Los derechos humanos deben estar en el centro del nuevo marco para la biodiversidad, según los expertos

Por Kimberley Brown

La vida silvestre del planeta está desapareciendo a una velocidad sin precedentes y los ecosistemas se están deteriorando rápidamente, de acuerdo a diversos estudios. Por eso la conferencia más grande sobre biodiversidad, la COP15, que tendrá lugar en unos meses, debería ser un momento clave para el planeta.

Sin embargo, una de las únicas formas de conseguir los objetivos de biodiversidad mundiales y salvar la naturaleza es incluir los derechos humanos en el centro de todas las políticas de conservación y reconocer los derechos culturales y territoriales de los pueblos indígenas y locales, según un nuevo informe.

Los pueblos indígenas y las comunidades locales conservan de forma activa al menos el 22 % de las regiones clave de biodiversidad en el mundo, un área de aproximadamente el tamaño de África, según un informe de la asociación de conservación internacional Consorcio TICCA.

Para analizar más profundamente qué significa eso, los investigadores del Consorcio TICCA observaron 17 de estas comunidades en todo el mundo que siguen siendo baluartes de las especies endémicas y amenazadas para entender cómo han conseguido prosperar. Los resultados, publicados en el estudio “Territorios de Vida: Informe 2021”, detallan cómo las prácticas culturales y sistemas únicos de gobernanza son las razones principales por las que la conservación funciona.

“Los gobiernos deberían reconocer a los pueblos indígenas y las comunidades locales en los papeles que desempeñan en la protección y conservación de la naturaleza, que es de importancia primaria”, dice Ameyali Ramos Castillo, coordinadora de políticas internacionales en el Consorcio TICCA. “Creo que es la base de todo”.

Algunos de los ejemplos del informe incluyen al pueblo masái de Tanzania, que vive alrededor de la zona de captación del lago Natron —el lugar de cría más crítico del mundo para los flamencos enanos — y ha protegido el territorio durante mucho tiempo por el sustento que les ofrece, desde zonas de pastoreo, fuentes de agua, salegares naturales y lugares espirituales clave. Por otro lado, se dice que los fokonolona de Tsiafajaovona en Madagascar son descendientes de los cinco hijos del antiguo rey Andriampenitra. Conservan su bosque diligentemente, ya que representa la dote de su princesa y el legado a las generaciones venideras. Hoy en día, el territorio alberga 11 especies en peligro crítico, 32 amenazadas y 25 vulnerables.

Prácticas antiguas

En Ecuador, la comunidad kichwa de Sarayaku lleva tiempo sosteniendo su territorio en la selva amazónica con su creencia del Kawsak Sacha, o Bosque Viviente, en la que la selva se considera un ser vivo con derechos formado por todas las otras fuerzas vitales. Entre ellas se encuentran la flora y la fauna, pero también los seres protectores que ellos creen que protegen los árboles, lagunas, marismas y otros elementos de la selva y viven junto a los humanos, dice Daniel Santi, líder kichwa de Sarayaku.

“Creo que el conocimiento de los pueblos indígenas trata, primero, de respeto y equilibrio de las relaciones mutuas”, dice Santi, que colaboró con el Consorcio TICCA para crear el informe final. “Si hay un desequilibrio en el ecosistema o con los seres protectores, ese desequilibrio no se puede rectificar”.

Santi, de 45 años, dice que la comunidad también se ha organizado políticamente desde finales de los 70, y ha participado en protestas y litigios contra el gobierno para detener la venta de su territorio a las empresas petroleras. Sarayaku consiguió un título de propiedad para sus 135 000 hectáreas de territorio de selva tropical en 1992, pero eso no ha detenido las constantes amenazas de las actividades extractivas, como ha pasado en otros territorios indígenas cercanos, dice Santi.

Castillo, del Consorcio TICCA, dice que las discrepancias entre las leyes escritas y su aplicación es un problema global y sistemático “que hace muy difícil que los pueblos indígenas puedan ejercitar sus derechos en sus tierras y territorios”.

Pacto global de biodiversidad

El informe del Consorcio TICCA es el último en un conjunto de investigaciones cada vez más grande que muestra que las comunidades indígenas son los protectores más efectivos de su entorno natural, que los líderes indígenas, como Santi, han mantenido. A principios de este año, la ONU publicó su propio informe que muestra que apoyar a los indígenas y otras comunidades de la selva es la forma más rentable de abordar el cambio climático y proteger la biodiversidad.

Los científicos llevan tiempo avisando de que la biodiversidad del mundo está reduciéndose rápidamente, sobre todo debido a la pérdida de hábitat causada por las actividades humanas como la expansión de la agricultura y la minería industrial.

Esta pérdida también podría ser perjudicial para los humanos, según advierten los científicos, ya que la mayoría de especies tienen papeles regulatorios importantes en los ecosistemas sanos, como la mitigación de las enfermedades.

En octubre, los líderes mundiales se reunirán para la próxima reunión del Convenio sobre la Diversidad Biológica, también llamada COP15, en Kunming, China, donde firmarán el Marco Global para la Biodiversidad Post-2020, un nuevo pacto de 10 años para proteger la biodiversidad del planeta. Se espera que 196 países que son parte del CDB participen en la reunión, aunque no está claro cómo la pandemia de Covid-19 afectará a la asistencia. La COP15 ya se ha aplazado dos veces, desde que se programara originalmente para octubre del 2020.

El marco post-2020 sustituirá el previo acuerdo de Aichi, firmado en Japón en 2010, que se considera un fracaso de forma general, ya que ninguna de las 20 metas de conservación se han alcanzado, según una evaluación de la ONU.

El Consorcio TICCA es una de las muchas ONG que participan en las negociaciones del CDB, junto con otros científicos y expertos en conservación que ahora debaten los detalles del marco post-2020 y cómo conseguir el objetivo estratégico del CDB de “vivir en armonía con la naturaleza” para 2050.

Castillo dice que ha sido un “golpe de suerte” que “Territorios de Vida: Informe 2021” se haya presentado ahora. “Esperamos que informe muchas de las discusiones”, dice, y enfatiza que los derechos humanos deben estar en el centro de todas las políticas de conservación, y que los derechos territoriales para los indígenas y pueblos locales deben ser reconocidos.

Castillo sostiene que hasta ahora los derechos humanos estaban claramente ausentes en la propuesta borrador del CDB de la ONU para el marco post-2020 publicado en agosto de 2020, pero las discusiones han cambiado en las últimas reuniones intersesionales, con aportaciones de varias organizaciones involucradas en las negociaciones. El año pasado, el Consorcio TICCA y otros grupos en favor de los derechos indígenas y la conservación crearon un artículo de discusión para contribuir al debate del marco post-2020, en el que rescribieron el borrador del CDB de la ONU para incorporar contenido sobre los derecho humanos en cada uno de los 20 objetivos.

Ahí se incluye la Meta 2, por ejemplo, que propone salvar el 30 % del planeta para 2030, algo alabado por los medios. En lugar de eso, los grupos sugieren que se altere para especificar que el 30 % elegido debería poner “especial énfasis en áreas de particular importancia para la diversidad biológica, mediante el reconocimiento y el apoyo adecuados a las tierras, las aguas y los territorios colectivos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales”. También consideran que la cifra debería ser más alta.

Ana Di Pangracio, abogada ambiental y miembro de la junta asesoras de Women4Biodiversity, parte de las negociaciones del CDB y que también contribuyó al artículo de discusión, dice que la falta de compromiso con los derechos humanos del pacto Aichi fue una de la razones principales por las que el mundo fracasó a la hora de alcanzar esas metas.

“No tenía en cuenta las contribuciones, papeles y aportaciones que los titulares de derechos pueden ofrecer, como los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes”, dice Di Pangracio, y añade que la conservación debe ser un proceso participativo e inclusivo.

Di Pangricio, que también es directora ejecutiva adjunta de la NGO FARN, de Argentina, enfatiza la necesidad de incluir los derechos de las mujeres y las niñas en el Marco para la Biodiversidad Global Post-2020.

Cada vez hay más pruebas de que no solo se enfrentan a amenazas distintas ante la pérdida de bosque, como el aumento de la violencia de género, a medida que la competencia por los escasos recursos se intensifica, pero también tienen visiones únicas para la conservación, ya que tienen prioridades y usos diferentes para el bosque en comparación con los hombres. “Hasta ahora, esto ha sido invisible” para los legisladores, dice Di Pangracio.

Tanto Castillo como Di Pangracio dicen que otra prioridad importante para el Marco para la Biodiversidad Global post-2020 es identificar y detener las causas industriales de la pérdida de biodiversidad, como las actividades extractivas y la expansión agrícola. También es esencial que los estados apliquen las políticas esta vez, dice Di Pangracio.

En Ecuador, Santi dice que Sarayaku continuará “presionando al estado desde diferentes ángulos”.

“Para que reconozca no solo el territorio Sarayaku, sino todos los territorios de los pueblos indígenas que están conservando, gestionando y todo, y proponiendo alternativas reales en la actualidad”, añade.

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