Más de una generación en Latinoamérica pagará los efectos de pandemia y la crisis

Las medidas de confinamiento implementadas para controlar la transmisión del virus, así como los efectos socioeconómicos que desataron los mismos, han impactado particularmente en las nuevas generaciones, que hoy enfrentan mayores riesgos de rezago y abandono escolar, malnutrición, deterioro de la salud física y mental, así como una mayor exposición a la violencia o el maltrato en el hogar y a situaciones de pobreza, desempleo y trabajo infantil.

De acuerdo con el estudio Panorama Social de América Latina en 2021, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a pesar de que el coronavirus afectó la salud de la población adulta en el mundo, las infancias y juventudes en todos los países son quienes cargan el mayor peso de los impactos sociales y económicos de la reconfiguración que provocó el coronavirus.

En primer lugar, la Comisión enlista a la educación como el impacto más evidente en la vida de las niñas, niños y adolescentes. La suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos en América Latina y el Caribe marcó el despliegue de diferentes modalidades de aprendizaje a distancia y adaptación a otros métodos de enseñanza.

La región es una de las que lleva más tiempo de interrupción de clases presenciales en el mundo, en promedio cerca de 56 semanas de interrupción total o parcial, lo que ha generado brechas en el desarrollo de habilidades cognitivas, la pérdida de oportunidades de aprendizaje y el riesgo de aumento del abandono escolar.

Además de lo que supuso para los estudiantes, los docentes tuvieron que redoblar esfuerzos en la enseñanza, pero éstos se comportaron de manera desigual entre hombres y mujeres, ya que estas últimas representan al 69.2 por ciento de las personas que se desempeñan en dicho sector, y pese a la mayor carga de trabajo con estas nuevas modalidades educativas no hubo aumentos salariales.

En el caso de los estudiantes, se vieron perjudicados por las desigualdades que ya caracterizaban el acceso, uso y aprovechamiento de Internet en la región, ya que aunque la mayoría de los países cuentan con los recursos y plataformas digitales para la conexión remota —que debieron reforzar durante la pandemia y complementar con modalidades de aprendizaje fuera de línea, como la transmisión de programas educativos en medios de comunicación tradicionales—, la distribución interna de las conexiones aún deja una parte importante de zonas sin comunicaciones de este tipo.

“Se estima que la pandemia de COVID-19 tendrá repercusiones en el aprendizaje y en las tasas de rezago y abandono escolar, ensanchando brechas que ya existían en las trayectorias educativas de la región”, señalan los datos de la Comisión.

Además, el cierre de escuelas también ha tenido consecuencias en términos de seguridad alimentaria, pues previo a la emergencia sanitaria de coronavirus, cerca de 85 millones de niñas y niños en América Latina recibían un desayuno, un refrigerio o un almuerzo en la escuela.

“Si se interrumpen los programas de alimentación escolar, junto con la caída de los ingresos de los hogares, aumenta el riesgo de malnutrición o desnutrición infantil, especialmente en sectores más vulnerables y de menores ingresos”, subraya el informe anual.

El estudio agregó que, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el aumento de la inseguridad alimentaria moderada o grave de 2019 a 2020 fue mayor en América Latina y el Caribe, con 9 por ciento, que en África y Asia, donde los registros se colocaron en 5.4 y 3.1 por ciento.

Datos de la Oxfam muestran que a nivel mundial alrededor de 369 millones de niños y niñas dejaron de recibir las comidas escolares, y en la mayoría de los casos, el almuerzo en la escuela era su principal comida del día, pues para las familias en mayor situación de pobreza, el valor de una comida escolar equivale a hasta el 10 por ciento de sus ingresos mensuales.

Por otro lado, 19 de 31 países dieron a conocer que en el primer año del coronavirus tuvieron una baja en la cobertura de los programas de nutrición en las escuelas, tanto de alimentación escolar como de raciones para llevar, y 15 de esos 19 países señalaron que registraban una disminución de gran efecto (de entre un 75 y un 100 por ciento) en relación con el mismo período del año anterior.

Los cierres de centros escolares se cruza con la crisis económica y social, la desocupación y la falta de acceso a la protección social que viven los países de Latinoamérica, por lo que se generan las condiciones para que las familias vulnerables y de menores ingresos envíen a sus hijas o hijos a trabajar, o que en el caso de las mujeres, niñas y adolescentes tengan un aumento de la carga de trabajo doméstico y de trabajo de cuidados no remunerado.

“El riesgo de trabajo infantil no se distribuye de manera homogénea entre la población y los territorios, y es especialmente relevante en zonas rurales, donde existe un menor dinamismo económico, hay déficits tradicionales de trabajo decente y se registran índices más elevados de aislamiento social”, subraya el documento. Asimismo, los jóvenes registran tasas de desocupación que duplican las de los adultos y una elevada proporción de ellos trabaja en el sector informal.

Por otra parte, la crisis de COVID-19 también ha exacerbado el riesgo de violencia contra niñas, niños y adolescentes, al tiempo que ha deteriorado los factores de protección, pues durante la pandemia, niñas, niños y adolescentes han pasado la mayor parte del tiempo en el hogar, lo cual puede aumentar el riesgo de violencia física o psicológica.

“El aumento de los factores de estrés y ansiedad puede afectar la capacidad de los adultos para responder adecuadamente a las necesidades de aquellos que se encuentran bajo su cuidado, con lo que aumenta el riesgo de violencia física o psicológica grave (como castigos físicos y humillantes), así como de situaciones de negligencia”, destaca el análisis.

La Cepal expuso que los datos obtenidos previo a la pandemia evidenciaron que la violencia contra niñas, niños y adolescentes, así como contra mujeres adultas, se perpetra con mayor frecuencia en los hogares y entornos cercanos; y en los casos de violencia sexual, la mayoría de los casos informados en el hogar son perpetrados por familiares y personas cercanas a las víctimas. “Por este motivo, en contextos de confinamiento y restricciones a la movilidad, niñas, niños y adolescentes corren el riesgo de compartir más tiempo con sus potenciales agresores”.

También preocupa el hecho de que las infancias pasen mayor tiempo en entornos digitales, en los que pueden encontrarse más expuestos a contenidos que los dañen, así como a conexiones con personas desconocidas que pueden vulnerar su integridad.

FRENO EN LA SALUD DE LAS INFANCIAS

La pandemia también ha estado asociada a la suspensión –parcial o total– de los servicios de salud preventiva, como los controles de crecimiento y desarrollo, y los esquemas de vacunación fundamentales para el desarrollo infantil. Sin embargo, el problema también radica en la afección que el encierro y nueva modalidad de vida provoca en la salud mental de niñas, niños y adolescentes, debido a que las restricciones de movilidad, la inseguridad económica, el aislamiento y el hacinamiento están asociados a mayores niveles de estrés y de ansiedad en el hogar.

Además, con la pandemia se ha dado una reorientación de servicios de salud desde el primer nivel de atención hacia los niveles de mayor complejidad, lo que ha tenido efectos en la posibilidad de que niños y niñas accedan a programas de vacunación de rutina, a controles de salud y monitoreo alimentario-nutricional, a diagnósticos, tratamientos y rehabilitación, a acciones preventivas y a la detección temprana de situaciones de riesgo, al tiempo que aumenta la incidencia y gravedad de patologías prevenibles o tratables.

“Si bien no existe un alto riesgo de contagio del virus entre niñas y niños, se han dado casos de niñas y niños de entre 3 y 12 años con COVID-19. En América Latina y el Caribe estos casos llegaron a aproximadamente un millón y se informaron 2 mil 276 casos de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (SIM-P) en niñas, niños y adolescentes, 98 de los cuales terminaron en muerte”.

Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) mostraron que, hasta agosto de 2020, 11 de los 32 países consultados de América Latina y el Caribe informaron caídas en la cobertura de las campañas de inmunización. En ese sentido, tanto Colombia como Ecuador registraron una reducción de entre el 75 por ciento y el 100 por ciento de la cobertura. Respecto de los servicios de apoyo a la salud mental, psicosocial y de adicciones, 15 países informaron descensos en las coberturas en comparación con el mismo periodo del año anterior, y los más importantes fueron los de Belice (entre un 75 por ciento y un 100 por ciento) y el Brasil (del 50 por ciento al 74 por ciento). También 11 países registraron caídas de hasta un 49 por ciento en la cobertura de los servicios de atención a recién nacidos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“La interrupción en los esquemas de inmunización de rutina de niños y niñas es sumamente preocupante, ya que ello puede traducirse en la reaparición de enfermedades controladas en términos epidemiológicos y, en algunos casos, erradicadas”.

La Cepal destacó que al considerar dos casos de vacunas de rutina para niños y niñas, en 2020 2.3 millones de niños y niñas en la región no recibieron la vacuna DTP3 (contra difteria, tétanos y tos ferina) y 1.8 millones no recibieron la MCV1 (primera dosis contra el sarampión), lo que corresponde a una disminución del 6.6 y del 9.2 por ciento, respectivamente. Los países más afectados en esta materia son Bermudas, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Panamá, Paraguay y Perú, con más de un 15 por ciento de interrupción, lo que vuelve a mostrar las desigualdades existentes en la región en materia de salud.

La malnutrición –tanto en la desnutrición como en el sobrepeso–también ha sido un tema que acumula retrocesos mientras la pandemia avanza. Registros de la Unicef revelaron que con respecto a la detección precoz de la emaciación (pérdida involuntaria de más de 10 por ciento del peso corporal), de los 32 países que informaron sobre su situación en 2020, 4 registraron caídas en la cobertura, dos de ellos fueron Haití y Perú, donde las pérdidas fueron de entre un 50 y un 74 por ciento. En el caso del sobrepeso y la obesidad en niños y niñas, que ya era un factor preocupante antes de la pandemia de COVID-19, la OMS estimó un aumento considerable en la población de 5 a 19 años, del 4 por ciento en 1975 a más del 18 por ciento en 2016. Ahora, los datos de 2019 para América Latina y el Caribe mostraban que un 6.2 por ciento de los niños menores de 5 años presentaba sobrepeso y un 15.5 por ciento tenía retraso en el crecimiento.

Finalmente, el estudio anual sobre la región puso en foco la salud mental de la población infantil, que también se ha visto afectada por distintos aspectos de la pandemia, que van desde el efecto de las medidas sanitarias de cuarentena y confinamiento, la interrupción de las clases y el cierre de los centros educativos, hasta la vivencia de eventos traumáticos, como la pérdida de padres, madres o cuidadores.

“Las niñas y los niños constituyen un grupo etario que puede sufrir un estrés más agudo cuando se encuentra separado de uno o de ambos padres, incluidos los que se han infectado, aquellos bajo sospecha de contagio o los que viven en residencias colectivas”.

En este sentido, una situación particularmente compleja es la cantidad de niñas y niños que han perdido a sus cuidadores, primarios y secundarios, a causa de la crisis sanitaria. Esta cifra se estima en 600 mil para cinco países de América Latina en lo que va de la pandemia, y la cual puede seguir creciendo.

“En el Perú, 14.1 de cada mil niñas y niños menores de 18 años perdieron un cuidador principal o secundario a causa de la COVID-19, mientras que en México, 3.3 de cada mil niñas y niños quedaron huérfanos. Ello muestra la importancia de considerar el vínculo que existe entre la salud, el bienestar integral y las políticas de cuidado de esta población”, determinó la Cepal.