Fotografías confirman presencia de pistas clandestinas y cultivos ilícitos en la Reserva Indígena Kakataibo en Perú
El tupido manto verde del bosque amazónico se parte en dos por un surco que corta la vegetación y deja al descubierto una amplia línea de terreno en la Reserva Indígena Kakataibo. Así lo muestra una fotografía tomada durante un sobrevuelo realizado el viernes 15 de marzo de 2024. Esa imagen es la evidencia de una pista de aterrizaje clandestina en medio del territorio destinado a los indígenas en aislamiento y contacto inicial. Ellos habitan esta reserva ubicada entre las regiones de Loreto, Ucayali y Huánuco, en Perú.
No es lo único que las personas que participaron en este sobrevuelo vieron desde el aire, durante el recorrido de los sectores norte y sur de esta reserva indígena. Otros dos tajos abiertos en la espesura del bosque y una gran cantidad de cultivos ilegales de hoja de coca confirmaron que el narcotráfico se está apoderando del territorio del pueblo kakataibo.
“Es muy preocupante porque es el territorio para proteger a nuestros hermanos en aislamiento, pero a la vez es aterrador poder ver que el narcotráfico es imparable. Mientras más denunciamos, más se aceleran y avanzan”, dice uno de los líderes indígenas de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka) que participó en el sobrevuelo y que prefiere mantener su nombre en reserva por el riesgo que significa vivir en una zona tomada por el narcotráfico.
El vuelo fue organizado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), con la participación de líderes indígenas de la Fenacoka y representantes del Ministerio de Cultura (Mincul), con el fin de constatar cómo la ilegalidad sigue avanzando en la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur que no tiene ni tres años de creación, pues fue categorizada en julio de 2021.
Las imágenes de la desolación
Doce puntos georreferenciados se definieron para organizar el mapa del recorrido por la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur. Estos sitios se establecieron siguiendo la información satelital registrada en mayo del 2023. Las imágenes satelitales captadas en ese momento mostraban pistas de aterrizaje clandestinas, caminos forestales no autorizados y zonas deforestadas dentro y alrededor de la reserva indígena.
La información satelital recopilada el año pasado, junto con fotografías en campo, que mostraba pozas de maceración de hojas de coca para la elaboración de droga fueron el sustento para que Aidesep, Fenacoka y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) enviaran una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando que adopte medidas cautelares contra el Estado peruano, debido a la gravedad de las amenazas que existen en el territorio indígena.
En esta ocasión, las organizaciones indígenas decidieron dar un paso más y registrar mediante fotografías todas las actividades ilegales que existen dentro de la reserva indígena. Las imágenes presentadas ahora en exclusiva por Mongabay Latam son contundentes y muestran una selva herida, con grandes parches de zonas deforestadas, árboles recién tumbados y cultivos de hoja de coca. Incluso, hay sectores que parecen albergar campamentos.
“La Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur es, de lejos, la reserva indígena más invadida de todo el país. Desde su creación en 2021 se han detectado más de 1500 hectáreas de deforestación ilegal dentro de sus límites y la mayoría de estas áreas deforestadas están destinadas a los campos de cultivos ilegales”, dice Julio Cusurichi, integrante de la directiva de Aidesep.
Cusurichi señala que el Estado peruano no ha implementado ninguna medida concreta para proteger los derechos fundamentales del pueblo kakataibo en aislamiento, motivo por el cual se ha solicitado ante la CIDH las medidas cautelares para garantizar sus derechos.
Los líderes indígenas de Fenacoka también cuestionan la falta de acciones del gobierno peruano. “Hemos podido evidenciar el total desastre que se está dando en la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur. Las autoridades solamente se reúnen en la capital de las regiones para abordar algunos temas, pero no se dan acciones concretas contra estas amenazas. No se ha hecho nada”, comenta uno de los integrantes de la federación indígena que estuvo en el sobrevuelo.
De acuerdo con la ruta del sobrevuelo, el primer punto del recorrido corresponde a la comunidad nativa Muruina, un sector fuera de la reserva. En esa zona se encontraron áreas deforestadas y cultivos ilegales de coca, donde además se ha confirmado la presencia de indígenas en aislamiento. El punto dos y hasta el seis se encuentran en la zona norte de la reserva.
“En el segundo punto encontramos desbosque y vimos invasores en las orillas de los ríos. También pudimos apreciar varios cultivos, en su mayoría son ilícitos y algunos agrícolas como piña. Lo mismo observamos en los siguientes sitios, hasta el punto cinco. En algunas zonas había dos o tres casas, posiblemente para que la gente se vaya agrupando y con el tiempo se formen caseríos”, describe el líder indígena de Fenacoka.
Cuando llegaron al sexto punto marcado con el GPS se encontró “la primera pista de aterrizaje clandestina que está en el mismo centro de la reserva”, explica el líder del pueblo kakataibo que estuvo en la aeronave que hizo el recorrido.
Las fotografías publicadas en Mongabay Latam confirman los detalles de cada uno de los sectores descritos por el líder indígena. Son claros los trazos en el bosque que corresponden a las pistas clandestinas, así como algunos detalles de techos de posibles viviendas. Todo en medio de la espesura del bosque.
Un territorio amenazado
Una segunda pista clandestina aparece en el sector sur, en territorio que no forma parte de la reserva sino del área de ampliación de la comunidad nativa Puerto Azul. En ese sector también se ha instalado el único puesto de control y vigilancia que el Ministerio de Cultura tiene en la reserva indígena. Casi 150 000 hectáreas de extensión dedicados al pueblo indígena en aislamiento y solo un puesto para vigilar este territorio.
Una tercera pista clandestina aparece cruzando el límite de la reserva, mientras que la deforestación, los cultivos ilegales de hoja de coca, los caminos y las invasiones se repiten en los siguientes puntos del recorrido.
“En la comunidad, la amenaza es constante”, dice un representante de Puerto Azul que prefiere permanecer en el anonimato por seguridad. “Hemos hecho denuncias, pero dentro de la comunidad está nuestra familia y toda la población expuestas a las amenazas. No es fácil, podemos hacer las denuncias pero somos nosotros quienes arriesgamos nuestras vidas”.
Desde el año 2020, 13 líderes de comunidades indígenas de las regiones de Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín —departamentos con fuerte presencia de narcotráfico— han sido asesinados, cuatro de ellos eran del pueblo kakataibo.
“En los alrededores de la reserva es donde ha ocurrido el asesinato de varios dirigentes indígenas”, dice la antropóloga Beatriz Huertas, especializada en pueblos indígenas, quien considera que actualmente esta es la reserva indígena más afectada por la ilegalidad.
Luego de que Aidesep, ORAU y Fenacoka solicitaran a la CIDH que se adopten medidas cautelares contra el Estado peruano para la protección de la reserva en donde habitan los kakataibo, las organizaciones indígenas han enviado cinco informes de actualización sobre las amenazas en estos territorios; el último es de febrero de 2024.
En ese documento, las organizaciones informan que, el 27 de noviembre de 2023, enviaron una carta al Ministerio de Cultura para solicitar que se implementen medidas urgentes de protección al pueblo indígena kakataibo en aislamiento, tanto dentro de la reserva como en la zona que quedó fuera de sus límites donde se han encontrado evidencias de su presencia.
También señalan que, pese a los reiterados pedidos, “el Estado peruano no ha implementado absolutamente ninguna medida directa a fin de intentar garantizar los derechos fundamentales de nuestros hermanos los PIA Kakataibo frente a las masivas invasiones de sus territorios de vida y la destrucción de sus hábitats y fuentes de subsistencia”.
Mongabay Latam se comunicó con el Ministerio de Cultura para solicitar su versión sobre las medidas que se están tomando para la protección de las reservas indígenas; informaron que responderían las preguntas enviadas, pero hasta el cierre de la edición no mandaron sus respuestas.
“Definitivamente las actividades de cultivos ilegales de coca y otros sembríos, las vías ilegales y otras actividades impactan en los pueblos aislados, porque son personas totalmente dependientes de los recursos naturales. Si se tumba el bosque, si se construyen carreteras, si hay presencia permanente de otras personas, definitivamente están alterando los ecosistemas y poniendo en riesgo la vida de los pueblos en aislamiento”, indica Miguel Macedo, coordinador del Área de Políticas Públicas y Gestión de los Bienes Comunes del Instituto del Bien Común.
Macedo agrega que también existe muchísima presión de las actividades ilegales hacia las comunidades que rodean a la reserva, así como en la zona central de la Amazonía peruana, en las regiones de Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín, identificada por la fuerte presencia del narcotráfico.
Otro tema que aborda Macedo es la oposición de algunas autoridades locales y regionales contra la creación de las reservas indígenas e, incluso, niegan la existencia de los pueblos en aislamiento.
Hasta julio de 2023, el Congreso de la República tenía en agenda un proyecto para modificar la actual Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial (PIACI). Esta propuesta planteaba otorgar a los gobiernos regionales la potestad para que decidan la creación de una reserva indígena e, incluso, permitía que puedan anular aquellas que ya habían sido declaradas. El proyecto fue enviado al archivo en julio de 2023, sin embargo, persiste la oposición a la creación de las reservas.
Para Macedo, las autoridades que están en contra de la protección de los pueblos en aislamiento y de la creación de áreas naturales protegidas no tienen una idea de sostenibilidad, sino de desarrollo basada en la explotación de los recursos naturales. “Lo que se necesita es más presencia del Estado, trabajar de cerca con las comunidades y poner un freno a las políticas populistas de las autoridades locales”.
Beatriz Huertas agrega que la presencia del narcotráfico se debe abordar con una política integral del Estado, que considere los cuidados especiales que se requieren para los territorios habitados por pueblos en aislamiento y contacto inicial. “No se puede utilizar explosivos ni actuar como se haría en cualquier otro lugar donde se destruyen los cultivos ilícitos”.
Huertas señala que el grupo de trabajo multisectorial para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento, creado en 2018, culminó su plan de protección en febrero de 2023 en el que se contempla un régimen especial transectorial de atención a los pueblos aislados, tanto en reservas como en otras áreas donde ellos habitan.
Lee aquí la versión original:
