Vinculan a noveno proceso penal a Jesús Madueña y Comité por compras a $55 millones, sin licitar

Autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa fueron vinculadas a proceso por una nueva acusación por presuntas compras irregulares, nuevamente por equipos de cómputo y accesorios, a 55 millones 57 mil pesos durante 2022, sin seguir los procesos legales de licitación pública.

Representa la novena vinculación a proceso penal para el Rector separado del cargo, Jesús Madueña Molina; mientras que para los miembros del Comité de Adquisiciones de la UAS, es la séptima ocasión. Se incluyen a Soila Maribel Gaxiola, Jorge Pérez Rubio, Salvador Pérez Martínez, Óscar Orlando Guadrón y Héctor Melesio Cuén Díaz.

En este caso, la Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa expuso como principales datos, que entre el 4 de junio y el 12 de diciembre del 2022, la UAS celebró contratos de manera directa con César Abraham Cuadras López, por cifras que requerían licitarse.

Detallaron que el gasto de 55 millones 57 mil 847.2 pesos se distribuyó entre 2 mil 625 comprobantes fiscales digitales por internet. No obstante, ese monto correspondía a todo el 2022, no solo al periodo señalado.

Para demostrar que celebraron las transacciones, proporcionaron órdenes de compra firmadas por Melesio Cuén Díaz, quien era Director de Control de Bienes e Inventarios de la UAS.

Entre los testigos clave que recogió la Fiscalía, está Flor Cuén García, quien es empleada de Cuadras López, y confirmó que ellos le venden a la Universidad, pero nunca han participado en licitaciones.

Por otro lado, presentaron un informe de una perito fiscal, quien analizó los comprobantes de todo el 2022, y determinó que hubo un sobreprecio total de 18 millones 725 mil 108.88 pesos, lo que representó un perjuicio a las finanzas de la UAS.

Para ejemplificar los sobreprecios, la Fiscalía explicó que Abraham Cuadras es dueño de un corporativo de varias empresas, las cuales utiliza para comprar productos y luego revenderlos más caro.

En ese sentido, mostraron una operación, mediante la cual Soluciones en Informática del Noroeste, propiedad de Cuadras López, le vendió a él, como persona física, una computadora por 14 mil 325.65 pesos; esa misma computadora, la revendió a la UAS por 26 mil 216 pesos.

Los argumentos, tanto del representante legal de la UAS como los abogados defensores, consistieron en que la universidad no pertenece a la administración pública, o que el recurso con el que pagaron los equipos es de origen federal.

Respecto a los acusados, afirmaron que no podían considerarse como servidores públicos, ya que su relación contractual con la universidad es equiparable a la de una empresa privada.

También enfatizaron que los periodos señalados por la Fiscalía no coincidían, ya que la acusación era entre junio y diciembre del 2022, pero el monto total obedecía a todo el año 2022.

El Juez vinculó a proceso, y puso como medidas cautelares la suspensión temporal del cargo contra los funcionarios universitarios, así como la prohibición para salir del País sin previa autorización judicial.

Al momento de definir, también advirtió que el proveedor César Abraham Cuadras López ya ha sido mencionado en otros tres procesos penales por compras similares, por lo que se demuestra una intención de la UAS por favorecerlo.