En espera de sentencia y justicia
Claudia Victoria Arriaga Durán
Ilustraciones de Houston Ortegón Casanova
Última de tres partes
En los últimos seis años, de 2018 a lo que va de 2024, la FGE de Yucatán no ha recibido ninguna denuncia por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación. Lo que refleja lo complejo que es denunciar, perseguir y desarticular este tipo de redes. De los delitos de corrupción de menores, trata de menores y pornografía infantil -suscritos en el artículo 208 del Código Penal del Estado de Yucatán-, sí hay carpetas judicializadas con personas vinculadas a proceso. Se registraron 18 imputados por cometer corrupción de menores, 4 por trata de menores y 3 por pornografía infantil.
En espera de sentencia y justicia
A Ana la acusaron del delito de lenocinio cuando fue arrestada. En el artículo 214 del Código Penal del Estado de Yucatán se establece que comete esta falta quien se beneficie del comercio sexual de un tercero, o bien, facilite los medios para ejercer la prostitución. También a quien regentee, administre o sostenga prostíbulos. La pena por lenocinio es de uno a siete años de prisión y de 40 a 100 días-multa. Sin embargo, Ana lleva 14 años esperando sentencia, es decir, que ya cumplió la condena máxima dos veces.
Datos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Yucatán, obtenidos vía la Plataforma Nacional de Transparencia, exhiben las sentencias de “El clan”, al que acusaron a Ana de pertenecer. Fueron cuatro las personas sentenciadas: tres mujeres y un hombre (Carlos). Dos fueron radicadas en Ticul y dos de Tekax; y sólo una concluyó con una condena de seis años y dos meses de cárcel. Esta última le fue dictaminada a una mujer que, al igual que las demás, era víctima de explotación sexual. Como consecuencia de esta violencia, la mujer tuvo una hija con Carlos. La menor producto de este embarazo fue registrada con los apellidos de la pareja de tratantes y actualmente, se encuentra en custodia del hijo de Carlos, su hermano mayor.
El abogado defensor de la joven, Moisés Velázquez Cuevas, aclaró que a Ana la acusaron de violación, violación equiparada y lenocinio. Pero su situación se complicó porque le revocaron la sentencia dos veces: en 2016 y en 2019. La pareja de tratantes, por su parte, denunció que fueron víctimas de tortura durante la detención y pidieron ser sometidos al Protocolo de Estambul, un mecanismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que brinda las herramientas para documentar la tortura y los malos tratos. En muchos casos, permite que las víctimas de este delito obtengan justicia.
En respuesta, la sala del Tribunal Superior de Justicia ordenó la reposición del proceso. En consecuencia, Ana se convirtió en una de las olvidadas del sistema de justicia anterior: “Ana ha visto pasar tres gobernadores, tres fiscales y sigue olvidada. Fueron los explotadores o tratantes, quienes tenían abogados particulares, los que logran la reposición de proceso”, apuntó Velázquez Cuevas.
Otro de los motivos por los que se repuso el proceso es porque hubo inconsistencias. Por ejemplo, el de asignarle a Ana y a la pareja de tratantes de personas el mismo defensor público.
“A los tres les ponen al mismo defensor público. Consta en el expediente que el secuestrador, por así decirlo, la persona que la obligaba a prostituirse, la golpeaba cuando estaban en las diligencias”, apuntó el abogado.
Según los testimonios, Carlos agredió a Ana durante las audiencias. La pisaba en el pie o la pellizcaba para lastimarla delante de las autoridades. Pese a todo, la joven continúa esperando que le dicten sentencia.
Ellas hablan
“A Ana la obligaron a hacer las cosas, era obligada. No debe estar en la cárcel, los señores nos obligaban a todas. A ella también la maltrataban. Cuando estaba ahí vi que la golpearon con una madera”, confesó María, hermana de Ana.
“Nos colgaban y nos decían que nos matarían si escapábamos y que lo primero que harían sería buscar a nuestra familia para matarlos y luego a nosotras para matarnos. Cuando Ana fue a buscarnos, Estela la acompañó para que no se pudiera escapar. No es justo, la verdad. Para mí no es justo lo que está pasando ella. Estaba chica y en su mente no sabía cómo ayudarse para salvarse”, dice con angustia Magdalena, sentada en una hamaca.
Ana intentó, en estos 14 años de encierro, reconstruir su vida. Incluso se casó con una persona privada de su libertad en el penal del municipio de Tekax y tuvieron un hijo.
“No es culpable, es víctima de ellos. No es justo que esté ahí, debería de estar afuera para gozar de su chan hijo. No es su culpa lo que pasó”, comenta su tía. Desde afuera, sus hermanas y primas, quienes también fueron víctimas de esta red de trata de personas y de explotación sexual, aún tienen la esperanza de verla en libertad.
El reporte de 2023-2024 de la línea telefónica para denunciar la trata de personas del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, recibió 29 solicitudes de auxilio del estado de Yucatán. Y, aunque es un delito difícil de detectar, en México hay formas anónimas para denunciarlo. Una opción es el 800 55 33 000 que corresponde a la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Otra, es la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) cuya línea 01 800 00 854 00 funciona las 24 horas del día.
Historias como la de Ana dejan entrever que, en México, la falta de perspectiva de género y de perspectiva intercultural, dejan en la indefensión a las víctimas de delitos como la trata de personas. Del otro lado, el apoyo con el que Ana cuenta -de amigas, hermanas y primas-, demuestra, también, que las redes salvan.
NOTA: Los nombres de algunas de las personas mencionadas en el reportaje fueron modificados para resguardar su seguridad.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.
La autora
Claudia Victoria Arriaga Durán es periodista en Yucatán especializada en género, derechos humanos, migraciones y tierra y territorio. Finalista del Premio Nacional de Periodismo 2023 en la categoría caricatura, historieta y animación. En 2022 ganó el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Sur del Border Center for Journalists and Bloggers. Ha sido becaria de la International Women’s Media Foundation, de Puentes de Comunicación, del Border Hub, de Cosecha Roja y Proyecto Anfibia.
