Autoridades suspenden condicionalmente proceso penal en contra de empresa salmonera en Chile
Hasta el año 2019, la empresa salmonera Nova Austral era considerada como un ejemplo de sustentabilidad a nivel mundial. Su reputación se erguía en la limpieza de su proceso, el que a pesar de surtir de más de 11 mil toneladas anuales al mercado global, era capaz de no utilizar antibióticos en la producción de salmones y cuidar el fondo marino del Parque Nacional Alberto De Agostini, en la Patagonia Chilena, donde la empresa tiene 19 de las 28 concesiones que existen allí. Esa reputación, según se comprobó, estaba sustentada en información falsa.
Tras una investigación periodística del medio digital El Mostrador, donde se desclasificaron miles de correos electrónicos que contenían conversaciones entre altos ejecutivos de la compañía, se demostró cómo la empresa falseaban las tasas de mortalidad de salmones en los centros de cultivo, así como la información respecto del estado del fondo marino y la utilización de antibióticos.
En junio de 2020, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en contra de cinco ejecutivos de Nova Austral por fraude de subvenciones. Ello, luego de que detectara que la compañía salmonera de capital noruego había recibido, entre 2016 y 2019, aproximadamente 60 mil millones de pesos (US$ 61 millones) como beneficio tributario y aduanero contemplado en la Ley 18 392, conocida como Navarino, que subsidia e incentiva la inversión en las tierras australes de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
En el marco de la querella por fraude de subvenciones, el CDE incorporó un proceso penal en contra de la salmonera por el delito de contaminación de aguas. Pero a cuatro años de iniciado el proceso penal, el Consejo de Defensa del Estado llegó a un acuerdo con Nova Austral para suspenderlo condicionalmente.
El avenimiento contempla el pago de impuestos atrasados con platas que la Tesorería General de la República le mantiene retenida a la compañía como medida cautelar en el juicio del fraude en que obtuvo subsidios con información falsa. Así también, el acuerdo considera la entrega de un terreno de 3,4 hectáreas al gobierno regional de Magallanes. El trato fue considerado como un “perdonazo” sin precedente por las organizaciones ambientalistas en Chile.
La salida alternativa para Nova Austral
El pasado 19 de marzo, el Ministerio Público, representado por el fiscal Sebastián González Morales, presentó una propuesta de salida alternativa y suspensión condicional del proceso penal que mantiene el Consejo de Defensa del Estado en contra de Nova Austral.
El acuerdo busca que la salmonera pague una parte de las deudas tributarias que acumula desde que, durante el tiempo que ha durado el proceso penal, dejara de pagar sus impuestos. Para ello, propone que, a cambio de la suspensión del proceso, la empresa desista de todas las impugnaciones en contra del cobro de su deuda tributaria
Del total de la deuda, que ascienden a $30 229 millones de pesos (US$30 689 340), $9 130 millones (US$926 903) se financiarán con bonificaciones estatales obtenidas por Ley Navarino que se encuentran retenidas como medida cautelar y pendientes de pago. El resto de la deuda, Nova Austral la pactó en 23 cuotas mensuales y la entrega de un terreno de 3,4 hectáreas al gobierno regional de Magallanes, cuyo avalúo comercial asciende a $1 711 millones (US$1 737 055).
Dicho acuerdo, cabe aclarar, no contempla la querella que mantiene el CDE en contra de cinco de los ex ejecutivos de la salmonera involucrados en el fraude de subvenciones y daño ambiental, dado que dicho procedimiento seguirá su curso. Entre los involucrados se encuentran el ex gerente general de Nova Austral, Nicos Nicolaides, el ex gerente regional e hijo ilustre de Porvenir, Drago Covacic, el ex gerente de producción Arturo Schofield y los jefes de área Rigoberto Garrido y Isaac Ollivet-Besson.
El CDE, aún cuando podría impugnar el acuerdo con la salmonera, dijo a Mongabay Latam que prosperará en el compromiso de suspensión condicional.
Un informe desarrollado por Fundación Terram, elaborado sobre la base de información de la Tesorería General de la República, obtenida vía Ley de Transparencia, da cuenta de que lo demandado en la querella del Consejo de Defensa del Estado es marginal respecto de los montos recibidos por la empresa vía Ley Navarino entre los años 2001 y 2022, cifra que asciende a $146 791 millones de pesos (US$ 150 millones)
Es tal el nivel de recursos públicos entregados a esta empresa que, según el cálculo realizado por Terram, “solo tomando en cuenta los subsidios directos, estos hubieran permitido pagar un sueldo mensual de $926 mil pesos (US$ 940) a los 600 trabajadores y trabajadoras de la planta de Porvenir durante los 22 años que recibió el beneficio, lo cual solo deja en evidencia que el Estado de Chile ha sido un sostén económico de esta empresa de capitales noruegos como no lo ha sido con ninguna pequeña y mediana empresa de la región de Magallanes ni del país”, dijo la fundación.
El tribunal ambiental defiende a Nova Austral
Lo que preocupa además a las organizaciones ambientalistas, es que no es la primera vez que la empresa se ve beneficiada con lo que consideran “perdonazos” desde que estalló el escándalo.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el organismo encargado de fiscalizar y sancionar en los casos en que se acredite incumplimiento ambiental, estableció para Nova Austral el pago de una multa sobre los $900 millones de pesos (US$913.705) por alterar de manera artificial el fondo marino del Centro de Engorda “Aracena 14” en la comuna de Punta Arenas.
También ha buscado desde 2022 revocar tres Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) —o permisos ambientales—, de centros de engorda (CES) de la compañía. La razón, según expuso la SMA a este medio, es “la superación reiterativa de los límites de producción autorizados para la empresa, lo que ha generado un daño ambiental permanente al Parque Nacional Alberto de Agostini, Región de Magallanes”.
De acuerdo con lo constatado por esta entidad “Nova Austral, entre enero de 2016 y noviembre de 2017, registró una sobreproducción de más de un 30% en el Centro de Engorda (CES) Cockburn 23, de un 25% en el CES Aracena 10 y de un 15% en el CES Cockburn 14”, todos ellos ubicados dentro del parque nacional.
Sin embargo, cuando la Superintendencia de Medio Ambiente dictó su sentencia revocando las RCA de esos tres centros, Nova Austral presentó recursos de reclamación ante el Tercer Tribunal Ambiental que le dio la razón a la empresa. Según el tribunal, la sanción era desproporcionada y no estaba acorde a la infracción y las circunstancias del caso.
Es por esto que la SMA, al igual que los terceros interesados (Greenpeace, Comunidad Indígena Kawésqar Familiares Nómades del Mar y Comunidad Indígena ATAP), presentaron recursos de casación contra las tres sentencias del Tribunal Ambiental. Estos recursos se encuentran en tramitación ante la Corte Suprema, la que deberá pronunciarse respecto a la legalidad de las sentencias y de las resoluciones de la SMA.
El biólogo marino Rodrigo Hucke-Gaete, cofundador e investigador del Centro Ballena Azul, plantea que “los fiordos de la patagonia chilena, donde se ubica el Parque Nacional Alberto de Agostini, son considerados sumideros o almacenadores de CO2 de la atmósfera, dado la profundidad de sus mares. Hoy no se sabe, ni se estudia cómo se está deteriorando este sitio indispensable para el mundo, solo se sabe que hay un impacto desregulado y sin fiscalización”.
La ciencia ya ha demostrado que la sobreproducción de salmones genera hipoxia, es decir, falta de oxígeno en el fondo marino que impide que las especies puedan seguir viviendo.
De hecho, en los centros de engorda del Parque Nacional Alberto de Agostini, donde Nova Austral registró mortandades de salmones por encima de lo esperado y que llevaron a la empresa a adulterar la cifras de mortalidad, se generaron condiciones anaeróbicas, es decir, bajos niveles de oxígeno.
Además, Hucke-Gaete, quien lleva 20 años investigando en la patagonia, advierte que la proliferación exponencial de faenas salmoneras en los fiordos de la patagonia ha traído otros problemas asociados, como el aumento de tráfico de grandes y rápidas embarcaciones que generan impactos en las poblaciones de ballenas azules que se alimentan en estos lugares.
Según explica, el ruido submarino y la contaminación constante en estas zonas costeras, pone en riesgo el sitio más importante para la alimentación de ballenas azules, delfines, ballenas jorobadas, ballenas sei y lobos de marinos, todas especies que forman parte de un ecosistema fundamental para la vida humana en el planeta.
“La Superintendencia logró comprobar cómo los medios marinos han sido destruidos y cómo la empresa falsificaba la información de la mortalidad de los salmones según los distintos informes de las autoridades sectoriales”, dice la subdirectora de campañas de Greenpeace en Argentina, Chile y Colombia, Estefanía González. No obstante, “el tribunal da argumentos irrisorios. Dice que prácticamente hay que tener a los peces muertos para que esto sea contundente; eso es más de lo que se puede pedir penalmente. Aunque se tiene la medición de oxígeno que comprueba la imposibilidad de habitar para ese fondo marino, no se considera como suficiente demostración”, alega.
Luego de que se comprobó la sobreproducción de salmones por parte de Nova Austral, los escándalos en torno a la industria salmonera han continuado. El caso de Australis Seafoods, que registró sobreproducciones de hasta un 80% en 33 de sus centros de cultivo, es otro de los más controversiales.
La situación en Porvenir
Porvenir es una de las comunas más australes de Chile, pertenece a la isla grande de Tierra del Fuego, y en ella se emplaza el Parque Nacional Alberto De Agostini donde se encuentran los centros de cultivo de salmones de Nova Austral.
Su alcalde, José Gabriel Parada, profesor y oriundo de este sector, plantea que “Los proyectos deben ser sustentables y no solo cumplir con las normas ambientales. De momento, hemos dicho que no estamos defendiendo a la empresa, sino que los puestos de trabajo”.
Sin embargo, Rodrigo Hucke, investigador de Centro Ballena Azul, quien lleva 20 años trabajando en el territorio, plantea que “el daño ambiental provocado por la salmonicultura en el Parque Nacional Alberto de Agostini, así como en gran parte de la patagonia, debería ser un motivo de alerta para la emergencia de expulsar estas faenas que harán inviable la vida en esos fondos marinos, por el contrario, cada vez aumentan la concesiones”.
En relación a la suspensión de procedimiento de Nova Austral, la directora de Fundación Terram, Flavia Liberona, plantea que en Chile “Un perdonazo de esta naturaleza, considerando que los delitos cometidos y que paralelamente la empresa dejó de pagar sus impuestos, es un pésimo precedente, porque significa que cualquier compañía puede libremente de no cumplir la ley, falsear información y luego será perdonada. Sin importar el delito que cometa, no será debidamente sancionada”.
Por su parte, el alcalde no ve en su autoridad una posibilidad de detener el avance de las salmoneras, pero plantea que esta industria no puede ser la única matriz productiva para la comuna. “Las medidas correctivas son responsabilidad del Estado y debería tener una mirada estratégica sobre esto. Sería bueno que la empresa siga siendo viable por la cantidad de trabajo que da”.
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