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A punta de convenios ‘extra’, Gobierno de Rocha Moya pagó $99.5 millones más de lo acordado en ejecución de obra

En una revisión realizada por Noroeste a documentos publicados en Compranet, se detectó que la Secretaría de Obras Públicas otorgó contratos por licitaciones y adjudicaciones directas a empresas que hacían la propuesta más barata, y luego mediante convenios, en algunos casos lo incrementaron por encima de lo que permite la Ley

La Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa pagó 99 millones 581 mil 112 pesos más de lo acordado en los contratos de 88 obras, utilizando la misma operación para llevarlo a cabo: firmando convenios para incrementar los costos de los trabajos de obra. Esto ocurrió mientras José Luis Zavala Cabanillas encabezó la dependencia, en la administración del Gobernador Rubén Rocha Moya.

En una revisión realizada por Noroeste a datos y documentos obtenidos de la plataforma Compranet Sinaloa de obras realizadas entre 2022 y 2023, los convenios realizados suman un universo de 948 millones 931 mil 496 pesos, de 850 millones 380 mil 384 que habían sido contemplados originalmente por Obras Públicas.

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Al menos en tres ocasiones los convenios que realizó la Secretaría rebasaron el 25 por ciento que permite la ley para incrementar los costos de las obras respecto al importe de origen, con convenios que aumentaron la cantidad a pagar hasta en un 48.31 por ciento, pero haciendo uso de la etiqueta “convenio especial”.

Además, todos los convenios para incrementar el importe justifican el pago adicional con haber realizado un dictamen técnico, que no aparece entre los documentos que transparenta la dependencia.

Este modus operandi fue detectado en documentación fechada entre enero de 2022 y abril del 2023, en obras de licitaciones públicas y adjudicaciones directas.

Caso Grobson

Grobson S. de R. L., la empresa a la que en diciembre de 2022 se le cayeron cinco vigas de 25 metros durante la reconstrucción del puente de El Quelite, obtuvo 15 millones 411 mil 753 pesos más de lo acordado por dos licitaciones para la rehabilitación de un drenaje colapsado en la calle Niños Héroes en la ciudad de Los Mochis, en Ahome, entre mayo y julio de 2022.

En la primera licitación, Grobson trabajó con Boscoso Ingeniería y Construcción S. A. de C. V., con contrato firmado por ésta, el 9 de mayo de 2022; en esa ocasión la Secretaría pagó 7 millones 045 mil 651 pesos más de lo acordado mediante un convenio especial, dando un total de 24 millones 757 mil 996 pesos, que representa un aumento del 39.78 por ciento del importe original.

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa sólo permite aumentar hasta un 25 por ciento el importe de los contratos, de acuerdo con la fracción III del Artículo 84; sin embargo, el convenio especial abre la posibilidad a circunstancias no imputables a la contratista, según la fracción V del mismo Artículo.

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El fallo de adjudicación de esta obra señala que de nueve contratistas que presentaron sus propuestas, a cuatro les faltaron documentos y cuatro más obtuvieron entre 30 y 31 puntos, por lo que fueron desechadas, mientras que la ganadora, Boscoso, obtuvo 49 de 50 puntos posibles.

Con este convenio especial celebrado, la obra pasó de costar la menor cantidad posible del presupuesto base, a costar por encima del máximo posible respecto al presupuesto de la convocatoria, con 5 millones 077 mil 613 pesos más.

El 22 de julio de 2022, la empresa Grobson firmó un segundo contrato de licitación por la rehabilitación del mismo drenaje colapsado, en otra cuadra de la calle Niños Héroes en Los Mochis; por esta obra firmó un contrato de 20 millones 952 mil 770 pesos, que con un nuevo convenio especial pasó a costar 29 millones 318 mil 872 pesos, es decir, 8 millones 366 mil 101 pesos más de lo acordado, lo que representó un 39.93 por ciento más respecto al importe de origen.

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El fallo de adjudicación de la obra señala que de ocho contratistas que presentaron sus propuestas a la Secretaría, tres no presentaron documentación requerida y de los cincos restantes, a tres les desecharon sus propuestas porque tenían entre 30 y 31 puntos; al final Grobson resultó ganadora por tener 49 de 50 puntos posibles y el otro contratista tuvo fallas en las operaciones aritméticas que le solicitó Gobierno.

Además de los convenios especiales con Grobson, el Gobierno pagó 74 mil 337 pesos más por la rehabilitación de un pozo de agua potable en Angostura a Construcciones Electromecánicas Omar, S. A. de C. V., al realizar un convenio para incrementar el importe en un 48.31 por ciento, que en total la obra costó 228 mil 227 pesos.

Al respecto, la directora de Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes, consideró que aunque los convenios modificatorios son legales, es importante que las autoridades fiscalizadoras revisen cuando se está haciendo uso indebido de este mecanismo.

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“Verificar si el convenio modificatorio está justificado, que cumpla lo que decíamos del 25 por ciento y en caso contrario, cuando se está pasando del límite ahí sí amerita una denuncia e incluso una investigación a fondo porque se supone que tú le adjudicas esta obra a una empresa que ya te presentó una propuesta, que tú la valoraste, que quizás tiene la mejor calidad, etcétera, entonces todo eso ya lo debiste haber contemplado, no hay motivo para que de un día para otro te suba de manera exorbitante los precios”.

En ese sentido, señaló que el que existan tantos convenios para incrementar el importe de las obras habla de una mala planeación y preocupa que el Gobierno haga estas prácticas para despilfarrar recursos públicos en beneficio de particulares, debido a que continúan en la opacidad documentos como los estudios de mercado y el dictamen técnico con el que justifican el costo adicional de los trabajos de obra.

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Adjudicaciones directas a sobrecostos

De 32 adjudicaciones directas en las que la Secretaría de Obras Públicas aprobó convenios para incrementar el importe de las obras, 14 excedieron el monto que permitía la ley; además, por estas obras la dependencia pagó 3 millones 779 mil 591 pesos adicionales a lo acordado mediante dichos convenios realizados entre 2022 y 2023, durante el periodo de Zavala Cabanillas como titular de la dependencia.

El Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa señala que las adjudicaciones directas pueden realizarse cuando el importe de la contratación tenga un costo de hasta 15 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, UMA, más el impuesto al valor agregado.

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En 2022, la UMA tenía un costo de 96.22 pesos, es decir, la adjudicación directa podía llegar en ese entonces hasta un millón 674 mil 228 pesos, incluyendo el IVA; y en 2023, la UMA tenía un costo de 103.74 pesos, por lo que el importe de la contratación podía llegar hasta un millón 805 mil 076 pesos, con el IVA.

Para la rehabilitación en camino Agua Calientita, en el municipio de Sinaloa, la dependencia había presupuestado un millón 670 mil 720 pesos, de acuerdo al dictamen de análisis y evaluación de propuestas. La Secretaría invitó a participar a tres contratistas, la propuesta de Gabriel González Fonseca fue la única que no rebasó el presupuesto autorizado al cobrar un millón 613 mil 480 pesos, por lo que firmaron contrato el 9 de marzo de 2022; no obstante, el contratista y la dependencia realizaron un convenio de importe con el que la obra pasó a costar , un 24.95 por ciento más, es decir, 2 millones 016 mil 043 pesos que sobrepasa el monto permitido para hacer una adjudicación directa.

El 18 de abril de 2022, la empresa Diseños y Obras Gropsa, S. A. de C. V. fue contratada para pavimentar dos calles de la colonia 21 de Marzo, en Culiacán, cada una con su respectiva adjudicación. Para la pavimentación de la avenida Fray Andrés Tello, la contratista cobraba un millón 487 mil 111 pesos, pero con el convenio para incrementar el importe cobró un 20.18 por ciento más, que en pesos, representa 300 mil 135 adicionales, es decir, que cobró un millón 787 mil 246 pesos, que excede lo que permitía la ley para no licitar en tal año. De igual forma, para la pavimentación de la avenida Coronel Calixto Peña cobraba en un inicio un millón 486 mil 380 pesos, pero con el convenio pasó a cobrar un 22.6 por ciento más del importe original, es decir, 335 mil 948 pesos adicionales.

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Por el mejoramiento de la red de baja tensión eléctrica al interior del centro penitenciario Aguaruto, en Culiacán, la Secretaría de Obras Públicas excedió la cantidad que podía pagar al contratista, Octavio Angulo Camacho, por adjudicación directa. Cuando la dependencia firmó el contrato el 8 de julio de 2022, el costo de la obra era de 2 millones 349 mil 884 pesos, lo que desde un inicio excede el monto que permite la ley; sin embargo, con la realización de un convenio la obra costó finalmente 2 millones 429 mil 884 pesos, que representa un incremento del 3.40 por ciento.

Casos similares en los que adjudicaciones directas excedieron el monto que permite la ley por haber realizado convenios hubo dos más en Culiacán con la pavimentación de concreto hidráulico de la avenida Francisco Roque Serrano de la colonia Pemex y con la terminación de la unidad local de asistencia a mujeres víctimas de violencia; también dos en Badiraguato con la construcción de un pozo profundo en la localidad de El Llano de los Rochín y por la construcción de baños y grasas en la localidad de Huixiopa; dos más en Mazatlán con la rehabilitación de sandblasteo y pintura de la presa Picachos y la demolición del antiguo edificio de Seguridad Pública; en Rosario, con los trabajos de desazolve y dragado de un canal del Río Baluarte; en Choix con la construcción de plataformas para vivienda; en Angostura por la pavimentación de la calle Ramón F. Iturbide en la localidad de la Reforma; y en San Ignacio por la rehabilitación de aproche en puente Duranguito.

Gustavo Rojo Navarro, director de Observatorio Ciudadano de Mazatlán comentó casos similares han ocurrido en el puerto, donde para evitar licitaciones públicas, el Gobierno ha fraccionado obras que van para un mismo contratista.

“Por ejemplo, una calle donde le metían el cambio del drenaje, el cambio de la línea de agua potable y la pavimentación la partían en tres obras: una era la obra hidráulica, otra la obra sanitaria y la otra pavimentación, pero eran los tres contratos consecutivos y los tres contratos se le asignaban al mismo contratista, lo hacían únicamente para evitar la licitación pública”.

“Ese tipo de prácticas las encontramos, por ejemplo, cuando remodelaron el malecón en 2017 y encontramos que los contratos que se celebraron originalmente eran por 30 días. Entonces, ¿cuándo iban a terminar una obra de esa magnitud en 30 días? Comenzaban a hacer modificaciones y vimos varias prácticas en el tema de los convenios modificatorios, es un tema de análisis; creo que están contraviniendo lo que establece la ley”.

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Noroeste pudo constatar la realización de algunas obras en Culiacán que tuvieron un costo adicional al importe de origen mediante convenios modificatorios, como la construcción de una gasa de salida en puente Musala y bulevar Diego Valadés, la pavimentación de la avenida Coronel José Rentería en la colonia 21 de Marzo, la calle Francisco Javier Gaxiola en la colonia Guadalupe Victoria, la rehabilitaciones y adecuaciones de oficinas de Confíe en el Parque Temático y la rehabilitación del Parque Las Amapas en la sindicatura de Aguaruto.

Convenios exceden presupuestos base

El modo de operar de la Secretaría fue similar en la mayoría de los convenios que hizo para incrementar el costo de las obras, de acuerdo con los documentos analizados publicados en Compranet, todos los contratistas que resultaron ganadores en las licitaciones y las adjudicaciones directas habían hecho la propuesta más austera en relación al presupuesto base de las obras; sin embargo, con el convenio de importe pasaban a solicitar el presupuesto máximo posible o incluso sobrepasarlo, situación que replicaron en 31 obras.

Las rehabilitaciones de drenaje colapsado en Ahome en las que participó Grobson en 2022 fueron dos de las obras que más sobrepasaron el presupuesto base, en la licitación pública del 9 de mayo, la dependencia sobrepasó el presupuesto con 5 millones 077 mil 613 pesos y en la del 22 de julio sobrepasó con 6 millones 038 mil 016 pesos.

Otra de las obras que sobrepasó el presupuesto base por cantidades importantes fue la construcción de la primera etapa del malecón de la cabecera municipal de Badiraguato, que en el contrato original costaba 38 millones 379 mil 615 pesos y con el convenio de importe la Secretaría pagó 7 millones 602 mil 452 pesos más, es decir, tuvo un costo de 45 millones 982 mil 067 pesos, que sobrepasó el presupuesto base con 3 millones 338 mil 051 pesos, con beneficio a Boscoso, contratista que había colaborado con Grobson en la rehabilitación de un drenaje colapsado.

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Durante el 2022, la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa realizó la mayoría de los convenios, 81 específicamente, que representaron 94 millones 823 mil 118 pesos más del importe de origen en los contratos, mientras que en 2023, la dependencia realizó siete convenios, con los que la Secretaría pagó, en total, 4 millones 757 mil 993 pesos más de lo acordado.

Cabe mencionar que durante el desarrollo de esta investigación no se encontraron documentos en los que el actual Secretario de Obras Públicas, Joaquín Alberto Landeros Güicho, haya participado para incrementar el importe a pagar por trabajos de obra a los contratistas.

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El 21 de diciembre del 2023, Noroeste publicó que el gobierno de Rubén Rocha Moya pagó 9.9 millones de pesos más por la rehabilitación de un tramo de la avenida Álvaro Obregón, en Culiacán.

El fallo de adjudicación de contrato de la licitación advierte que el rango era de 89 millones 690 mil 998 pesos hasta 99 millones 656 mil 664 pesos y que con este cambio la pavimentación pasó a costar el máximo posible respecto al presupuesto base.