por eso, hay una semejanza muy grande con México, porque aquí, en los territorios donde estamos nosotros luchando, sabemos que hay lugares donde no podemos entrar porque vas a ser secuestrada o asesinada”, comenta Miranda. “Estamos en una lucha perpetua por seguir viviendo en nuestros territorios”, agrega.
La lideresa del pueblo garífuna también se refiere a la presencia del narcotráfico en las esferas del gobierno. “Tenemos un presidente [Juan Orlando Hernández] encarcelado por narcotráfico, pero las estructuras no se han desmontado, al contrario lo que hay es un reacomodo de esa estructura de poder. Y ahora el escándalo mayúsculo sobre el cuñado de la presidenta Xiomara Castro”, señala Miranda, en relación al video publicado por Insight Crime que muestra a varios narcotraficantes ofreciendo dinero a Carlos Zelaya, hermano del expresidente de Honduras Manuel Zelaya y esposo de Xiomara Castro, para una campaña política del partido Libre.
“Estamos en una situación bastante grave y creo que en los próximos meses y años se seguirá profundizando”, agrega Miranda y menciona que Centroamérica lleva décadas lidiando con el narcotráfico, que se ha convertido en un negocio que involucra a las autoridades, como en los casos de los jefes de estado mencionados anteriormente. “Es doloroso darse cuenta que las autoridades que deben tomar decisiones son parte del narcotráfico”.
El informe de Global Witness también menciona a Nicaragua, el segundo país en Centroamérica con mayor cantidad de crímenes. En este país, los 10 crímenes registrados en 2023 fueron a personas indígenas de los pueblos mayangna y miskitos, en el norte del país.
“En los últimos años, Nicaragua ha estado perdiendo bosques más rápidamente que cualquier otro lugar del mundo, y los mayangna y miskitos han sufrido repetidas masacres. Esta devastación es ‘facilitada y permitida’ por el gobierno de Nicaragua, según grupos de derechos humanos, y un grupo de expertos calificó el ‘asesinato sistemático’ de los pueblos indígenas como ‘una política tácita del Estado nicaragüense destinada a apropiarse de sus tierras’”, señala el informe de Global Witness.
En el caso de Guatemala, la publicación menciona que tras la guerra civil que se prolongó durante 36 años en este país, las instituciones guatemaltecas claves quedaron controladas por redes criminales con estrechos vínculos con el ejército. “Estos grupos continúan ejerciendo una enorme influencia en la actualidad. En los últimos cuatro años, más de 50 defensores de derechos humanos, fiscales, jueces, defensores de la impunidad y periodistas se han visto obligados a huir del país debido a procesos penales infundados iniciados en su contra”, indica el reporte.
En 2023, en Panamá —donde ese año fueron asesinados 4 defensores del medio ambiente— un nuevo contrato con una mina de cobre canadiense provocó protestas que durante más de un mes paralizaron al país. La causa de estas protestas fueron la contaminación, la deforestación y la escasez de agua. El proyecto fue clausurado por la Corte Suprema, pero dejó el saldo de los cuatro defensores que murieron durante la represión de las protestas.
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