Mapa oficial de entierros ilegales genera dudas sobre el tamaño real de la tragedia
MÉXICO._ La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) publicó recientemente un Mapa de hallazgos de fosas clandestinas, en el cual indica cuántos entierros ilegales ha identificado en cada estado con base en información brindada por la Fiscalía General de la República (FGR) y las Fiscalías estatales. Aunque activistas y académicos celebran que se haya tomado esta iniciativa y lo consideran un punto de partida, la herramienta también tiene inconsistencias sobre cuántas fosas existen en realidad en el país.
El mapa es de particular importancia porque obedece a un reclamo y derecho de familias de personas desaparecidas en el País –que al momento suman más de 111 mil–, pues pretende aportar información sobre en qué municipios y regiones ya han habido intervenciones para buscar a personas no localizadas, consideró Martín Villalobos, integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda.
“En principio, este mapa sienta una base, un comienzo de algo que no existía y hoy existe, y desde luego será tarea de todos los que revisemos y veamos esta base el poder mejorarla, actualizar los registros y sugerir que haya información complementaria”, señaló, aunque también reconoció que hay inconsistencias en los datos del mapa.
Las cifras observadas en el mapa, que contiene información del 2006 al 30 de enero de 2023, difieren en siete estados con respecto a información obtenida por el portal A Dónde Van los Desaparecidos mediante solicitudes de información hechas a las procuradurías y fiscalías, nacional y locales, que son la misma fuente que tomó la CNB para la realización del mapa, de acuerdo con el sitio de la instancia gubernamental.
“Toda la información es aportada por las fiscalías, tanto la General de la República como las de los estados, y al final del día esta es la información con la que la Comisión Nacional de Búsqueda establece estas bases de datos. Sin embargo, ahí también vemos el impacto del proceso por el que están pasando las propias fiscalías de este cambio de procuradurías a fiscalías; y donde en estos cambios se toma como excusa para no aportar información”, apuntó Villalobos sobre posibles explicaciones a las inconsistencias.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas establece que el Registro Nacional de Fosas deberá de contar con información sobre entierros ilegales brindadas por la FGR, las fiscalías y las procuradurías locales. Es decir, el Mapa publicado por la CNB no entra en sus obligaciones legales, sino que tendría que ser resultado de un Registro Nacional de Fosas que debería de ser alimentado por datos de la FGR.
La misma CNB, en los términos de uso de su Mapa de hallazgos de fosas clandestinas, advierte: “Los datos de esta plataforma corresponden a un registro interno que se realiza desde la CNB (...) a partir de la información que comparten la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales. (...) La CNB carece de facultades para conocer de las investigaciones, denuncias y sus resultados, pues no es el órgano responsable del registro de los hallazgos localizados, por tanto, la plataforma no refleja las atribuciones de la CNB. Esta información complementa a aquella que integran los micrositios de fosas clandestinas y el módulo de fosas comunes, visibles respectivamente en las siguientes ligas electrónicas”.
El Mapa de hallazgos de fosas clandestinas brinda la información sobre los entierros ilegales filtrados por dos periodos de hallazgo: de 2006 a 2018, y luego del 1 de diciembre de 2018 al 30 de enero de 2023.
Para los estados de Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca y Veracruz el ejercicio periodístico realizado por las reporteras Alejandra Guillén, Mago Torres y Marcela Turati para el sitio ‘A dónde van los desaparecidos’ ya había registrado entre 2006 y 2016 más fosas clandestinas que las contenidas en el Mapa de la CNB para 2006 a 2018 en esas mismas entidades.
Es decir, a pesar de que el registro de la CNB suma dos años en temporalidad, el registro es menor al que se tiene por parte de las periodistas, con base en información brindada por las procuradurías y fiscalías general y locales.
En Durango, los datos obtenidos por ‘A dónde van los desaparecidos’ eran de 26 sitios con hallazgo de fosas del 2006 al 2016, mientras que la CNB tiene registradas 17 fosas clandestinas entre 2006 y 2018, una diferencia de nueve fosas.
En el Estado de México se contemplan cuatro sitios con siete fosas al 2016 de acuerdo con el mismo portal, mientras que la CNB únicamente muestra una fosa en el municipio de San Simón de Guerrero al 2018.
Lo mismo se repite en Michoacán, pues la entonces Procuraduría del estado dijo a ‘A dónde van los desaparecidos’ que entre 2006 y 2016 había identificado 76 fosas, mientras que la CNB tiene registro de 26 entre 2006 y 2018.
En territorio regiomontano, la Comisión muestra 90 fosas para los 12 años de registro, mientras que la Procuraduría local reportó a las periodistas que en 10 años había ubicado 114 sitios con fosas.
Para Nayarit, el Mapa de la Comisión informa el hallazgo de 18 fosas clandestinas entre 2006 y 2018, en tanto que la Fiscalía reportó a ADVLD la localización de 22 fosas entre 2006 y 2016.
Oaxaca guarda una diferencia de cuatro fosas, pues 13 fosas fueron localizadas entre 2006 y 2016 según dijo la Fiscalía a las reporteras Guillén, Torres y Turati; mientras que la CNB reportó nueve hallazgos entre 2006 y 2018.
El séptimo estado en presentar inconsistencias es Veracruz, cuyas autoridades dijeron al portal periodístico haber hallado 332 fosas entre 2006 y 2016, pero la Comisión Nacional de Búsqueda identificó 324 al 2018.
“El papel central en dar esta información queda en la responsabilidad plena que tienen las fiscalías, y se establece en la Ley General de Desaparecidos, que es la que obliga a que ellos tengan este Registro Nacional de Fosas. Todas estas bases de datos se construyen con información que las fiscalías están custodiando y que se deriva de averiguaciones en curso”, anotó Villalobos.
“Sí creemos que la Fiscalía General de la República, junto con las fiscalías de los estados, están realizando un buen ejercicio, porque también hay que reconocerlo, pero todo confluye con el mismo gran problema que tenemos aquí, que son los procesos con los que se obtienen la información, los criterios, justificantes para lo que se hace”.
Incluso, en una conferencia de prensa el 6 de enero de 2020, la Comisión Nacional de Búsqueda informó sobre fosas clandestinas y personas desaparecidas en el país.
En ese momento, se dio un registro de entierros ilegales para tres estados para la temporalidad entre 2006 y 2019, en comparación con cifras del Mapa presentado este año que toma una temporalidad de 2006 a 2018; es decir, un año menos que el presentado en la conferencia informativa.
En Aguascalientes indicó que habían cuatro fosas al 2019, contra las cinco que dicta en el mapa que habían sido halladas al 2018; en Baja California la diferencia fue mayor, pues aunque el mapa dice que para los años entre 2006 y 2018 se hallaron 79 fosas, en la conferencia de prensa se informó de sólo seis fosas para los años entre 2006 y 2019.
También en ese momento, la Comisión indicó que en Oaxaca no se tenía registro de una fosa clandestina hallada entre 2006 y 2019, aunque el mapa marca que entre 2006 y 2018 ya se habían localizado nueve fosas.
Ya en ese momento, la Comisionada Karla Quintana reconocía que la presentación se había hecho con datos incompletos, pues no todas las fiscalías habían entregado los informes finales y actualizados, como se nota en la misma presentación donde se señala a 12 estados en “rojo” con respecto al “avance en los informes de las Fiscalías”, entre ellos Baja California, Aguascalientes y Oaxaca.
FALTA METODOLOGÍA Y DATOS ABIERTOS
Para que se pueda identificar dónde pueden existir inconsistencias en la información del Mapa de hallazgos de fosas clandestinas y mejorar el mismo, es necesario que se transparente la metodología que se utilizó para su creación y también la que utilizan las instituciones para brindar los datos de los cuales se nutre el mapa, indicó Alvaro Martos, coordinador de investigación del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Sin lugar a dudas se puede reconocer este avance, pero deja una especie de sabor amargo, primero porque no cumple con la expectativa de lo que uno esperaría que publicara la Comisión Nacional de Búsqueda”, expuso el investigador especializado en dinámicas de desaparición de personas.
“Falta una metodología explícita y clara sobre cómo se hacen esos registros; uno no puede saber la metodología con la cual se hizo el mapa”.
Ante la falta de metodología, usuarios del mapa que lo tomen de base para investigaciones como periodistas, académicos, colectivos y familiares de personas desaparecidas se verán limitados en sus acciones, dijo Martos, al no conocer cómo se dio con la información, cómo se procesan los datos y cómo se transforma en las visualizaciones presentadas.
“Tampoco hay claridad en la metodología de las fuentes, entonces cuando hay inconsistencias uno no sabe cómo interpretarlas o cómo controlarlas que nos permita a su vez hacer correcciones”, indicó.
Por otro lado, el académico llamó la atención a que las fiscalías –tanto la General de la República como las estatales– tienen una gran deuda con la ciudadanía, los colectivos, familias de personas desaparecidas y las mismas personas desaparecidas, que lejos de verse como una deuda en proceso de saldarse, puede ser vista como un desacato a la Ley General en materia de desaparición forzada.
“Ahí un poco tiene que ver con las lógicas de las instituciones; si bien tanto la CNB como la Fiscalía General de la República, y en la mayoría de los casos la fiscalías estatales, comparten cierta tendencia hacia la opacidad, en el caso de la Fiscalía General de la República esto es parte de su sello institucional. Es una fiscalía que se caracteriza por la opacidad de sus actos y por este tipo de de actos o conductas donde abiertamente tergiversa y pone en cuestión el derecho al acceso a la información y el derecho a la verdad, también lesionando el derecho a la verdad, y esto lo puede ver uno no solamente en en la falta de voluntad y en los exagerados retrasos para construir el Programa Nacional de Exhumaciones, el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Fosas y los diferentes registros y herramientas que mandata la ley, sino también en otro tipo de prácticas”, señaló.
Finalmente, Martos puso sobre la mesa la falta de un lenguaje común para definir qué es una “fosa clandestina” y que así la información brindada por las fiscalías y procuradurías se pueda homologar.
La construcción de un lenguaje común, señaló, con conceptos definidos permitiría hacer mediciones y estadísticas más confiables y útiles.
INCONSISTENCIAS PERSISTEN TRAS EL 2018
Martín Villalobos, también integrante de la Fundación Mónica Alejandrina reconoció que la información contenida en el mapa de la CNB tiene incongruencias con incluso los propios registros que la Comisión guarda como parte del Registro de Fosas Clandestinas.
“Tiene que buscarse este match con los registros para poder tener esa claridad de que, efectivamente, se corresponde, porque vemos en la información que está ahí disponible en el mapa, y la información de los históricos [del Registro de Fosas Clandestinas de la CNB] donde están los oficios con los cuales las fiscalías están aportando de manera oficial la información, y vemos estos elementos, falta esta información, esta depuración y este aterrizaje, y desde luego hay información que pudiera no ser congruente”, detalló.
Para el segundo periodo de hallazgo que se puede consultar en el Mapa de hallazgos de fosas clandestinas de la CNB, se puede consultar de entre el 1 de diciembre de 2018 –fecha en la que asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador– y el 30 de enero de 2023. En este periodo, la Comisión indica que se han registrado dos mil 710 fosas clandestinas.
En los estados de Aguascalientes, Querétaro y Ciudad de México, dicho mapa marca cero hallazgos de fosas clandestinas. Sin embargo, la Fiscalía hidrocálida ya había reportado a la CNB que entre el 1 de mayo de 2019 y el 9 de octubre de 2022 había hallado 20 fosas clandestinas, como constata el documento disponible en el Registro de Fosas Clandestinas hecho por la misma Comisión.
Las inconsistencias persisten para otros tres estados: Baja California, Nuevo León y Puebla. En Baja California se indica en el Registro que para las mismas fechas del Mapa, se habían encontrado 74 fosas clandestinas, en comparación con las 68 que tiene el ejercicio cartográfico de la Comisión.
Nuevo León, en el Mapa, tiene 39 fosas registradas, pero el Registro de la propia CNB ya contabilizaba 95 sitios de hallazgos y 191 “número de fosas”, aunque algunos de los registros presentan la leyenda “N/A”. El registro para esta entidad cuenta a partir del 3 de enero de 2021 y hasta el 17 de enero de 2023.
Finalmente, en Puebla se marca que se han identificado 13 fosas clandestinas entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de enero de 2023, pero el Registro interno de la Comisión tenía ya anotados 35 hallazgos entre el 8 de junio de 2019 y el 10 de septiembre de 2022.
