Traslado de 29 capos a EU no obedeció a razones legales, sino a un posible acuerdo para evitar sanciones: FAS
CULIACÁN._ El traslado de 29 narcotraficantes a EU no fue solo un procedimiento legal, sino parte de un posible acuerdo para evitar sanciones comerciales, señaló el presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa, Francisco Javier Villarreal Gastélum.
Explicó que las autoridades federales se basaron en el artículo 5 de la Ley Nacional de Seguridad Pública, que permite el traslado de personas acusadas de ciertos delitos. Sin embargo, si los afectados tenían amparos en trámite, se habría violado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, que protegen contra actos de autoridad que afecten derechos fundamentales.
“Desde luego ese fue el trato o la condición que puso Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos desde el primer día de su Gobierno y automáticamente desde ese día que levantó la voz sobre la amenaza arancelaria se pusieron las pilas aquí en México y empezaron a actuar en consecuencia”, apuntó.
“Empezaron a activarse empezaron a liberar acción del Ejército Mexicano y las Fuerzas Federal y ahí están los resultados”, dijo.
Criticó que el procedimiento de traslado no cumplió con los lineamientos establecidos para la extradición.
“Hay una violación a la extradición internacional que debe seguir los pasos a seguir como debería de ser de una norma internacional desde luego que si hay una violación y esto da margen a que este traslado sea una parte de convenio para efectos de evitar un arancelario al estado mexicano”, indicó.
El 27 de febrero, el Gobierno de México trasladó a 29 narcotraficantes a Estados Unidos, entre ellos figuras como Rafael Caro Quintero, detenido en 2022 en el municipio de Choix, en Sinaloa, así como José Ángel ‘El Güerito’ Canobbio detenido en Culiacán el pasado mes de febrero.
Posterior a esta entrega, el Secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch justificó que existía el riesgo de que algunos de los detenidos fueran liberados en México o que sus procesos judiciales se siguieran retrasando debido a posibles acuerdos con jueces que buscaban favorecerlos, como ocurrió en ocasiones anteriores.
Durante esa misma conferencia, el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, aclaró que las sentencias de los narcotraficantes no serán determinadas por el Gobierno de Estados Unidos, sino por jueces. Además, afirmó que los 29 capos no fueron extraditados, sino entregados por razones de seguridad nacional.
