‘La vaquita marina es una de las víctimas del mal manejo del sector pesquero en México’

Por Thelma Gómez Durán

Científicos y miembros de organizaciones no gubernamentales lo alertaron desde hace, por lo menos, un año. México, decían, está a un paso de ser sancionado por no realizar las acciones necesarias para detener la extinción de la vaquita marina (Phocoena sinus), una pequeña marsopa que sólo habita en el Alto Golfo de California. Los llamados de los especialistas sólo se toparon con oídos sordos.

El 27 de marzo de 2023, la Secretaría de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) llamó a los Estados miembros a suspender todo el intercambio comercial con México de las especies incluidas en los Apéndices de esta convención. Con ello, el país entra a una lista nada grata en donde también están naciones como Afganistán, Liberia y Libia. La sanción afecta, sobre todo, a decenas de comunidades que han desarrollado programas de manejo sustentable alrededor de varias especies de flora y fauna y que exportan piel de cocodrilos, orquídeas, cactus o candelilla, planta endémica de México con la que se elabora cera natural y cuya venta representa una importante fuente de ingresos para familias del norte del país.

La Secretaría del CITES notificó que la sanción estará vigente hasta que México presente un plan de acción adecuado que garantice, con tiempos bien establecidos, que se hará todo para detener la extinción de la vaquita marina.

Desde hace poco más de una década, esta marsopa de tan sólo 1.5 metros es considerada como el mamífero más amenazado del planeta. Su población decayó debido a la pesca incidental. Las vaquitas marinas quedan atrapadas en las redes, conocidas como chinchorros, que se utilizan para la captura de camarón y en la pesca ilegal de totoaba (Totoaba macdonaldi). Este pez también está en Peligro Crítico, debido a que sus vejigas natatorias son vendidas en Asia, sobre todo en China.

En entrevista con Mongabay Latam, el biólogo Alejandro Olivera hace un recorrido por la historia de ilegalidad e impunidad que desencadenó la sanción. “Si México pierde esta especie, pasaría a la historia como el país que no quiso salvarla por falta de la aplicación de la ley, por dejar en el olvido al sector pesquero”, dice el representante en México del Centro para la Biodiversidad Biológica, organización no gubernamental dedicada a la protección de especies en peligro de extinción y que tienen un amplio trabajo en la zona del Alto Golfo de California.

—¿Qué llevó a que el Comité del CITES aplicara esta sanción a México?

—Desde la reunión del Comité Permanente que se realizó en la ciudad de París, en marzo de 2022, varios países —entre ellos Estados Unidos e Israel— alzaron la voz y solicitaron sanciones para México. Señalaron que el país seguía incumpliendo con varias resoluciones y que seguía la pesca ilegal en el Alto Golfo, pese a que se le había dado tiempo para atender este problema. Eso sentó las bases para que, a través de una resolución del Comité Permanente, durante la COP realizada en Panamá se decidiera dar a México la fecha límite del 28 de febrero de 2023 para presentar un plan de acción que demostrara que realmente se protegía a la vaquita marina.

México presentó un primer borrador que era deficiente, porque no establecía tiempos ni metas concretas. La segunda versión que entregó el gobierno mexicano tampoco cumplió con lo que se pedía. La Secretaría del CITES hizo hincapié en que era necesario establecer fechas concretas de las acciones, pero México no cumplió.

Hay que destacar que las organizaciones de la sociedad civil desconocemos qué dice ese Plan de Acción. Los solicitamos a través de la Ley de Acceso a la Información, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores lo clasificó como confidencial por un periodo de un año, así que desconocemos el contenido.

— En 2021, la administración de Andrés Manuel López Obrador creó el Grupo Intergubernamental sobre la Sustentabilidad en el Alto Golfo de California (GIS), ¿las organizaciones civiles han buscado al GIS para plantearle que pueden ayudar en integrar un plan de acción robusto?

—Nuestra organización nunca ha sido invitada a las reuniones del GIS, pero sí invitaban a otras organizaciones y a pescadores. Sin embargo, en las últimas reuniones no se invitó a las organizaciones ni a los pescadores. Nosotros hicimos llegar cartas al Grupo Intergubernamental, en donde señalamos las deficiencias de las regulaciones que sacaron en 2021. En ese entonces, se estableció que dependiendo del número de embarcaciones iba a ser la respuesta de vigilancia por parte de las autoridades, lo cual daba una flexibilidad a la zona de cero tolerancia para la pesca. No tuvimos respuesta a lo que señalamos.

—En 2017, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se creó la zona de cero tolerancia o área de refugio para proteger a la vaquita marina de la pesca ilegal. ¿Fue una acción positiva?

—Fue un paso muy positivo, porque permitió trabajar con los pescadores. Se empezó el programa de compensación (subsidios) para que los pescadores no salieran a pescar. Los subsidios se dieron a toda la cadena productiva, no sólo a los titulares de los permisos de pesca, sino también a quienes desarrollaban actividades secundarias y terciarias: a la persona que vendía el hielo para el pescado, a quienes reparaban las embarcaciones. Se trató de cubrir a todo el sector de la población dependiente directa o indirectamente de la pesca legal en la zona. Además, había más vigilancia. No estoy diciendo que en ese entonces estuviéramos bien. Estábamos mal, pero no sabíamos que podíamos estar peor.

—¿Ese programa de subsidios a los pescadores, no se pervirtió?

—Sí, algo así pasó. El programa de subsidios se basó en el número de concesiones de pesca que había en la región, pero ese sistema está corrompido. Hay personas que concentran muchos permisos, los ponen a nombres de familiares, por ejemplo. El gobierno estableció un monto de compensación que dependía del número de permisos. Así que la gente que concentraba muchos permisos recibía una gran cantidad de dinero. Por ejemplo, había una persona que recibía más de un millón de pesos (alrededor de 55 mil dólares, al tipo de cambio de marzo de 2023) al mes de compensación, porque tenía varios permisos.

Así que se le puso dinero a un sistema que ya estaba bastante corrompido y, por lo tanto, hubo muchas fallas: hubo acaparamiento de dinero, también había gente que estaba en el padrón sin tener nada que ver con la pesca. Tal vez no fue la mejor forma de dar esos subsidios. Nosotros creemos que se debió haber dado incentivos a los que quisieran cambiar a redes de pesca alternativas que no dañan a la vaquita y no pagar por no hacer nada. Sin embargo, el que existiera un incentivo para que los pescadores no entraran a pescar permitió que, durante varios años, el Alto Golfo se mantuviera con muy baja actividad de pesca.

—En julio de 2021, la administración de Andrés Manuel López Obrador anunció medidas como la regulación de las artes de pesca, tener patrullaje las 24 horas y utilizar sistemas de monitoreo para embarcaciones. ¿Estas acciones se concretaron?

—La administración de Andrés Manuel López Obrador acabó con los subsidios para los pescadores. Además, intentó sacar un plan de acción que sólo estaba lleno de buenas intenciones y no tenía vinculación. En los comienzos de esta administración hubo varios cambios en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; secretarios que no sabían del tema y con cada uno de ellos era empezar de cero.

Se instalaron algunos monitores satelitales en las embarcaciones, pero el gobierno mexicano dejó de pagar a la empresa que proporciona el uso de los satélites y de los equipos para el servicio de monitoreo; así que muchos pescadores retiraron esos equipos. El Instituto Nacional de Pesca —que ha tenido al mismo director, desde hace muchos años, Pablo Arenas—ha sido el encargado de buscar una red alternativa de monitoreo, implementarla y hacer pruebas con pescadores. Eso no se ha hecho. Desde hace muchísimos años se ha hablado de reconversión de artes de pesca, nada de esto se ha llevado a la acción, ha sido letra muerta.

También se abandonó totalmente al sector pesquero y eso provocó un descontento en las comunidades; todo mundo empezó a hacer lo que quería. Ha sido una gran bola de nieve que ha ido creciendo. Ahora reina la impunidad en el Alto Golfo. Lo peor de todo es que continúa la pesca ilegal que está afectando a la vaquita marina.

El castigo de CITES no llega de la nada. Esta administración tuvo varios años para trabajar en un plan adecuado. Se tuvieron bastantes advertencias de parte de CITES; finalmente estamos viendo las consecuencias.

—Desde 2018, una organización no gubernamental documentó que personas ligadas a cárteles de narcotráfico y a la mafia china manejaban el comercio internacional de vejigas natatorias de totoaba. ¿El crimen organizado sigue controlando la pesca ilegal de totoaba?

—Desde 2017 comienza a ser más evidente el involucramiento del crimen organizado en esta actividad. Los pescadores cuentan que antes cualquiera podía ir y sacar un buche (vejigas) y venderlo, pero ahora el crimen organizado tiene más control sobre quiénes son las personas que pueden hacerlo.

En años pasados bajó un poco esa actividad, sobre todo durante la pandemia, por el cierre de fronteras en China. Eso llevó a que se disminuyera la pesca ilegal, pero la principal amenaza para la vaquita marina siempre ha estado ahí. Esa amenaza son los chinchorros, las redes que se utilizan para la pesca del camarón. Esas redes se siguen permitiendo. Y fue por eso que, este año, Estados Unidos implementó un embargo al camarón del Alto Golfo.

Todo mundo se centra sólo en la pesca ilegal de totoaba, pero no se habla de que en la pesca de camarón se sigue permitiendo el uso de los chinchorros tradicionales que son grandísimos y que son un peligro para la vaquita. Por parte de México es muy hipócrita presentar un plan de acción ante el Comité de CITES y, al mismo tiempo, permitir que se sigan usando esas redes.

Por otra parte, en las últimas semanas hay un incremento de la pesca ilegal de totoaba en el Alto Golfo. Otra vez estamos mirando las escenas que se presentaron hace varios años: totoabas muertas, varadas en la playas de San Felipe, debido a que quitan el buche y tiran todo el pez.

—A principios de 2023, en una de las conferencias del presidente, el secretario de Marina dijo que se había desarticulado el cártel de la totoaba...

—En realidad, la detención del supuesto líder del cártel y de otros pescadores sucedió hace dos años. Esa información que la Secretaría de Marina presentó a principios de 2023 fue sacada totalmente de contexto, la hicieron sonar como si hubiera sido reciente, pero no, esas detenciones fueron hace dos años.

Además, cuando detuvieron a esas siete personas, inmediatamente dos salieron libres, después salió uno más y hace unas semanas salió libre, sin ningún cargo, al que señalaron como el líder. Esa persona tardó más de dos años en tener un juicio y cuando se realizó, la Fiscalía General de la República no presentó pruebas suficientes para demostrar que estaba involucrado en el comercio de partes de totoaba.

La pesca ilegal de la totoaba continúa. Los grupos ligados al narcotráfico siguen controlando su pesca ilegal en el Alto Golfo.

—En un comunicado que difundió la Semarnat, previo a que se conociera en forma oficial las sanciones de CITES, el gobierno mexicano resalta que existe una corresponsabilidad internacional de países de tránsito y destino de la totoaba.

—Por supuesto que hay una responsabilidad compartida, sobre todo, por parte de China que es el país de destino. México se ha quejado de que no han podido llegar a un memorándum de entendimiento entre los tres países. Claro que hay una responsabilidad por parte de más países, pero eso no exime a México de la falta de acción para evitar el uso de chinchorros.

—El gobierno mexicano también señala que es necesario que se cumpla con el ofrecimiento del CITES para financiar estudios en el Alto Golfo de California. ¿A qué estudios se refieren?

—México espera que se financie una investigación para analizar la población de totoaba. Ya hay un estudio del Instituto Nacional de la Pesca, pero sus publicaciones no son arbitradas, no son revisadas por pares. Sin embargo, el gobierno mexicano utilizó ese estudio para afirmar que la población de totoaba se está recuperando.

El gobierno suizo había ofrecido dinero para hacer este tipo de estudios. México está pidiendo financiamiento para hacer esta investigación, lo cual ha sido parte del cumplimiento de promesas de CITES.

—¿Por qué México desea hacer ese estudio?

—México también tiene en su agenda el impulsar la exportación de totoaba. En la reunión del CITES en Francia, escuchamos al gobierno mexicano defender a una empresa que solicitó exportar totoaba. Finalmente, a esa empresa se le permitió la exportación. El único beneficiado de esta acción es la compañía. Incluso, es una empresa que ni siquiera está en el Alto Golfo, está en La Paz, Baja California, y se dedica a cultivar totoaba. Con el permiso que le dieron a esta empresa ningún pescador del Alto Golfo se va a beneficiar. Y lo que no entendemos es por qué el gobierno mexicano defendió a capa y a espada el que se entregara ese permiso a la empresa.

—México ha recibido donativos para evitar que desapareciera esta especie, ¿qué sucedió con todo ese dinero?

—Parte del dinero que se consiguió de muchas fundaciones se utilizó para un programa que intentó reproducir vaquitas en cautiverio. Fue un proyecto que, lamentablemente, falló; murió una vaquita marina hembra.

—¿Qué muestra la historia de extinción de la vaquita marina en el Alto Golfo?

—Esta historia muestra el olvido en el que se ha dejado al sector pesquero; la impunidad con la que, desde hace años, se hace la pesca ilegal en México; la dificultad de monitorear una porción del mar que se ha convertido en tierra de nadie, y eso lo vemos en muchas partes del país. La falta de transparencia de muchas dependencias, entre ellas la Conapesca (Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura), que sí monitorea a grandes embarcaciones de pesca, pero sus datos son muy difíciles de obtener.

La vaquita marina es la víctima de una historia de mal manejo del sector pesquero en México.

—¿Qué otras especies podrían ser llevadas a la extinción por esta misma causa?

—Hay un estudio realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), que no está actualizado, pero que ya hablaba de que alrededor del 60% de toda la pesca en México se hace en forma ilegal, ya sea porque se realiza en una zona prohibida, porque no tienen el permiso adecuado, porque están capturando otra especie. Eso se ha dejado así por el gobierno. No ha habido un control durante décadas. El sector de pesca ribereña está muy olvidado, sin fuerza. Todo esto ha puesto en riesgo el futuro de especies como el pepino de mar, el caracol rosado, varias especies de tiburones y muchas otras especies.

—¿Y qué está pasando con las comunidades que viven de la pesca artesanal en el Alto Golfo?

—Hay muchos pescadores a los que les cuesta mucho ser legales y cumplir con todos los permisos, pero se desesperan al ver que al (pescador) ilegal no le hacen nada. No hay ningún incentivo para regularizarse, para enfrentar las burocracias, obtener los permisos y pagar todo lo que solicita el gobierno. Los ilegales no tienen ninguna consecuencia.

Además, esta administración le apostó a los programas sociales que excluyen a mucha gente en el sector pesquero. Sólo quedó el apoyo de Bienpesca, que son 7,500 pesos al año (alrededor de 400 dólares). Eso no es nada. Esa fue la única apuesta de esta administración al sector pesquero. La gente se sintió desatendida, olvidada.

—Para las organizaciones que trabajan en la zona, ¿cuál es el camino que debe tomar México para garantizar que no exista pesca ilegal en el Alto Golfo?

—El tema es la aplicación de la ley. Las reglas que se establecieron en septiembre de 2020 son muy buenas. En ese entonces se habló de la prohibición de redes y el monitoreo. Nada de esto se está cumpliendo. Lo que se debe hacer es aplicar la ley, hacer cumplir las regulaciones pesqueras. Además, se debe hacer una investigación real sobre todo el tráfico ilegal de totoaba y tener procesos judiciales adecuados. Eso implica investigar toda la cadena de ilegalidad. Hay que ir también por las personas que están hasta arriba de esta cadena de ilegalidad.

—¿Por qué no se ha logrado cumplir la ley?, ¿por corrupción, por falta de recursos, por el debilitamiento de las instituciones ambientales?

—Si revisas los informes que México ha entregado a la CITES pareciera que ha habido una movilización impresionante de funcionarios en el Alto Golfo. Aseguran que hay varios barcos de la Secretaría de la Marina en la zona, que han usado drones, tecnología, radares. Todo eso informan. Pero cuando tu vas a la zona, miras las embarcaciones con los chinchorros desembarcando en el malecón de San Felipe a todas horas, sin que nadie las inspeccione.

—¿Es posible salvar aún a la vaquita marina?

—Hasta hace unos meses, en el monitoreo acústico se seguían escuchando, pero sabemos que son muy pocas. Y en cada temporada de camarón está el riesgo de que puedan morir.

Si la vaquita marina se extingue sería una vergüenza para México. Sería como si China perdiera al oso panda. Hay un interés mundial por preservar a la vaquita. Si México pierde esta especie, pasaría a la historia como el país que no quiso salvarla por falta de aplicación de la ley, por dejar en el olvido al sector pesquero.