Tras agresión de policías, activista exige coordinar mecanismos de protección entre estados
El activista Miguel Ángel García Leyva denunció la inefectividad en los Mecanismos de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que exige su modificación y mejora de la coordinación entre los programas estatales para garantizar la seguridad de los denunciantes.
La noche del 15 de septiembre, García Leyva fue golpeado y acosado por elementos de la Policía de Mexicali durante un viaje de trabajo para dar seguimiento a casos de desaparición forzada, donde no contó con el respaldo de los organismos defensores en los que está registrado.
“Pido al mecanismo, al Instituto de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos aquí en Sinaloa, que se coordinen, así como fue en el estado de Baja California; que haya una coordinación entre los organismos de los estados porque es elemental, porque el organismo federal realmente no está cumpliendo como tal”, demandó Miguel Ángel García Leyva.
Como asesor legal y coordinador de enlace de la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad, viajó a Mexicali para dar seguimiento a ciertos casos y luego viajó a Sonora.
Sin embargo, la noche del Grito de Independencia fue violentado por elementos policiales en el Centro Cívico de Mexicali durante la celebración, detalló.
“El día 15 de septiembre, a las 23:00 de la noche, recibí una acción directa de un grupo de policías, quienes me agredieron y actuaron con abuso de autoridad, lógicamente yo me resistí a una detención arbitraria y prácticamente me torturaron públicamente”, relató.
Después del atentado acudió al Hospital General de Mexicali, donde le negaron la atención pues sus lesiones no eran visibles, característica de los ataques por agentes de fuerzas armadas, indicó.
“Me dijeron en el Hospital General de Mexicali que no había lesiones y que estas heridas tardaban en sanar tres días con un algodoncito y unas pastillitas para el dolor”, agregó apoyando su brazo derecho en un cabestrillo, mientras mostraba costras en la mano izquierda.
Informó que a la mañana siguiente asistió al Desfile Cívico Militar para pedir apoyo a la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda; la Presidenta Municipal, Norma Alicia Bustamante Martínez; la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade y agentes de la Guardia Nacional.
Dijo que alrededor de las 10:59 horas interpuso la denuncia 0202-2023-31958 ante la Fiscalía General del Estado de Baja California firmada por Héctor Jair López Vilchis, agente del Ministerio Público Orientador, con el sello de la Unidad Modelo de Atención Ciudadana Poniente, Zona Norte.
Declaró que los atacantes lo siguieron y hostigaron durante el día, pero fue auxiliado por abogados como activistas locales para regresar a Culiacán esa noche.
Actualmente recibe servicio médico por lesiones internas como externas y señaló que regresará a Mexicali para dar seguimiento a la denuncia cuanto mejore sus condiciones de salud.
Resaltó estar registrado en mecanismos estatales del Instituto de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, pues en Sinaloa se registró el 24 de agosto, acto que repitió en Baja California al arribar.
Dichos programas los calificó como una simulación de protección por parte de las autoridades, pues las acciones son ineficientes para salvaguardar la integridad de los solicitantes, añadió.
“Hay una simulación dentro de los mecanismos, habrá excepciones y los respeto a aquellos que realmente ejercen su función, pero a pesar de que tenemos, por ejemplo, yo traigo un botón de pánico desde hace cinco años, pero este botón de pánico sirve para dar más pánico”, dijo.
Incluso ha sido auxiliado por civiles armados portando equipo, armamento y uniformes de elementos de la Guardia Nacional, afirmó.
“Cuando lo activamos (botón de pánico) para solicitar respaldo del mecanismo, de las autoridades, estoy bajo la protección, me monitorean y me da seguimiento la Guardia Nacional, desgraciadamente a veces me ha tocado que me dan protección grupos de la delincuencia organizada que andan camuflados usurpando funciones de la Guardia Nacional”, señaló.
Aseguró que ha sufrido agresiones similares accionadas por agentes policiacos en Sinaloa anteriormente, a raíz de una investigación por un asesinato extrajudicial a manos de militares.
También en el 2015 denunció actos de corrupción e irregularidades sobre la Secretaría de Gobernación ante el mecanismo federal, del que fue expulsado después de su solicitud.
“Creo que siguen esas fallas, esas cuestiones que vienen a atentar también contra los mecanismos y eso impide que estén haciendo una acción real de protección”, comentó.