Suprema Corte declara inconstitucional reforma que criminaliza aborto en Sinaloa
Las mujeres que aborten en la entidad de Sinaloa no podrán ser criminalizadas.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó un proyecto en el que planteó despenalizar el aborto en Sinaloa, lo cual fue respaldado con ocho votos por las y los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, destacando que los derechos humanos se pueden ampliar si no se distorsionan, pero no disminuir.
Gutiérrez Ortiz Mena planteó la autonomía reproductiva y retomó las acciones de inconstitucionalidad acumuladas que presentaron las y los integrantes de Morena en la 63 Legislatura del Congreso de Sinaloa, coordinada por Graciela Domínguez Nava y Rosario Romero López, así como la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ambas por la reforma que se hizo antes de finalizar la 62 Legislatura, en relación a la protección de la vida desde la concepción.
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, declaró inconstitucional la reforma al Artículo 4 constitucional, Bis A fracción 1, por proteger la vida desde la concepción.
Con esta decisión del Poder Judicial federal, el Congreso de Sinaloa se ve en la obligación de reformar la Fracción 1 del Artículo 4 constitucional, así como deben derogar, es decir, eliminar, los artículos del Código Penal del 154 al 158.
Alberto Pérez Dayán agradeció a Gutiérrez Ortiz Mena poner el tema y las observaciones en el Pleno, abundando que en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos dice en el primer artículo que se garantiza el goce de protección de derechos humanos, lo cual no se replica en las entidades, por lo que pidió que así sea, en relación a los derechos sexuales y reproductivos
La Ministra Norma Lucía Piña Hernández explicó que no es si se está a favor o en contra de la vida o de los derechos de las mujeres, sino de acuerdo a la Constitución, qué derechos corresponden a la ciudadanía, por lo que legislar como sucedió en Sinaloa en 2018, es inconstitucional, excluyendo derechos para tener una vida plena y digna, como con la salud y educación, especialmente hablando de la sexualidad y reproducción, afectando dignidad y autonomía.
El Ministro Luis María Aguilar Morales destacó que el tema de Gutiérrez Ortiz Mena se trata con prudencia y contundencia política, pues la protección de la vida desde la gestación puede distorsionar la universalidad de los derechos humanos y atentar contra algunos, por lo que las entidades se deben apegar a un techo normativo con los principios de universalidad y seguridad jurídica.
La Ministra Yasmín Esquivel Mossa manifestó que los derechos no pueden restringirse ni suspenderse, por lo que rechazó que el Congreso del Estado de Sinaloa tuviera competencia en legalizar de esta manera, por lo que detalló que si la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en el Artículo 1 que los derechos humanos son para todas las personas, una legislación local no puede ir en contra.
Ana Margarita Ríos Farjat, Ministra, dijo que la complejidad radica en que en Sinaloa se equiparó el embrión con la persona, señalando como individuos desde la concepción, sin embargo, dijo que cada quien tiene una verdad moral, religiosa y demás, pero que esta no puede ser impuesta sobre otras personas y sus derechos.
Lo que el Estado debe de salvaguardar, enfatizó, son los derechos y no corresponde a las y los legisladores de Sinaloa tener retroceso en ellos.
El Ministro Javier Laynez Potisek rechazó la criminalización de la mujer por la interrupción del embarazo, ya que en Sinaloa se señala desde cuando se es persona, pero cuestionó que una legislatura local pueda determinar esto.
Por otro lado, lo que pidió fue mejorar el sistema de salud y el acompañamiento de la madre durante el embarazo.
