Se convierte el 2022 en uno de los años más violentos para ambientalistas

La madrugada del 7 de enero de 2002, los indígenas wixárika Rosendo González Torres, de 56 años, y su nieto Estanislao, de 17, fueron sacados de su casa por hombres desconocidos. Un día después, sus cuerpos fueron localizados con huellas de tortura y disparos. Su asesinato anunció que durante ese año la violencia contra las personas y comunidades defensoras de ambiente y territorio no disminuiría en México, país que desde hace tiempo se ubica entre los más peligrosos para la defensa ambiental.

Rosendo González era un marakame (médico tradicional) que vivía en la comunidad de San Andrés Cohamiata, en Mezquitic, Jalisco. En esa región, el pueblo indígena wixárika realiza desde hace años una fuerte defensa del territorio ante los intentos de despojo de empresas ganaderas y las concesiones mineras.

Los nombres de Rosendo González y de su nieto Estanislao forman parte de la lista de 24 personas defensoras de ambiente y territorio que fueron asesinadas durante el 2022. En 16 de esos casos, la persona pertenecía a alguna comunidad indígena. Además, siete de esos homicidios son presuntas ejecuciones extrajudiciales, por la posible participación de agentes del Estado, de acuerdo con el Informe anual sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, publicado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), organización no gubernamental que desde 2014 documenta estas violencias.

El informe resalta que las agresiones en contra de las personas y comunidades defensoras de ambiente y territorio “se desbordaron” en 2022. Ese año se documentaron, al menos, 582 agresiones durante 197 eventos, lo que representa un aumento del 82 % si se compara con los números registrados en 2021.

Al comparar las cifras que se tienen desde 2014, el 2022 destaca por ser el año más violento en contra de las personas y comunidades defensoras de ambiente y territorio, destacó Gustavo Alanís, director del Cemda, al presentar el informe.

En los cuatro años de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, 82 personas defensoras ambientales han sido asesinadas.

Comunidades indígenas, las que más sufren agresiones

Lorenza Chantzin Paxacuasingo, de 64 años, y Marcos Campos Ahuejote, de 43 años, eran indígenas nahuas. Vivían al sur de México, en diferentes comunidades del municipio de Chilapa de Álvarez, en el estado de Guerrero. Los dos eran integrantes del Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y que realizaban acciones para denunciar el despojo de sus territorios por actividades mineras. Ellos fueron detenidos en una carretera y desaparecidos el 6 de mayo de 2022, cuando se dirigían a la cabecera municipal de Chilapa de Álvarez. Al día siguiente, se les encontró sin vida.

Los casos de Lorenza Chantzin y Marcos Campos visibilizan varias de las constantes que se encuentran cuando se habla de las violencias en contra de las personas defensoras de ambiente en México durante 2022: el 52 % de las agresiones fueron en contra de indígenas. Guerrero, con siete defensores asesinados, es el estado con el mayor número de asesinatos. Y la minería juega un papel importante en la generación de contextos violentos.

En el informe se resalta que se identificaron 39 eventos de agresiones (casi el 20% del total) relacionados con los conflictos ambientales desatados por actividades mineras. Esta cifra representa el porcentaje más alto de los últimos cinco años, de acuerdo con lo documentado por Cemda.

El informe recuerda que Guerrero tiene una historia de más de 50 años de represión, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, además de ser una entidad con altos índices de pobreza. A esas condiciones ahora se suma la violencia generada por múltiples agentes que están involucrados en la producción y tráfico de drogas, la tala ilegal, la extorsión o el interés por controlar las actividades mineras. En muchos casos, estas acciones se realizan “en complicidad o aquiescencia de autoridades gubernamentales”.

Ese es el contexto al que se enfrentan las personas y comunidades defensoras ambientales en México, resalta el informe. Un contexto que, sobre todo, afecta a personas y comunidades indígenas. “Ellos están en una constante resistencia y lucha para proteger sus territorios y el medio ambiente”, comenta Gabriela Carreón, gerenta de derechos humanos en Cemda y una de las autoras del informe.

Agresiones desde el gobierno

El análisis que realizó el Cemda muestra que en 2022, autoridades de los diferentes niveles de gobierno, incluyendo a policías, militares y fiscalías fueron los responsables del 45 % de los eventos de agresión en contra personas defensoras de ambiente y territorio.

En 21 % de los casos no se logró conocer al agente agresor, pero en el 13 % de las agresiones se identificó a la “delincuencia organizada” como quien realizó las agresiones.

Las violencias que más se registraron fueron la intimidación (148 casos), el hostigamiento (116), las amenazas (64) y las agresiones físicas (61). El informe de Cemda resalta que este tipo de ataques, por lo general, ocurren durante un mismo evento. Así sucedió, por ejemplo, en el caso de la comunidad Cuatro Venados, en Oaxaca, la cual defiende su territorio y bosques. En varios momentos de 2022, un grupo armado amenazó a personas del poblado, las intimidaron y atacaron con armas de fuego.

El informe documentó que en 23 de los 32 estados del país se registró, por lo menos, un evento de agresión. Las cinco entidades en donde se presentaron más violencias contra los defensores fueron Oaxaca, Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco y Chiapas.

Por tercer año consecutivo, Oaxaca aparece como el estado con el mayor número de eventos de agresión. Mientras que la Ciudad de México tuvo un aumento considerable en las agresiones. Si en 2021 sólo se registraron cinco eventos, para el 2022 se documentaron 27. Gabriela Carreón, gerenta de derechos humanos en Cemda, destaca que estas violencias están relacionadas, sobre todo, con ataques realizados durante actos de protesta social por la defensa del agua y el territorio en Xochimilco.

La criminalización de los defensores es otra de las violencias que continúa presente en México. En 2022 se registraron 23 casos. Además, se documentaron siete casos de desaparición cometida por particulares y dos desapariciones forzadas, al estar involucrados servidores públicos.

La estigmatización fue una de las violencias que más se incrementaron. Si en 2021 se registraron siete casos, para 2022 ese número se elevó a 20.

En 2022, el informe de Cemda registró una nueva categoría de agresión. En ese año se presentaron dos casos de espionaje en contra de personas defensoras de ambiente y territorio. Una de ellas en contra de una persona que participa en el movimiento ciudadano en contra del llamado Tren Maya, en la Península de Yucatán. La otra persona defensora que fue espiada es cercana al movimiento del CIPOG-EZ, en Guerrero, especificó Luz Coral Hernández, abogada de Cemda y quien también es una de las autoras del informe.

Organizaciones no gubernamentales e investigaciones periodísticas han demostrado que el ejército, y otras instancias del Estado mexicano, en otros sexenios y en el actual han utilizado el malware Pegasus para espiar a defensores de derechos humanos y periodistas.

Megaproyectos del gobierno que generan violencia

El informe documentó que 33 eventos de agresión se dieron en contra de quienes denunciaron tala ilegal o clandestina. En el 2022, por primera vez, se registraron ataques relacionados con el “establecimiento de actividades de monocultivos”. Chihuahua, Michoacán y Jalisco fueron los estados en donde se dieron esos eventos.

Además, se documentaron 26 eventos de agresión en contra de personas que se oponen a proyectos de vías de comunicación. Estas violencias se encuentran relacionadas, principalmente, con proyectos impulsados por el propio gobierno federal, entre ellos el llamado Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

En el caso del Tren Maya, en 2022 se registraron 11 eventos de agresión —sobre todo estigmatización y hostigamiento— en contra de personas y organizaciones que se oponen a la construcción de esta obra que se realiza en la Península de Yucatán y que, además de la vía del tren, incluye la construcción de hoteles, aeropuertos y los llamados “polos de desarrollo”.

Intimidaciones, hostigamiento, agresión física, daños a propiedad, criminalización y un homicidio (el de Jesús Manuel García Martínez) fueron las violencias contra personas y comunidades que han manifestado su oposición al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un megaproyecto impulsado por la administración de Andrés Manuel López Obrador que busca unir, a través de la modernización de una vía férrea los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, y de Coatzacoalcos, en Veracruz. Además, a lo largo de la ruta se planea crear diez parques industriales e instalar un gasoducto.

Mogoñé Viejo, en el municipio de San Juan Guichicovi, en Oaxaca, es una de las comunidades que se opone al Corredor y que han denunciado amenazas e intimidaciones. “Esas agresiones las han realizado miembros de la Secretaría de la Marina y operadores políticos del gobierno”, señaló Juana Inés Ramírez, de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).

Durante la presentación del informe, Juana Ramírez mencionó que “en el Istmo carecemos de agua y esto (el Corredor) va a agudizar la falta de agua en la región”. En el Istmo, dijo, se ha intensificado la presencia de elementos de la Secretaría de Marina y de integrantes del crimen organizado. Además, desde el gobierno, se ha propiciado la división de las comunidades.

Impunidad que alimenta la violencia

El indígena rarámuri José Trinidad Baldenegro López fue una de las personas defensoras asesinadas en Chihuahua en 2022. A él lo mataron el 7 de marzo de 2022 cuando salió a trabajar a sus sembradíos de maíz y frijol. Tenía 51 años. Era originario de Coloradas de la Virgen, comunidad de la Sierra Tarahumara que ha vivido un largo proceso de violencia.

Casi todas las familias indígenas de Coloradas de la Virgen, ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo, han sido desplazadas. Además, hay varias familias a las que les han matado a varios de sus integrantes. La familia Baldenegro es una de ellas. En 1986 asesinaron a Julio Baldenegro, quien entonces era el gobernante rarámuri de la comunidad. En 2017, mataron a su hijo Isidro Baldenegro, quien en 2005 recibió el Premio Goldman por su defensa del bosque. El hermano menor de la familia, José Trinidad, dejó la comunidad pensando que si se iba estaría seguro. No fue así.

En el informe de Cemda se explica el contexto que se vive en la entidad del norte de México: “La explotación de los ecosistemas forestales mediante la tala ilegal, el despojo de tierras para la extracción minera y la omisión del gobierno en sus distintos niveles han propiciado un conflicto socioambiental donde interactúan grupos de la delincuencia organizada y caciques frente a las comunidades locales, quienes buscan la protección del bosque y la preservación de su patrimonio biocultural”.

Otro lugar del país en donde la violencia contra los defensores ambientales no cesa desde hace años es Paso de la Reina, en Oaxaca. Ahí hay un movimiento de defensa del río Verde, para evitar que se instalen proyectos hidroeléctricos. En 2022, esta comunidad lloró, una vez más, la muerte de uno de sus defensores ambientales. El 26 de octubre de ese año, el indígena chatino Filogonio Martínez Merino fue encontrado muerto. Un año antes, cinco integrantes de la comunidad también fueron asesinados.

Filogonio Martínez es uno de los cuatro defensores, de los 24 que fueron asesinados en 2022, que estaban bajo el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas o tenían medidas cautelares ordenadas por las comisiones nacional o estatales de derechos humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa protección no evitó que los asesinaran.

Gabriela Carreón, gerenta de derechos humanos en Cemda, resalta que muchas personas defensoras que fueron víctimas de ataques letales en 2022, ya habían denunciado algún tipo de agresión. “Esto es un llamado de alerta, porque estamos viendo que muchos de los que aparecen como víctimas de ataques letales, antes sufrieron intimidación, hostigamiento y amenazas”.

La urgencia de implementar el Acuerdo de Escazú

Los autores del informe resaltan que, al hablar con los colectivos o abogados que acompañan los procesos judiciales, encontraron que las líneas de investigación no consideran la labor de defensa ambiental de la persona asesinada, en muy pocos casos existen detenidos y no hay sentencias.

Ante ese escenario de impunidad, Gustavo Alanís consideró urgente que el Estado mexicano deje de ser omiso y haga su trabajo. “Es necesaria una política pública integral de protección a los defensores ambientales”, remarcó el director de Cemda.

Entre las acciones que los autores del informe recomiendan al Estado mexicano está el tener un verdadero mecanismo de protección a las personas defensoras, “el cual cuente con recursos humanos y presupuesto suficiente”.

Además, urgen a que México implemente en forma adecuada el Acuerdo de Escazú, para que el país cumpla con su obligación de garantizar un entorno seguro para las personas y comunidades defensoras de ambiente y territorio.

Gabriela Carreón también menciona que es necesario modificar leyes que están generando conflictos socioambientales y que, incluso, son violatorias a los derechos humanos. Entre ellas están la Ley Minera y la Ley de Aguas. Además, advierte que si no se atiende el tema, las agresiones contra los defensores ambientales continuarán “y es probable que escalen”.

Así como el 2022 comenzó con el asesinato de dos defensores, el 2023 ya anunció que no será un año fácil para las personas defensoras de ambiente y territorio.

En enero de 2023, el abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz, defensores del ambiente y territorio en Michoacán, fueron reportados como desaparecidos. Hasta finales de abril, no se tenía información sobre su paradero. Además, a principios de abril fue asesinado Eustacio Alcalá, líder comunitario que se oponía a la actividad minera en la costa michoacana.