Slim y Salinas Pliego hacen negocios con Gobierno, en 3 años, por $10 mil millones

En los tres primeros años del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, dos de los hombres más ricos de México, Carlos Slim Helú y Ricardo Salinas Pliego, han obtenido más de 10 mil millones de pesos en contratos que en su mayoría fueron a través de adjudicaciones directas, es decir, sin un concurso de por medio.

En contraste, Germán Larrea Mota Velasco, otro de los magnates del país, sólo ha obtenido un contrato por poco más de 19 millones de pesos, aunque también ganó una licitación para participar en la construcción de un tramo del Tren Maya.

Lo anterior de acuerdo con una revisión realizada por la Unidad de Datos de SinEmbargo de los contratos del Gobierno federal publicados en la plataforma Compranet (un sistema electrónico de información pública gubernamental en materia de contrataciones públicas) en los años 2019, 2020 y 2021.

El abismo entre los contratos y licitaciones ganados por Carlos Slim (Grupo Carso), Salinas Pliego (Grupo Salinas) y Germán Larrea (Grupo México) se muestra en los siguientes gráficos.

Los contratos otorgados por los gobiernos se dividen en licitación pública y procesos de excepción, dentro de éstos últimos se incluyen tanto la adjudicación directa como la invitación restringida o a cuando menos tres personas.

Para los especialistas, la licitación pública es el procedimiento que por regla general deben utilizar las instituciones públicas y que está establecido tanto en las Leyes de Adquisiciones como en la Ley de Obra Pública como la medida más adecuada para asegurar las condiciones al mejor precio.

“Una licitación pública se trata de abrir el proceso, de publicar una convocatoria donde se establezca cuáles son los requisitos y se adjudique al proveedor que tenga la mejor calidad al menor precio, en ese sentido prioriza la competencia y permite que haya proveedores que por querer ganar ajusten sus propuestas”, dijo en entrevista Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Por ello, cuando un Gobierno, ya sea federal o estatal, otorga un contrato por la vía de adjudicación directa corre el riesgo de que exista corrupción de por medio, ya que en su mayoría se asignan a proveedores que ya han sido previamente seleccionados, además de que este tipo de procedimientos manejan pocos documentos al no haber un concurso de por medio.

Los especialistas reconocen que históricamente las empresas grandes siempre han tenido preferencia en cuanto a contratos con los gobiernos porque son capaces de cumplir con los requisitos. Actualmente tres de los hombres más ricos de México (Slim, Salinas Pliego y Germán Larrea) mantienen una relación con el Gobierno federal a través de contratos que en su mayoría fueron otorgados de manera directa.

“Lo que vemos en procesos de compra, como infraestructura, es que se concentra en pocos proveedores, generalmente en los que ya han sido contratados por el Gobierno y se deja fuera a otras empresas, ya sea pequeñas o medianas, que no tienen el capital para participar en los procesos. Hay una concentración en ciertos proveedores y eso implica un riesgo hacia limitar la competencia, no necesariamente hacia la corrupción”, consideró Fernanda Avendaño del IMCO.

SLIM, EL CONSENTIDO

De los tres millonarios mexicanos, Carlos Slim (Ciudad de México, 1940) es el que lleva la ventaja con un total de 541 contratos con el Gobierno federal por un monto de 9 mil 390 millones 248 mil 615 pesos otorgados a sus empresas Seguros Inbursa, Teléfonos de México, Radiomóvil Dipsa (Telcel) y Uninet (filial de Telmex).

La mayoría de estos contratos han sido ganados a través de adjudicaciones directas (353), seguido de licitaciones (149), otras contrataciones (51), invitación a cuando menos tres personas (37) y contratos entre entes públicos (1), como se muestra en la siguiente tabla.

En 2019, primer año del Gobierno del Presidente López Obrador, el hombre más rico de México obtuvo 216 contratos por un monto de mil 997 millones 431 mil 108 pesos; en 2020 el número de contratos bajó a 134, pero el monto fue mayor: 2 mil 276 millones 480 mil 592 pesos. Pero su mejor año fue en 2021, donde Carlos Slim se adjudicó 241 contratos por un monto de 5 mil 116 millones 336 mil 914 pesos.

En cuanto a licitaciones para la construcción de las obras de infraestructura federales, las empresas de Slim también se han hecho presentes ganando contratos importantes.

En 2019 Grupo Carso informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) adjudicó al consorcio conformado por su subsidiaria Operadora Cicsa, S.A. de C.V. (CICSA) y la compañía Permaducto, S.A. de C.V. un contrato para la ingeniería, procura y construcción de dos unidades de infraestructura marina denominadas MALOOB-E y MALOOB-I.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ese año, Grupo Carso detalló que estas obras se instalarían en la sonda de Campeche, en el Golfo de México, por un monto de 2 mil 418 millones de pesos más 191.7 millones de dólares, de los cuales mil 442 millones de pesos más 69.8 millones de dólares corresponden a CICSA.

En 2020, CICSA, a través de un consorcio liderado junto con la española FCC, ambas controladas por Slim, ganó en abril de ese año el concurso para construir el segundo tramo del Tren Maya por un monto de 18 mil 554 millones de pesos.

El tramo 2 de la ruta del Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos del Presidente, recorre cerca de 235 kilómetros desde Escárcega hasta Calkiní, en el estado de Campeche.

Para 2021, Grupo Carso de Carlos Slim informó que Pemex le adjudicó un contrato llave en mano por 196 millones de dólares para la perforación y terminación de pozos en desarrollo en campos terrestres, el cual concluirá hasta diciembre de 2023.

De acuerdo con un comunicado enviado a la BMV el 22 de agosto del año pasado, Grupo Carso presentó una oferta a Pemex a través de su subsidiaria GSM-Bronco, S.A. de C.V. , y la Empresa Productiva del Estado que dirige Octavio Romero Oropeza le dio el fallo a favor.

Carlos Slim Helú, el magnate de las telecomunicaciones, ocupa el lugar 16 de los más ricos del mundo, según la revista Forbes, la cual valúa su fortuna en 62 mil 800 millones de dólares.

El economista y politólogo Mario Alberto Campa Molina, quien ha seguido de cerca la riqueza de los millonarios mexicanos, destaca en uno de sus análisis que la riqueza del dueño de Grupo Carso ha crecido 16 por ciento en lo que va de la pandemia de COVID-19, la cual provocó que los ingresos de los hogares mexicanos disminuyeran 5.8 por ciento tan sólo en 2020.

SALINAS PLIEGO: CONTRATOS CON SU ASEGURADORA Y TELEVISORA

Ricardo Salinas Pliego (Monterrey, 1955), fundador y presidente de Grupo Salinas —un conglomerado que abarca empresas como Banco Azteca, TV Azteca, Total Play y Elektra— es otro de los millonarios mexicanos que ha tenido una relación con el Gobierno federal en contratos.

De acuerdo con la plataforma Compranet, sus empresas Seguros Azteca, Estudios Azteca, TV Azteca y Totalsec (dedicada a la ciberseguridad) han obtenido un total de 130 contratos de 2019 a 2021 por un monto de 3 mil 400 millones 507 mil 079 pesos, como se muestra en la siguiente tabla.

La mayoría de esos contratos han sido otorgados por adjudicación directa (122), seguido de licitación (7) e invitación a cuando menos tres personas (1).

El año 2019 las empresas de Grupo Salinas se llevaron un total de 322 millones 461 mil 892.73 pesos por parte del Gobierno; para 2020 el monto subió a mil 152 millones 003 mil 775.56 pesos, y en 2021 la cifra fue de mil 926 millones 041 mil 411.14 pesos.

Salinas Pliego, quien forma parte del grupo de asesores económicos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, es uno de los hombres más ricos de México con una fortuna estimada en 12 mil 520 millones de dólares, según cálculos de la revista Forbes.

La semana pasada, el tercer hombre más rico del país estuvo de nueva cuenta en el ojo público debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que Grupo Elektra debe pagar 2 mil 636 millones de pesos de un crédito fiscal al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Al cuantioso pago que se le imputa al conglomerado se le suman intereses y actualizaciones que corresponden a que la empresa fusionó a algunas de sus filiales, dedicadas al almacenaje y a distribución, y pretendió que lo invertido en esa operación le fuera deducido del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

También protagonizó una polémica en redes sociales luego de que Twitter “bloqueó parcialmente” su cuenta por acoso. El tuit eliminado del empresario pedía un “concurso de memes” con términos despectivos contra la analista política Denise Dresser, el exfuncionario del Gobierno federal Simón Levy y el comentarista Nacho Rodríguez, afín al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

GERMÁN LARREA, CON MENOS PARTICIPACIÓN

Germán Larrea Mota Velasco (Ciudad de México, 1941), director ejecutivo de Grupo México, la empresa minera más grande de México y la quinta empresa productora de cobre más grande del mundo, es otro de los millonarios mexicanos que han afianzado su relación con el actual Gobierno federal a través de contratos y licitaciones.

No obstante, a diferencia de Carlos Slim y Ricardo Salinas, el dueño de Grupo México sólo ha obtenido un contrato, vía adjudicación directa, en lo que va de este sexenio por un monto de 19 millones 123 mil 380.36 pesos a través de su empresa Ferrosur.

En cuando a licitaciones, el consorcio conformado por México Compañía Constructora S.A. de C.V. y México Proyectos y Desarrollos S.A. de C.V. –ambas de Germán Larrea–, junto con Acciona Infraestructuras México S.A. de C.V. y Acciona Construcción S.A., construirá la parte del Tramo 5 Sur del Tren Maya que unirá Playa del Carmen a Tulum.

El monto del contrato fue por 17 mil 815 millones de pesos.

Germán Larrea, cuya fortuna está calculada en 27 mil 110 millones de dólares, de acuerdo con la revista Forbes, es uno de los empresarios más ricos de México. No obstante, su conglomerado, Grupo México, ha estado envuelto en acusaciones en el país y en el mundo por incumplir con sus compromisos para remediar los impactos ambientales, por tratar de explotar minas sin acuerdo de pobladores y por huelgas en sus proyectos de Zacatecas, Sonora y Coahuila.