Ana, víctima de trata, ahora es culpable sin sentencia

Claudia Victoria Arriaga Durán.

Ilustraciones de Houston Ortegón Casanova


Primera de tres partes


A Ana, de 34 años, la quieren ver libres sus hermanas y primas. Lleva 14 años encarcelada sin sentencia, acusada de un delito que no cometió. Pasó de ser una víctima de trata de personas a ser señalada como la tratante de sus hermanas.

A los 18 años, Ana ingresó al Centro de Reinserción Social (Cereso) para mujeres del municipio de Tekax, en el estado de Yucatán, acusada de ser parte de un grupo de tratantes de personas al que llamaron “El clan”. “Sientes que no vales nada, que nadie te va a querer nunca y que nunca vas a salir de las cuatro paredes del cuarto en el que te obligan a tener sexo”, expresa Ana, sentada en una banca de concreto, apoyando sus manos en el rostro mientras brinda esta entrevista.

La separan del exterior unos muros de concreto de más de 10 metros de altura que rodean el patio central del Cereso femenil en Mérida. Sitio al que fue trasladada en 2023, junto con otras mujeres mayas privadas de su libertad. Lo que divide el módulo en el que ahora vive de la libertad no son más que piedras que no puede derrumbar.

En la historia de Ana no está muy claro qué delito cometió. Se encuentra en un limbo que le ha costado más de una década de encierro. Según datos obtenidos vía la Plataforma Nacional de Transparencia, su caso podría ser parte de las cuatro personas encarceladas por trata de personas en la modalidad de explotación sexual; o de las siete por cometer lenocinio, es decir, por comercializar con los cuerpos de sus hermanas y administrar un prostíbulo. Tampoco se descarta que esté registrada entre las 37 personas privadas de la libertad por cometer el delito de corrupción de menores e incapaces o trata de menores.

Lo cierto es que la trata de personas en cualquiera de sus modalidades es un delito difícil de denunciar. Yucatán, en relación con el resto del País, tiene pocos casos registrados, pero no está exento. Se encuentra en el lugar número 31 según las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Otra de sus particularidades es que los casos suelen concentrarse en la capital, es decir, en la ciudad de Mérida. No es frecuente encontrarlos en las periferias mayas, como pasó con Ana.

“Desde ya hace un tiempo se ha podido detectar en algunas zonas de Mérida redes de trata. La persona víctima de trata ha perdido toda su libertad y sus derechos y puede ser vendida hasta 20 veces en un día”, relata Enrique Puc, representante de la Red Rahamim en Yucatán, una organización a nivel internacional integrada por personas religiosas y laicas, que trabajan en la lucha contra la trata de personas en todo el país.

¿De víctima a tratante?

“Eran militares, policías municipales, policías estatales, hombres adultos los que pagaban por tener sexo conmigo, con una niña”, pronuncia Ana con coraje. En los recuerdos de ella y sus hermanas hay un mapa que las atormenta todos los días. Las movían a los municipios del cono sur: recorrieron Ticul, Chumayel, Peto, Izamal y Sinanche. En algunas ocasiones también las trasladaron a Quintana Roo.

“A diario pensaba en la forma de terminar con mi vida, en suicidarme”, dice con voz seria y los ojos al borde del llanto.

Ana fue entrevistada en la cárcel. Ese día vestía un pescador de mezclilla color azul, una blusa lila y unas chanclas. Tenía el cabello recogido y la cara lavada. La voz se le entrecortaba por momentos, demostrando la cantidad de años que tuvieron que pasar para ser escuchada. Pensó que la habían olvidado.

Cuando la arrestaron tenía 18 años y nadie le creyó que desde los 14 había sido prostituida por una pareja que la privó de su libertad. En ese momento no tuvo la oportunidad de defenderse ni la de acceder a una defensa con perspectiva de género. Pasó de víctima de trata en la modalidad de explotación sexual a ser señalada como tratante. La acusaron de prostituir a sus hermanas de 11 y 13 años y a sus primas, quienes, al igual que ella, también fueron prostituidas.

Hoy no está sola: sus hermanas -ahora adultas-, María y Magdalena, han intentado en varias ocasiones pedir que retiren los cargos. Pero antes, se preguntaban a diario qué podían hacer ellas si nadie les hacía caso. Para su sorpresa, fue en el Cereso del municipio de Tekax en donde encontraron la respuesta. Ahí, aunque parecía poco probable, las mujeres privadas de su libertad se articularon para obtener verdad y justicia.

En la cárcel, además, conoció a otras mujeres. Algunas encarceladas por cometer legítima defensa. En pocas palabras, encarceladas por luchar para no ser víctimas de feminicidio. Ellas le contaron de un abogado que acompañaba su caso. Ana, con desconfianza, pero ya sin nada que perder, lo contactó.

A la mayoría de las mujeres mayas de esa cárcel las unió el deseo de ser libres y de demostrar su inocencia. Sus historias no son menos importantes.


NOTA: Los nombres de algunas de las personas mencionadas en el reportaje fueron modificados para resguardar su seguridad.


Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.


La autora

Claudia Victoria Arriaga Durán es periodista en Yucatán especializada en género, derechos humanos, migraciones y tierra y territorio. Finalista del Premio Nacional de Periodismo 2023 en la categoría caricatura, historieta y animación. En 2022 ganó el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Sur del Border Center for Journalists and Bloggers. Ha sido becaria de la International Women’s Media Foundation, de Puentes de Comunicación, del Border Hub, de Cosecha Roja y Proyecto Anfibia.


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