Vinculan a proceso a ex funcionarios de la UAS por no licitar $7 millones por servicios a vehículos; llaman corrupta a Fiscalía

CULIACÁN._ Tras una audiencia de casi 10 horas, Jesús Madueña Molina, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa separado del cargo , y los miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos Servicios y Obra Pública durante su gestión, fueron vinculados a proceso por no licitar 7 millones 269 mil 229 pesos en servicios de mecánica general como carrocería, automotrices, tapicería, arrastre de grúas, aires acondicionados a vehículos y camiones de la institución en 2022.

En esta ocasión Héctor Melesio Cuén Díaz, Soila Maribel Gaxiola Camacho, Jorge Pérez Rubio y Óscar Orlando Guadrón fueron vinculados por el delito de desempeño irregular de la función pública, al ser quienes concordaron las compras con el proveedor.

Mientras que Madueña Molina fue vinculado bajo el delito de ejercicio indebido de la función pública, al no informar al Consejo Universitario de que las licitaciones no se hicieron por adjudicación pública ni evitó el daño patrimonial a la casa rosalina.

Según detalló la Fiscalía Anticorrupción, del 15 de febrero al 1 de diciembre de 2022, el proveedor Jesús Ramón López Solís, dueño del taller mecánico Cronos Speed con sede en Culiacán, expidió 921 comprobantes fiscales digitales por un monto de 8 millones 175 mil 265.46 pesos, de la cuales, nueve estaban canceladas y sumaban un monto de 190 mil 722.09 pesos.

Este desembolso se realizó con recurso público estatal y mediante adjudicación directa, según los depósitos realizados al proveedor, y que, de acuerdo a la Fiscalía, debió realizarse por licitación pública e invitar al menos a tres proveedores más.

Según el propio dueño del taller, este no contaba con el personal suficiente para sostener los servicios que solicitaba la universidad por lo que requería de otros talleres y proveedores de distintos giros para solventar las necesidades, realizando servicios que luego vendía a sobrecosto a la casa de estudios, lo cual significó en daños al patrimonio de la UAS.

De acuerdo a la Fiscalía, el taller solo cuenta con cuatro empleados, Carlos Enrique González, quien se encarga de conseguir clientes; María de Jesús Vázquez, secretaria y quien además realiza funciones de pago de nóminas y cotizaciones, así como dos mecánicos.

A su vez, destacaron que todas las órdenes de compra excedidas en más de 3 millones de pesos fueron firmadas por Héctor Melesio Cuén Díaz, quien fungía como director de bienes y servicios del comité.

La audiencia se extendió debido a los comentarios vertidos por la defensa quienes entre otras cosas, señalaron que el recurso del cual se hacía referencia era dinero federalizado, por lo tanto le correspondía a la Auditoría Superior de la Federación llevar a cabo la fiscalización, misma que en 2022 no detectó ninguna irregularidad.

A su vez, mencionaron que los trabajadores de la UAS no podían considerarse como servidores públicos.

Durante el desahogo de la audiencia, de la carpeta 632/2024 judicializada en mayo de este año, el apoderado de la UAS, Yamir de Jesús Valdez, vertió comentarios en contra de la polémica alrededor de la Fiscalía General del Estado.

Señaló que era una Fiscalía corrupta, que fabrica pruebas y por eso la ex fiscal tuvo que renunciar al cargo.

Asimismo, el asesor victimal de la universidad, Ramón Bonilla, dijo que la Fiscalía está en duda por los señalamientos de la Fiscalía General de la República y aseguró que eran la fiscalía más corrupta de México.

A esos señalamientos se sumó el abogado Alfonso Carlos Ontiveros Elgueazábal, quien presentó una denuncia oral contra la ex Fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada por abuso de autoridad derviado de los hechos señalados por la FGR y que la orillaron a renunciar.

Indicó que la Ley le permite presentar la denuncia oral y lo hacía ante cinco agentes del Ministerio Público que se hallaban en la sala.

El Juez Carlos Alberto Herrera consideró que había datos de prueba suficientes para presumir que cometieron los delitos y dictó auto de vinculación a proceso. Como medidas cautelares se les prohibió salir del País sin autorización previa y se deberán firmar cada mes, además de que estas firmas las homologó para todas las cusas que les competen.

Por su parte, dio a la Fiscalía tres meses para la investigación complementaria.