Invisibles para la justicia, las personas mayores son más vulnerables al despojo

Arturo Contreras Camero

Pie de Página

En septiembre de 2017 María Apolinar Rico, de entonces 86 años, estaba sola, en un hospital, descuidada, desnutrida, con piojos y en estado de indigencia. Así la encontró Daniel Rico, su nieto, quien asegura que el olvido de las personas con las que vivió la dejó así, buscaban dejarla a morir para despojarla de su casa. Hoy su nieto busca justicia para su abuela, pero el proceso ha sido más complicado de lo que esperaba.

El abandono de María Apolinar no es exclusivo, según el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, en el país el 16 por ciento de los adultos mayores sufre de abandono y maltrato, mientras que, el 20% vive en soledad y olvidados. Esto no es lo más preocupante, sino el estado de invisibilización que eso conlleva.

“Las viejas y los viejos del país son un grupo que como muchos otros está invisibilizado, y eso hace que, desgraciadamente, cuando el Estado no se preocupa por estas personas, las familias tampoco lo hacen”, asegura la doctora en ciencias sociales Verónica Montes de Oca, directora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre envejecimiento y vejez.

“Es una invisibilización que se vuelve discriminatoria y que llega a niveles de maltrato, que se muestran como omisión y maltrato. Es la negligencia, no la vemos, no vemos a la persona, ni su dolor ni sufrimiento y no vemos la situación en la que esa persona está viviendo”, asegura.

Una historia de abuso y abandono

María Apolinar vivió en la misma casa de Magdalena de las Salinas, en Ciudad de México desde hace más de 40 años. A inicios de los años noventa ,según cuenta su nieto Daniel Rico, María contrató a una empleada doméstica quien se enamoró de un albañil y eventualmente lo llevó a vivir a esa casa.

Con el paso del tiempo, la joven pareja se asentó en casa de María y su esposo, tuvieron dos hijas y una de ellas, a su vez, tuvo una hija. A todas, María Apolinar les pagó los gastos de educación, de manutención y les proporcionó un techo con el dinero que los negocios del trabajo de su vida le dejaron.

Incluso, cuando María Apolinar, por la edad vendió sus negocios, guardó un poco de dinero para que la pareja pusiera una comida corrida, pero el negocio fue un fracaso.

“Nosotros no nos dimos cuenta, pero esas personas trataban muy mal a mi abuela”, cuenta Daniel. “Mi mamá mandaba dinero para pagar el predial, pero ellos no lo pagaban. Yo les pagaba el teléfono y la luz, que están a mi nombre y varias cositas. Mi hermana iba por ella el fin de semana para pasar tiempo con ella, pero esta gente es muy manipuladora. Tú les hablabas y ellos te decían que ellos estaba muy bien, hasta que mi abuela terminó en el hospital y fue entonces que nos dimos cuenta de cómo estaba”.

Daniel cuenta que cuando encontró a su abuela tenía señas de desnutrición, casi no hablaba, tampoco tenía expresiones y menos se podía mover. “Era como un muerto en vida”, asegura. Después de sacarla del hospital Daniel llevó a María con diversos especialistas como un fisioterapeuta, un geriatra y una psicoterapeuta. Poco a poco, su abuela fue recuperando peso, el habla y la movilidad, y fue entonces que Daniel se empezó a dar cuenta el grado de abuso del que sufría.

“Tiempo después, como la comida económica se fue a la basura, porque estas personas no saben hacer negocios y siempre vivieron de mis abuelos, pues empezaron a vender comida, pero en un carrito. Lo peor es que compraban los ingredientes con el dinero de la pensión de adulto mayor de mi abuela y además la ponían a cocinar y lavar los trastes”.

Actualmente María Apolinar, producto de la edad y del maltrato, no es muy lúcida. Tiene 91 años, pero no recuerda cuántos hijos tiene ni tampoco puede sostener conversaciones o recordar sus memorias con claridad. De acuerdo con sus nietos, estas son muestras del abuso del que sufría por parte de las personas con las que vivía.

La doctora Martínez de Oca explica que, tristemente, este es el escenario ideal para abusar de una persona mayor. “Hay situaciones como la enfermedad o la edad que empiezan a desarrollar un deterioro cognitivo, y esto hace que la familia muchas veces empiece a ser negligente ante la atención de la seguridad psicológica, económica, social y pública de su familiar mayor. Muchas veces este abandono hace que los familiares o las redes de apoyo de las personas mayores no estén en contacto con ellos y eso permite que sean víctimas de robos o engaños. Por desgracia las personas mayores son muy confiadas, porque el grado de vulnerabilidad que van teniendo hace que los viejitos confíen mucho más fácilmente hasta en quienes no son su familia”.

La justicia, inasible

Desde que Daniel encontró a su abuela en el hospital empezó a hacerse cargo de ella y a cuidarla, y eventualmente, decidió emprender lo que él no sabía que sería una odisea interminable por la justicia.

“Empecé a buscar ayuda en Twitter, con la Fiscalía (de la Ciudad de México), con Ernestina Godoy (la Fiscal), etiquetándolos y demás. Eventualmente se comunicaron conmigo pero me dijeron que iba a ser muy difícil. Me dijeron que como ya está grande mi abuela, es un caso largo (de 5 a 9 años), costoso y es muy difícil que se gane. Lo dan por perdido y a mí me parece terrible esta aceptación de que puedes despojar a un adulto mayor de su casa y que no pase nada, que la propia Fiscalía diga que ya está perdido”.

“Efectivamente, despojar a alguien de su casa es facilísimo”, reconoce Daniel, “pero acceder a la justicia es hasta imposible, porque mi abuela nada más me tiene a mí y yo a ella. Y en la defensoría pública me dijeron que podía iniciar el juicio pero primero tendría que ser su tutor, para eso necesito iniciar un juicio de interdicción y tres personas: una que promueva el juicio, yo que sería el tutor y hay otra figura que vigila al tutor, ¿pero cómo si nada más somos los dos?”.

Daniel busca levantar cargos por el delito de despojo, maltrato, abandono, omisión de auxilio y abuso de confianza. De estos, casi la mayoría son los delitos que se cometen con más frecuencia en contra de personas adultas mayores, según un análisis hecho del registro de víctimas de carpetas de investigación en la Ciudad de México. Violencia es el más común, seguido de falsificación de títulos de crédito o de propiedad, el fraude, las amenazas, el despojo, el abuso de confianza y el robo de identidad.

En este tipo de casos, el problema de la representación es la principal dificultad para que casos como el de María sean llevados ante la justicia, como explicó el doctor Miguel Alejandro López Olvera, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en un foro sobre seguridad patrimonial y la vejez organizado por el seminario que dirige la doctora Martínez de Oca:

“Mientras que en el país nos hemos preocupado por desarrollar el debido proceso como una parte fundamental del derecho, el derecho a la defensa parece muy olvidado”, explicó el doctor en el foro realizado hace un mes. “Anteriormente las personas se podían defender a sí mismas o bien podían defenderse a través de una persona de confianza, pero actualmente la jurisprudencia del Poder Judicial Federal ha señalado que eso ya no es posible, porque justamente se vulnera el derecho a la defensa”.

Proteger, asesorar, atender y orientar a las personas adultas mayores y presentar denuncias ante la autoridad competente es una tarea que debería corresponder al Estado, y no a los nietos de las personas adultas mayores, como en el caso de María Apolinar. A pesar de que algunas instituciones del Estado ya dan servicios de orientación legal, esto no es lo mismo que contar con un especialista en la materia, critica López Olvera.

El olvido estructural

La falta de mecanismos para garantizar que personas como María Apolinar puedan tener un acceso pleno a la justicia es muestra de cómo, estructural e institucionalmente, en la política pública mexicana hay un desprecio, hay un viejísimo, hay una invisibilización y discriminación de las personas mayores, advierte la doctora. Este no es un fenómeno nuevo, según dice, viene de hace 30 o 40 años.

“Yo creo que viene de distintas áreas. Hay una absoluta negligencia del Estado. ¿Cómo es posible que, si sabemos desde los años setenta, por los demógrafos, que hay un bono por la esperanza de vida, y que vamos a vivir más años, en vez de fortalecer los sistemas de seguridad social, los regímenes de pensiones, la atención médica, se haya hecho lo contrario: se privatizó los sistemas de pensiones, los sistemas de seguridad están completamente fragmentados igual que los hospitales y la atención médica”, crítica.

“Qué estamos entendiendo implícitamente en el país: que no nos importa nuestro devenir de envejecimiento, que no nos importa cuando lleguemos a ser viejas. Y también nos dice que no nos estamos viendo en estos viejos del futuro. Hay una negligencia tremenda metida en nuestra cultura”.

Según la doctora, este viejismo, como llama al olvido sistemático de los adultos mayores, tiene que ver con una perspectiva modernizadora, basada en la explotación de la fuerza de trabajo, que por supuesto tiene que ser joven. Y cuando vemos que las personas envejecen, se piensa, bajo este paradigma económico, que ya no aportan al usufructo del capitalismo.

Este tipo de estructuras son las que han dejado el derecho de acceso a la justicia de la señora Apolinar sumamente coartado, y hacen que Daniel se pregunte cuántos crímenes más como el de su abuela puedan seguir impunes, o peor, invisibles.