Glifosato en México: ¿por qué el gobierno pospuso su prohibición?
Por Juan Mayorga
Hilario Paz suministra hortalizas, frutas y verduras a restaurantes y tiendas de la ciudad de Oaxaca, en el sur de México. Entre sus productos más apreciados están varias de las hierbas que forman parte del patrimonio alimentario de México: quintoniles, guías, chepiche, hoja de amaranto, hierba de conejo o lengua de vaca.
Estos quelites —del náhuatl quilitl, que significa planta o verdura comestible— son cada vez más buscados por los clientes que han volteado la vista a las verduras y hierbas tradicionales por el sabor que agregan a sus platos y porque la ciencia ha demostrado que contribuyen con nutrientes fundamentales.
“Para nosotros sería muy difícil cosechar estos quelites si siguiéramos usando herbicidas y demás agroquímicos”, explica el campesino de 56 años, mientras inspecciona su parcela en San Pablo Huitzo, una comunidad a 40 kilómetros de la ciudad de Oaxaca.
A casi 30 años de haber dejado los pesticidas, los resultados cosechados en el campo tienen a Hilario Paz y a su esposa Magdalena Avendaño más convencidos que nunca de haber tomado la decisión correcta. Redujeron su gasto en agroquímicos comerciales, desarrollaron un mayor conocimiento de su tierra —lo que les da más opciones para enfrentar los retos— y obtuvieron productos agrícolas que venden en los mercados orgánicos a un mejor precio.
Para esta pareja campesina descendiente de campesinos, lo más importante de estos cambios en su producción ha sido recuperar su salud. Fue una enfermedad del sistema nervioso de Hilario Paz, que él atribuye a “los químicos”, lo que los llevó a sospechar de los agroinsumos industriales y abandonar su uso a mediados de los noventas. “Ya me andaba muriendo. Entonces cambié la manera de ver las cosas y me puse a investigar, a hacer pruebas. Ahora producir sin químicos me parece lo normal”, explica.
Actualmente, además de mantener productiva casi una hectárea de tierras de cultivo, la pareja imparte talleres y pláticas sobre producción libre de agroquímicos, una práctica conocida como agroecología, y que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) suscribe como uno de los pilares para alimentar a una población creciente y en medio del calentamiento global.
Un sexenio contra el glifosato
A contracorriente de la historia de Hilario Paz y Magdalena Avendaño, en las últimas tres décadas miles de campesinos mexicanos (y de gran parte del mundo) han desarrollado una dependencia a los agroquímicos por su capacidad de acelerar procesos y disminuir costos en el corto plazo. Entre estos destacan los herbicidas basados en glifosato, que se han posicionado como el estándar comercial para controlar las malezas que crecen espontáneamente entre los cultivos y que pueden competir con estos por nutrientes, agua o energía solar.
En México, el uso del glifosato se colocó como un tema de discusión política desde la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018.
En noviembre de 2019, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) detuvo la importación de 1000 toneladas de la sustancia, al poner en práctica el “principio precautorio”, al considerar que existía un “riesgo alto” de que su uso pueda generar un daño al medio ambiente y a la salud. Entonces se dijo que las importaciones de glifosato estarían vetadas “hasta que existan los elementos e información científica contundente” que garantice un uso seguro, de acuerdo con un comunicado de Semarnat. Eso no sucedió, poco tiempo después las importaciones se reanudaron.
Para el último día de 2020 se publicó un decreto presidencial que instruyó a distintas dependencias tomar acciones para “sustituir gradualmente” el glifosato usado en el país. Además, se fijó un periodo de transición para lograr la “sustitución total” del agroquímico el 31 de enero del 2024. En un nuevo decreto en 2023, esta fecha se pospuso al 31 de marzo pasado y se solicitó a las agencias del gobierno revocar autorizaciones y permisos para la “importación, producción y distribución y uso” del glifosato, así como a abstenerse de otorgar nuevas autorizaciones y permisos.
El asunto estalló nuevamente en las vísperas de la finalización del plazo fijado, el 26 de marzo pasado cuando, en un comunicado conjunto de la Secretaría de Agricultura (Sader) y Economía (SE), se anunció que “en virtud de que no se han concretado las condiciones para sustituir el uso de glifosato en la agricultura mexicana, debe prevalecer el interés de salvaguardar la seguridad agroalimentaria del país”, por lo que se continuaría con las importaciones y el uso del agroquímico.
A principios de abril, el presidente López Obrador confirmó la “pausa” en la postergación de la salida del glifosato hasta conseguir una opción viable para su sustitución, un anuncio que tensó a científicos, organizaciones y activistas por la salud ambiental, y que celebraron grandes productores y empresas agropecuarias.
Así que, a pesar de habérselo propuesto hace más de tres años y de estar en su último año, el gobierno de López Obrador no ha logrado erradicar el glifosato en los campos mexicanos.
Glifosato, “una polémica buena”
En México, la iniciativa contra el glifosato ha sido impulsada desde hace años por una coalición de activistas y científicos que han denunciado sus riesgos a la salud y defienden la agroecología. Algunos de ellos, incluso, fueron nombrados como funcionarios en el gobierno de López Obrador. Por ejemplo, Víctor Manuel Toledo, titular de Semarnat entre 2019 y 2020, y la actual directora del Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología (Conahcyt), Elena Ávarez Buylla.
Por otra parte, empresas, asociaciones agrícolas y miembros del gobierno afines a los sectores agrícola y agroquímico han defendido el uso del glifosato y han realizado acciones —como promover más de 30 juicios contra el decreto presidencial— para frenar los intentos de regulación, argumentando que es necesario para mantener la producción agrícola y alimentar al país.
La confrontación entre quienes defienden y oponen al glifosato ha escalado hasta causar una división dentro del gobierno federal, que López Obrador reconoció y describió a principios de abril como “una polémica buena”, que debido a “enfoques distintos” mantiene enfrentadas a la secretaría de Economía con las de Medio Ambiente, Salud y el Conahcyt.
Hasta ahora, el mayor avance que han tenido quienes están en contra del uso del herbicida, a partir de los decretos presidenciales, es que el gobierno mexicano ha reducido anualmente las cantidades permitidas para introducir glifosato a México desde 2021. De esta manera, han caído de 16 526 toneladas de glifosato formulado y 1 257 toneladas de glifosato técnico en 2021 a 4 131 y 314, respectivamente, en 2023. Entre 15 y 17 empresas se reparten este cupo de importación, por tener autorización de las autoridades.
En el mundo, las experiencias de prohibición del glifosato han sido limitadas e intermitentes, también surgidas de un creciente interés por la salud humana y ambiental.
Por ejemplo en Colombia, donde el glifosato se había utilizado desde los ochentas para el combate a plantíos de hoja de coca, el gobierno de Juan Manuel Santos decidió suspender esta práctica en 2015 atendiendo a un fallo judicial, pero la suspensión fue levantada en 2021 por el presidente Iván Duque y la administración del presidente Gustavo Petro la volvió a suspender en 2022. En Costa Rica, se prohibió en áreas de conservación. En El Salvador, el congreso vetó su uso en 2013, junto con más de 50 productos agrícolas, pero luego se levantó esa prohibición.
De manera similar, el glifosato ha sido sacado del mercado al menos parcialmente (en algunos usos, regiones o ciudades) durante algún momento de las últimas dos décadas en países como Estados Unidos, Brasil, Argentina, Austria, Luxemburgo, Italia, Francia, Dinamarca, Bélgica y Países Bajos, Vietnam y Sri Lanka.
Sustitutos viables
El glifosato fue lanzado al mercado por primera vez hace medio siglo (1974) por la multinacional Monsanto, que desde 2018 es parte de la trasnacional alemana Bayer. Se trata de una molécula herbicida de amplio espectro tan eficiente que en lugares de México es conocido como “matatodo”, aunque el nombre de su producto más conocido es RoundUp Ready en Estados Unidos, traducido como Faena para el mercado latinoamericano.
En 2002 venció la patente de Monsanto sobre el glifosato, por lo que desde entonces distintos países han realizado formulaciones genéricas que se ofertan en los mercados con distintos nombres.
Su eficiencia se debe a que unos días después de una sola aplicación, las plantas que toca se tornan amarillas, secan y mueren. Su molécula, conocida como N-fosfonometilglicina, se absorbe desde las hojas y viaja por la savia hasta bloquear el paso de nutrientes del suelo. A nivel celular, inhibe las enzimas que le permiten sintetizar las proteínas necesarias. La planta muere por inanición en solo días.
Su bajo costo es tan importante como su eficiencia herbicida. En México los dos o tres litros para asperjar una hectárea de cultivos pueden cubrirse con menos de 1 000 pesos (60 dólares). En esta nación, además, cualquier persona puede comprar estos herbicidas en tiendas de agroinsumos, algo que no sucede en lugares de Argentina o Brasil, donde solicitan un documento expedido por un agrónomo.
Eficacia y costo, además de una baja toxicidad demandada por autoridades y ciudadanía, son fundamentales para cualquier producto que aspire a sustituir al glifosato, coinciden especialistas.
El 28 de marzo pasado, dos días después del anuncio de postergación de la salida del glifosato realizado por las secretarías de Agricultura y Economía, en conferencia de prensa conjunta, funcionarios de agricultura, desarrollo agrario y territorial, la Procuraduría Agraria (PA), el Conahcyt y científicos informaron que sí existen sustitutos al glifosato. Aseguraron que hay seis “bioherbicidas inocuos” con más de 90 % de eficacia probada, incluyendo tres formulaciones nuevas “cien por ciento mexicanas”.
Los tres sustitutos mexicanos del glifosato anunciados están “en proceso de escalamiento a nivel industrial”, y uno de ellos ya cuenta con dictámenes técnicos de efectividad biológica por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).
A pesar de su anuncio, el Conahcyt no ha proporcionado detalles sobre las características químicas o el posible costo de estos herbicidas biológicos. Mongabay Latam solicitó a Conahcyt más detalles de estos nuevos productos, pero hasta la publicación de este texto no ha habido respuesta.
Como potenciales sustitutos del glifosato producidos en otras partes del mundo, el Conahcyt destacó Beloukha, de la empresa europea de capital japonés Certis Belchim; Burn Out Formula 2, de la estadounidense Bonide, parte de la suiza Syngenta (que su vez fue adquirida por la china ChemChina); y Weed Zap, de la estadounidense JH Biotech.
Conseguir un producto que pueda sustituir el glifosato es solo una parte del proceso, asegura el doctor J. Concepción Rodríguez, agrónomo y profesor investigador del Colegio de Posgraduados.
“No podemos dejar una herramienta sin tener una opción completamente probada, pero incluso si hoy tuviéramos un sustituto igual de eficiente y barato, y completamente inocuo, tenerlo es solo el 50 % de la solución. La otra mitad de la solución es que el agricultor la use y para eso necesitamos un sistema eficiente de extensionismo (apoyo técnico agrícola), que desde hace muchos gobiernos está ausente en México”, afirma Rodríguez.
Alternativas viables
En su búsqueda de sustitutos al glifosato, el Conahcyt ha señalado que los bioherbicidas no son más que una de muchas alternativas identificadas por la ciencia para controlar las malezas, a las que se suman las previamente proporcionadas por el conocimiento tradicional acumulado durante siglos de práctica en las culturas campesinas e indígenas de México.
Con base en la literatura disponible, el Conahcyt ha pasado los últimos tres años de este gobierno señalando una constelación de estas prácticas, que describe como Manejo Ecológico Integral de Arvenses (MEIA) y que clasifica en siete tipos: preventivas, culturales, físicas, mecánicas, coberturas vegetales, de control biológico y herbicidas naturales o bioherbicidas.
De las 42 prácticas MEIA identificadas, Conahcyt considera “muy importantes” 12 que ya se aplican en México: falsa siembra, coberturas vegetales no vivas, coberturas vegetales vivas, desbrozadora, motocultor, pastoreo en huertas, rotación de cultivos, siembra a alta densidad, policultivos anuales, policultivo agroforestal, bioherbicidas y coberturas plásticas.
Muchas de estas opciones son de muy baja tecnología, pero no por eso menos eficientes. Por ejemplo, el pastoreo cumple el doble propósito de erradicar las malezas y alimentar al ganado. Los policultivos favorecen la asociación de plantas que se benefician mutuamente, tanto a nivel físico (altura o cobertura del sol) como químico (intercambio de nutrientes). Las cubiertas vegetales evitan el uso de fuego en la temporada de secas y agregan materia orgánica a los suelos, pues son restos de otras cosechas que se descomponen en el suelo donde normalmente crecerían las malezas.
“En comunidades, incluso, encuentras campesinos para los que esta es la absoluta normalidad, porque ellos jamás entraron a las prácticas industriales”, explica el antropólogo Iván González, quien durante los últimos dos años lideró un proyecto de investigación e incidencia de soberanías alimentarias de Conahcyt en Oaxaca.
Las alternativas al glifosato analizadas por Conahcyt han sido difundidas a través de los diferentes números de una gaceta informativa disponible en el sitio web de Conahcyt.
Las prácticas agrupadas como MEIA están siendo desarrolladas activamente en México y “sí permiten prescindir del glifosato”, asegura Luis García Barrios, director regional del Conahcyt en el sureste de México.
Transición agroecológica, aún pendiente
Más allá de la polarización ante la prohibición del glifosato, especialistas a favor y críticos de la medida coinciden en que esta discusión exhibe los rezagos en México para hacer viable la independencia de pesticidas como el glifosato y que pasa necesariamente por mayor apoyo al campo, incluyendo mejores servicios de extensionismo para los agricultores, incentivos para el desarrollo nacional de tecnología agrícola, mecanismos financieros que minimicen los riesgos en toda la cadena de producción y distribución, además del fortalecimiento de las autoridades de supervisión sanitaria y de información para los consumidores, entre otros.
Al igual que muchos de sus vecinos productores en los valles centrales de Oaxaca, para Hilario Paz y Magdalena Avendaño el glifosato no es una preocupación tan importante como el acceso a la tierra cada vez más privatizada y cara, la falta de agua —tanto por la sequía como por la falta de inversión pública en infraestructura—, la escasez de mano de obra por la migración generalizada de la población joven o la dificultad para obtener un crédito para inversión por los criterios excluyentes de la banca.
“Las hierbas y las plagas ya no nos preocupan tanto, lo que nos falta es tierra, manos para trabajar y que más gente entienda el valor de lo que hacemos los que producimos sin agrotóxicos”, asegura Magdalena Avendaño.
Del lado del desarrollo tecnológico, el apoyo es necesario tanto para mayor investigación científica y creación de aplicaciones, como para después realizar los trámites necesarios y poder escalar a una producción comercial que la haga accesible para los mercados.
“En mis proyectos de investigación hice un sustituto del glifosato, pero lo terminé desechando porque costaba 6 000 por hectárea. Nadie querría comprar eso si el glifosato te cuesta solo 300”, afirma el doctor J. Concepción Rodríguez. “Hace falta inversión para poder escalar la producción y reducir los costos y alcanzar productos realmente eficientes, inocuos y competitivos en costo”.
A nivel institucional, este apoyo implica devolver el presupuesto recortado a instituciones que han sido marginadas desde mediados de los noventas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), que después de haber sido un ícono de la investigación nacional, ha ido perdiendo recursos. En 2018 ejerció 1,260 millones de pesos, y en 2022, solo 100 millones más.
“Me consta que no ha existido suficiente apoyo para investigación”, explica el maestro Flavio Aragón, quien por años mantuvo un banco de semillas en la unidad del INIFAP en Oaxaca, promoviendo maneras de escalar la producción aprovechando la diversidad genética local. Desde la Subsecretaría de Seguridad Alimentaria de Oaxaca, que ahora dirige, reconoce que los 250 técnicos que tiene a su cargo para dar asesoría agrícola en el estado no son suficientes.
Después de todos los esfuerzos realizados por este gobierno en la transición agroecológica, de las 5.2 millones de unidades de producción que hay en México, solo 900 000 en el sur-sureste son las que cultivan sin glifosato. La propia Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria de la Sader reconoce que “se requiere mayor inversión social, de la magnitud que se utilizó para imponer la Revolución Verde [como se llamó al impulso de la agricultura industrial], para masificar la transición agroecológica sin glifosato y otros agrotóxicos a lo largo y ancho del país, en todas las escalas y sistemas de producción”.
Glifosato, atado a los cultivos genéticamente modificados
Aunque el glifosato fue introducido al mercado en 1974, su éxito comercial llegó hasta la introducción de los cultivos modificados genéticamente en 1996. La razón es que en estas nuevas plantas se introdujeron genes que las volvieron tolerantes al glifosato, por lo que el herbicida podía ser arrojado masivamente sobre los cultivos y matar todos las plantas a su paso, excepto las de valor comercial.
La mancuerna entre semillas modificadas genéticamente y el glifosato llevó a la agricultura industrial a nuevas alturas. Actualmente el glifosato es el herbicida más usado en el mundo y solo en el 2014 se consumieron más de 700 000 toneladas de él. Pero este crecimiento vertiginoso pronto mostró consecuencias negativas.
En regiones de Argentina o Paraguay el uso masivo de glifosato ha ocasionando extensos problemas de salud, entre ellos distintos tipos de cáncer, como han revelado varios estudios, entre ellos un análisis independiente de más de 1 000 trabajos científicos publicado en el año 2000 por la organización argentina Naturaleza de Derechos.
El periodista Patricio Eleisegui ha seguido los efectos del glifosato y otros pesticidas en su natal Argentina durante la última década.
“La realidad es que mientras se siga planteando un modelo de agricultura intensiva a gran escala con foco sobre todo en la exportación, es muy difícil erradicar el uso de agrotóxicos”, asegura Eleisegui en entrevista. “Básicamente para poder abandonar esos productos tienes que fomentar una migración al paradigma de la agroecología, pero se necesita una política clara en ese sentido y los países que estamos condenados a ser graneros del mundo la tenemos muy difícil”, añade.
En México, desde 2012 organizaciones sociales consiguieron en tribunales que se detuviera la propagación de la siembra comercial de organismos genéticamente modificados (OGMs). Los cultivos de OGMs que alcanzaron a filtrarse a los campos mexicanos (maíz, soya, algodón) antes de esa fecha son los que sostienen la demanda de importaciones de glifosato.
La correlación entre OGMs y el glifosato es tan estrecha y reconocida que el gobierno de México incluyó al maíz modificado genéticamente en los decretos de prohibición emitidos para el glifosato en 2020 y 2023. La medida causó la indignación de los productores de este maíz en Estados Unidos, de quienes México obtiene el casi el 85 % del maíz amarillo —utilizado para engordar ganado—, un negocio que solo en 2023 representó ingresos por más de 3 500 millones de dólares para los estadounidenses.
Ante la inminencia de la entrada en vigor del decreto de prohibición, el gobierno del presidente Joe Biden decidió respaldar a sus agricultores y en agosto pasado anunció que llevaría el caso a un panel de arbitraje bajo el marco del Tratado del Libre Comercio de Norteamérica (TMEC). La representación comercial estadounidense consideró que la decisión de México no está basada en ciencia y que socava el acceso al mercado de sus agricultores, con lo que viola el acuerdo comercial. Se espera que el fallo de este proceso ocurra en algún momento de 2024.
El peritaje ante el TMEC es un intento de Estados Unidos por “cerrar la pinza” que del otro lado aprieta el cabildeo de los agronegocios para abrir la agricultura industrial, considera Fernando Bejarano, director Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM), una de las organizaciones no gubernamentales más activas en la crítica de las políticas agroindustriales en México.
“Trabajando para desbloquear la negativa de las importaciones, con el apoyo de la secretaría de Agricultura y de algunos diputados y senadores, esto se ha vuelto un juego de ajedrez político que se da en todos los países cuando se afectan los intereses más poderosos, como sucedió en Brasil”, afirma Bejarano.
Para el activista debe ser la ciudadanía la que decida “qué forma de producir va a proteger mejor sus derechos a la salud, medio ambiente y a garantizar la soberanía alimentaria y la autonomía tecnológica del país”.
Es importante mencionar que Bayer-Monsanto enfrenta más de 50,000 demandas en Estados Unidos por no advertir los riesgos de su herbicida con glifosato para la salud de los demandantes. En 2020, la empresa pagó 10 900 millones de dólares para saldar los casos acumulados hasta ese punto, pero desde entonces se han acumulado más.
Mitos y realidades del glifosato y la agricultura
En México, organizaciones como el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC) han advertido que prohibir el herbicida sin una solución eficiente y costeable puede reducir los márgenes de ingresos de los agricultores, abrir las puertas al mercado de negro de este químico y ocasionar una caída en la producción de entre 20 y 40 % en distintos cultivos básicos, incluyendo el maíz.
Mongabay Latam solicitó una entrevista con representantes del CNA para profundizar en estas posturas, pero al cierre de estas líneas no ha habido respuesta.
Conahcyt ha negado estas afirmaciones y ha presentado información para contraargumentar. Tan solo en los últimos tres años en que las importaciones de glifosato han disminuido, la producción de cultivos se ha mantenido incluso ante factores adversos como la sequía de 2023, que fue la peor en más de 80 años.
En cuanto a los ingresos de los productores, comparaciones hechas por Conahcyt entre 44 parcelas libres de glifosato y convencionales en 14 estados del país revelaron que sin glifosato los productores mantuvieron un ingreso mayor en todos los casos.
Un mito común en las narrativas activistas es que la prohibición del glifosato y el maíz transgénico representa una victoria absoluta, pero con ello se pierde de vista que el glifosato es en realidad de los agroinsumos menos tóxicos que se comercializan en México, y que una prohibición sin acompañamiento podría empujar a los productores hacia el uso de fórmulas como el paraquat, de probado efecto cancerígeno.
Además del paraquat, en México se comercializan y usan pesticidas como la atrazina, el metamidofós, la cloropicrina y el terbufós, todos ellos prohibidos en más de 30 países del mundo.
“El glifosato es nada más la punta del iceberg, pero habemos muchos quienes esperamos que este decreto sobre el glifosato evolucione y abarque a otros agrotóxicos para tener un efecto amplio en la salud humana y ambiental del país”, asegura el doctor Omar Arellano, biólogo y profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
“Por el momento, con la información disponible, la discusión sobre el glifosato ya es más económica que científica y este herbicida seguirá el mismo camino que el DDT prohibido durante el siglo pasado”, asegura.
Lee el original aquí: https://es.mongabay.com/2024/04/glifosato-mexico-gobierno-pospuso-su-prohibicion/
