El crimen organizado ejerce una presión sin precedentes sobre la selva tropical más grande de Guatemala

Por Maxwell Radwin

Durante 2024, los grupos criminales han renovado su avance hacia una de las selvas tropicales más grandes de Guatemala. A medida que se abren nuevos senderos y que se propagan los incendios, los funcionarios han expresado su preocupación no solo por la deforestación, sino también por la posibilidad de perder el control del área por completo.

La Reserva de la Biosfera Maya, que se extiende 2,2 millones de hectáreas en el departamento de Petén, en el norte de Guatemala, ha sufrido una ola de invasiones de tierras en áreas que, históricamente, han permanecido intactas. Muchos de los invasores están bien armados y cuentan con el respaldo del crimen organizado, según afirman los expertos.

“La falta de gobernanza en las áreas protegidas de Petén provocó la usurpación de tierras, la deforestación y el establecimiento de ganadería ilegal, lo que convierte estas áreas en zonas de alto riesgo y en focos de inminentes incendios forestales”, afirmaron en un comunicado más de una decena de ONG ambientalistas.

La reserva está compuesta por decenas de parques nacionales, corredores biológicos y concesiones de tierras, cada uno con sus propios desafíos de conservación. En 2024, las autoridades realizaron arrestos en áreas en que, durante mucho tiempo, han luchado contra las incursiones, como el Parque Nacional Laguna del Tigre y el Parque Nacional Sierra del Lacandón. Pero también se hicieron arrestos sorprendentes en áreas que normalmente enfrentan menos amenazas, como el Biotopo Naachtún-Dos Lagunas y el Parque Nacional Mirador-Río Azul.

Aquellos que son arrestados por las incursiones suelen estar más fuertemente armados que en el pasado, algo que los guardaparques (quienes no están armados) no siempre pueden manejar por sí solos. Aunque muchos patrullajes se realizan con personal de la Policía Nacional Civil y con militares, los guardias afirman que les preocupa una escalada de enfrentamientos.

En marzo, una patrulla conjunta de guardaparques del Grupo Génesis y de agentes del orden descubrió más de 20 kilómetros de señalizaciones en el Parque Nacional Mirador, cerca de la frontera con México. Se cree que sirven para organizar parcelas para la venta ilegal de tierras. También se estaba despejando una carretera que atraviesa la zona desde el oeste.

Esto es una señal de una “invasión inminente”, según Marco Cerezo Blandón, director de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco), uno de los grupos conservacionistas que participan en el patrullaje. Cerezo Blandón explicó que esta era la primera vez en veinte años que había grupos que intentaban ingresar a esa parte de la reserva, una de las mejor conservadas del país.

“No se trataba de unas pocas familias pobres que intentaban ocupar un parque nacional —le explicó a Mongabay—. Este fue un despliegue planificado, sistemático y de gran escala para invadir el Parque Nacional Mirador en su límite noroccidental”.

En respuesta, se llevaron a cabo patrullajes adicionales, incluido uno de las fuerzas del orden para eliminar las señalizaciones. Pero algunas han reaparecido desde entonces, lo que sugiere que un grupo todavía está interesado en apoderarse del área.

En un comunicado del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) se informó que la reserva estaba amenazada por invasiones, incendios forestales, tala y tráfico ilegal de vida silvestre por parte de “personas sin escrúpulos que están siendo manejadas por sectores interesados en generar una crisis de ingobernabilidad”.

En mayo, la policía también destruyó cercas de un rancho ganadero ilegal de 1380 hectáreas en el Parque Nacional Laguna del Tigre. Los ganaderos que vivían cerca tomaron represalias quemando la selva tropical más allá de un importante cortafuegos destinado a impedir que la deforestación avanzara hacia partes vírgenes de la reserva.

Las invasiones tienden a aumentar durante una transición de gobierno, como la que ocurrió en enero de 2024 cuando Bernardo Arévalo asumió como nuevo presidente del país. Pero la situación es mucho peor que en años anteriores, según múltiples fuentes que trabajan en la reserva.

Una razón podría ser la postura política del nuevo gobierno, que es mucho más amigable con las comunidades rurales e indígenas que su predecesor. Desde la asunción, el gobierno de Arévalo se ha reunido con numerosos grupos rurales y agrarios para negociar una lista de objetivos para los primeros cien días del mandato (entre estos, brindar acceso a la tierra a los agricultores, muchos de los cuales son indígenas, y abordar el “conflicto agrario” causado por la pérdida de tierras de las comunidades después de la guerra civil). El conflicto también se ha visto exacerbado por el interés del crimen organizado en obtener tierras cerca de la frontera.

Una reforma propuesta de la Ley de Áreas Protegidas de Guatemala y de la ley que estableció la Reserva de la Biosfera Maya ya no consideraría a las comunidades que viven en la reserva como “asentamientos humanos”. Se les permitiría vivir allí con solo algunas restricciones flexibles sobre la agricultura, la ganadería o el uso de la vida silvestre. Sus partidarios sostienen que no pueden controlar los recursos naturales de la zona mientras sean administrados por el Gobierno, con el apoyo de las ONG.

“Estamos convencidos de que la seguridad jurídica para los pueblos indígenas y para las comunidades locales, así como la coordinación entre instituciones y personas, son fundamentales para avanzar en el cuidado, protección, mejoramiento y restauración de la flora y de la fauna”, afirmaron varios grupos de reforma agraria en un comunicado de marzo.

Si bien los observadores sostienen que dudan de que las reformas se lleven a cabo, reconocen que existe un debate importante sobre quién controla los recursos naturales de Guatemala. Pero también afirman que les preocupa que las élites poderosas y el crimen organizado se apropien fácilmente de la retórica, a menudo a expensas de la reserva. También argumentan que el reclamo por los recursos naturales de la reserva es controvertido porque casi nadie vivía allí antes de su fundación en 1990.

Rara vez hay evidencia de que las personas que se asientan en la reserva tengan una conexión histórica con el área, explicaron a Mongabay. En cambio, los grupos criminales quieren aprovechar el amplio apoyo del Gobierno a la Reforma Agraria para obtener acceso a la tierra, lo cual puede utilizarse para lavar dinero en ranchos ganaderos y para transportar drogas a través de la frontera con México.

“Vamos a enviar algunos agricultores al bosque y dirán: ‘¡Oh, esta es mi tierra y vamos a usarla!’”. Así es cómo explica Javier Márquez, director ejecutivo de la Nature Defense Foundation, el pensamiento de los grupos criminales.

Algunos grupos conservacionistas y agencias gubernamentales se reunieron con el presidente Arévalo en abril para discutir el equilibrio entre las necesidades de las comunidades rurales y la protección de las áreas protegidas. Muchos de ellos afirman que salieron con la sensación de que Arévalo brindará el apoyo necesario a la reserva, con suerte en forma de un marco para abordar las crecientes amenazas.

Al mes siguiente se produjo un aumento en los patrullajes, coordinados con el CONAP y con las autoridades, para combatir los incendios forestales en toda la reserva.

“Hemos estado trabajando duro para apoyar al CONAP y al Centro de Operaciones de Emergencia, junto con organizaciones no gubernamentales y comunidades forestales. Esperamos seguir trabajando juntos para salvaguardar bosques clave que respalden la biodiversidad y las oportunidades de medios de vida sustentables para las comunidades”, explicó Gabriela Ponce, directora nacional de Wildlife Conservation Society.

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