COP26: lo que tienes que saber sobre la primera semana de la cumbre para frenar el cambio climático global
Michelle Carrere
Mogabay
La carrera para frenar el calentamiento global del planeta apremia, considerando que en la primera semana de la cumbre climática de las Naciones Unidas, COP26, los esfuerzos y compromisos de los más de 120 líderes mundiales que se han reunido en Glasgow, Escocia, nos sitúan aún en 2.7 grados centígrados para el año 2100, muy por encima de la meta trazada.
Los científicos han señalado claramente que para evitar una catástrofe climática es necesario que la temperatura del planeta no sobrepase los 1.5°C por encima de los niveles preindustriales. Para ello es clave priorizar la conservación de los ecosistemas naturales y acabar de forma drástica e inmediata con la dependencia a los combustibles fósiles, responsables de las emisiones de CO2 o dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero que causa la crisis climática.
La vigésimo sexta Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entra a su segunda semana -empezó el 1 de noviembre y se prolongará hasta el 12 de este mes- tras dos días consecutivos de marchas lideradas por miles de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que claman por acciones más concretas, compromisos más ambiciosos y medidas que ayuden a combatir de manera definitiva el calentamiento global.
¿Cuáles fueron los principales anuncios y acuerdos de la primera semana de la COP 26?¿Qué posibilidades reales hay de que las demandas no queden solo en promesas? ¿Qué papel juegan los países de Latinoamérica?
Un acuerdo global contra la deforestación
Un total de 127 países, de los cuales 13 son latinoamericanos, se comprometieron a poner fin y revertir la deforestación para el 2030.
¿Por qué es importante este anuncio? Primero porque juntas, las más de 100 naciones, albergan el 85 por ciento de los bosques del mundo y, en segundo lugar, porque los bosques absorben grandes cantidades de CO2 y son un aliado importante en la lucha contra el cambio climático.
Este acuerdo incluye, además, una financiación que bordea los 19 mil 200 millones de dólares de parte de fondos privados y públicos de 12 países, que serán destinados a acciones concretas en los países en desarrollo, entre ellas la restauración de tierras degradadas, el combate a incendios forestales y el apoyo a las comunidades indígenas en la protección de sus bosques.
Esta no es la primera vez que un acuerdo de este tipo se anuncia en una cumbre climática. En 2014, un total de 39 países firmaron la Declaración de Nueva York y se comprometieron a reducir a la mitad la pérdida de bosques naturales para 2020 y ponerle fin para 2030. El resultado: la pérdida de cobertura boscosa aumentó.
Un análisis realizado por Mongabay, muestra que la pérdida de bosque tropical primario en los países signatarios de la Declaración de Nueva York pasó de 6,3 millones de hectáreas entre 2010 y 2014 a 7,1 millones de hectáreas entre 2016 y 2020. Dicho de otro modo, en los territorios de esos 39 países, en lugar de disminuir la deforestación en un 50 por ciento como era la meta, aumentó, al menos, en un 12.9 por ciento.
Entonces, ¿se puede pensar que esta vez el acuerdo traerá resultados positivos?
Lo nuevo del acuerdo firmado hace unos días es que hay más países involucrados que la primera vez y algunos de los que se han adherido son muy importantes. Uno de ellos es Rusia, número uno en el mundo en términos de cobertura arbórea; otro es Brasil, segundo en el ranking después de Rusia y principal emisor de gases de efecto invernadero en América Latina, y un tercero es China.
“Nunca antes tantos líderes, de todas las regiones, representantes de todo tipo de bosques, unieron sus fuerzas de esta manera”, dijo el presidente de Colombia, Iván Duque. “Ahora todos debemos trabajar en asociación con las empresas, el sector financiero, los pequeños agricultores, los pueblos indígenas y las comunidades locales para crear las condiciones para que las economías forestales positivas crezcan y prosperen”, agregó.
Científicos y conservacionistas reconocen que se trata de una señal política importante, pero la gran pregunta es: ¿Cómo lo lograrán países como Colombia? Solo en ese país la Amazonía pasó de perder 98 mil hectáreas en 2019 a 109 mil en el 2020.
Para el ex ministro del ambiente peruano, Gabriel Quijandría, quien actualmente es Director Regional para Sudamérica de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lograr las metas de este acuerdo es posible siempre y cuando entendamos que “la problemática del bosque no se agota en el bosque mismo, sino que tiene que incluir una discusión sobre las políticas agrarias, sobre las políticas mineras”, entre otras.
En el 2020, la deforestación en Perú superó las 200 mil hectáreas, la cifra más alta de las últimas dos décadas. A lo que se sumó la ola de violencia contra los defensores ambientales.
Por ello, Quijandría resalta que se trata de un problema más grande que debe ser atacado por distintos sectores del estado.
“Tenemos que incluir en la discusión a los ministerios de justicia, a los ministerios del interior debido a la presión que existe sobre los defensores ambientales por parte de las actividades ilegales como el narcotráfico”, precisa Quijandría. En conclusión, “la protección y aprovechamiento sostenible del bosque tiene que ser una política de Estado transversal”, indica el ex ministro.
Pero hay un componente nuevo que aporta esta vez mayores esperanzas: 30 instituciones financieras, entre ellas las gigantes Aviva, Schroders y Axa, también se comprometieron a eliminar la inversión en actividades ligadas a la deforestación.
“Ahí hay una presión muy fuerte de los principales financiadores. Eso del comercio internacional cerrando los ojos a la deforestación ya no tiene más lugar”, dijo a Mongabay Latam Leonardo Lacerda, director global de Clima de la organización ambiental The Nature Conservancy.
En concreto, “estas empresas van a ayudar de una forma proactiva a combatir la deforestación que está detrás del comercio de soya, carne, aceite de palma, cacao, comercializando solo aquellos productos que no provengan de la deforestación”, explica Lacerda.
“Lo que es innovador aquí son las señales del propio mercado, porque el gobierno puede prometer, pero si el mercado ha dicho ya no aceptamos esto, las cosas deben cambiar”.
Financiamiento para las comunidades indígenas
Un anuncio importante, que complementa al anterior, llegó de países como el Reino Unido, Noruega, Alemania, Estados Unidos, los Países Bajos y 17 donantes estadounidenses quienes se comprometieron a apoyar con mil 700 millones de dólares a los pueblos indígenas y comunidades locales, desde ahora y hasta el 2025, para que puedan proteger los bosques en donde viven.
Según el Banco Mundial, los territorios indígenas abarcan hasta un 22 por ciento de la superficie terrestre del mundo y coinciden con las áreas que contienen el 80 por ciento de la biodiversidad del planeta. Sin embargo, un estudio reciente de Rainforest Foundation mostró que las comunidades y organizaciones indígenas reciben menos del 1 por ciento del financiamiento climático destinado a reducir la deforestación. Esto, a pesar de que existe una robusta evidencia científica de que los pueblos indígenas son los mejores guardianes del bosque.
“El reconocimiento de las poblaciones locales, sobre todo las indígenas, en la conservación del bosque es una de las cosas más importantes que están saliendo de aquí (COP26)”, dice Lacerda.
El dinero irá destinado a los pueblos indígenas y las comunidades que conforman la Alianza Global de Comunidades Territoriales (GATC), una coalición de organizaciones de América Latina, África y Asia, y podrá ser destinado a actividades en sus territorios para la protección del bosque.
“Nosotros tenemos guardias indígenas para proteger nuestro territorio, hacemos caminatas de horas, necesitamos hacer mapeos, tener equipos tecnológicos buenos para monitorear nuestro territorio. Podemos combatir de muchas maneras pero se necesitan recursos económicos”, dijo a Mongabay Latam, Nemo Andi Guiquita, líder Waorani de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana.
Aunque el anuncio ha sido aplaudido por los líderes de los pueblos indígenas y conservacionistas, una vez más surge la pregunta de cómo se concretará dicho financiamiento.
“(Ello) Implica que la cooperación realmente flexibilice sus sistemas de entrega porque no es que las comunidades tengan una cuenta bancaria”, señala Sandra Guzmán, gerente de financiamiento climático de Climate Policy Initiative, un laboratorio que trabaja para mejorar las políticas energéticas centrándose especialmente en la financiación de las mismas.
“La promesa está buenísima y la aplaudo, pero dime cuál va a ser exactamente el mecanismo que vas a utilizar para hacer esa entrega directa, sin intermediarios, sin costos extras de transacción y sin costos administrativos que a las comunidades les termine siendo más una carga que una ayuda. Ese es el reto más grande”, precisa Guzmán.
Hacia las energías limpias
Hasta ahora son 77 los países -entre ellos México, Chile, Perú, Costa Rica y El Salvador- que se han prometido a eliminar el carbón de su matriz energética y transitar hacia la energía limpia, aunque se espera que sean 190 los países que, finalmente, se comprometan con esa meta. Según el anuncio, las naciones desarrolladas cumplirán con este compromiso en 2030, mientras que aquellas en vías de desarrollo lo harán en 2040.
Para acelerar el proceso, India, Indonesia, Filipinas y Sudáfrica, que en conjunto concentran el 15 por ciento de las emisiones de CO2 producto de la combustión de carbón, serán los primeros beneficiados de un multimillonario programa piloto para que puedan migrar hacia una energía limpia.
Según el ex ministro de medio ambiente chileno, Marcelo Mena, “hace ya varios años la fuente nueva de energía del mundo más barata es la renovable. Han aparecido estudios que muestran que en Alemania, India y China es más barato instalar centrales nuevas solares que continuar operando centrales a carbón. Eso indica que las condiciones económicas han cambiado y, por lo tanto, es mucho más razonable y factible cerrar las centrales a carbón”.
Por otra parte, 25 países e instituciones, entre ellos Estados Unidos, Costa Rica, Reino Unido, Italia, Eslovenia, Albania, Portugal y el Banco Europeo de Inversiones, acordaron dejar de financiar combustibles fósiles en otros países para finales de 2022. Esta alianza viene en línea con un anuncio que ya había hecho China, previo a la COP26, de ya no financiar el carbón en el exterior, sin embargo, el país asiático no firmó el acuerdo y tampoco lo hizo Japón, Rusia y Australia.
Con todo, el balance que hacen los expertos respecto de este tema es positivo y aseguran que la era del carbón está llegando a su fin. La implementación de este acuerdo es clave y urgente, considerando que las cifras de las emisiones producto de la combustión continúan en ascenso.
Durante el 2020 se registró una leve baja debido a las restricciones impuestas por el Covid-19, pero un informe de Global Carbon Project, publicado en la revista Earth System Science, asegura que las emisiones mundiales de carbono se aproximaron este año a los niveles anteriores a la pandemia.
Por otro lado, aunque el foco principal de los esfuerzos para frenar el calentamiento global es el dióxido de carbono, ya que es el principal gas responsable del efecto invernadero, más de 100 países se han adherido a un nuevo compromiso para reducir las emisiones de metano en un 30 por ciento para finales de la década.
Reducir las emisiones de este gas, que proviene principalmente de los vertederos, del sector ganadero y energético, permitirá ganar tiempo extra ya que las moléculas de metano tienen un efecto de calentamiento de la atmósfera más poderoso que las de CO2. De hecho, según el último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, este gas de efecto invernadero es el responsable de una buena parte del calentamiento que actualmente está sufriendo el planeta.
“No podemos esperar al 2050”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Tenemos que reducir las emisiones rápidamente», precisó y añadió que disminuir el metano es «una de las cosas más efectivas que podemos hacer”.
Financiamiento: la conversación pendiente
Aunque el financiamiento siempre ha sido la piedra angular de las negociaciones, “ahorita hay muchísima presión de los países en desarrollo que dicen ‘la pandemia nos azotó a todos y necesitamos más dinero para recuperarnos’, por lo que en esta COP es particularmente importante este tema”, asegura Sandra Guzmán, de Climate Policy Initiative.
Uno de los puntos cruciales que se espera poder resolver es la definición del artículo 6 del Acuerdo de París -tratado internacional adoptado por 196 países en la COP21 para limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados- que establece un sistema de mercado de carbono en el que los países puedan intercambiar, comprar y vender reducciones de emisiones.
Pero “hay un montón de consideraciones y dificultades para que esto se concrete”, señala Cristian Salas, director ejecutivo del Centro de Cambio Global UC de Chile. Una de esas dificultades es la doble contabilidad.
“Los países tienen diferentes formas de contabilizar emisiones, distintos sistemas de inventario, distintas reglas, distinta temporalidad, entonces no es tan sencillo como decir yo bajo 10 en emisiones y te compro 10”.
Por otro lado, Guzmán advierte que es necesario que se faciliten mecanismos para que los países en desarrollo que tienen grandes presiones por el pago de sus deudas externas puedan canjear estas por acciones climáticas.
Un ejemplo de esto es el reciente anuncio del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso de crear una nueva reserva marina en Galápagos a cambio del que ha sido considerado el “mayor canje de deuda por conservación hecho en el mundo”.
Esta acción permitirá ampliar la actual área protegida en 60 mil km2 y creará un corredor que conecta las aguas ecuatorianas con las costarricenses, concretando así la mitad de la llamada Migravía por donde se desplazan al menos 15 especies marinas distintas, muchas de ellas gravemente amenazadas.
Por último, en 2015, las principales economías acordaron entregar 100 mil millones de dólares anuales a los países en desarrollo. Sin embargo, ese compromiso no se ha concretado.
Para Guzmán, “esa meta es muy importante por temas políticos. Sabemos que 100 mil millones no son suficientes, pero lograrlo es parte fundamental para generar confianza en el sistema”, dice.
Aunque esta primera semana de la COP26 se cierra con algunos anuncios importantes, los antecedentes de promesas incumplidas mantienen escépticos a los expertos.
“Aquí ya no estamos en una etapa de dar anuncios, estamos en una etapa en la que hay que demostrar que eso que se propone se puede”, concluye Guzmán.