Sinaloa se encuentra en el tercer lugar nacional en denuncias por tortura
Sinaloa es el tercer estado que registró más denuncias en el tema de tortura en el 2023, siendo superado por Ciudad de México y el Estado de México.
Durante el 2023 en Sinaloa fueron presentadas 53 denuncias por tratos de tortura ante la Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado de Sinaloa, de acuerdo al informe Observatorio contra la Tortura realizado por las organizaciones Documenta, Fundar, Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo, y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín.
Sinaloa solo es superado por el Estado de México con 61 denuncias en 2023, y la Ciudad de México con 60 denuncias presentadas por delito de tortura.
Si bien Sinaloa se encuentra en el tercer lugar con más denuncias en el tema de tortuga a nivel nacional, esto no representa que sea el tercer estado que inició más carpetas de investigación por este delito, pues las investigaciones pueden ser iniciadas por oficio o por instrucción de un juez.
En el estado, durante 2023, las carpetas de investigación iniciadas únicamente respondieron a denuncias realizadas por las víctimas, pues no existieron investigaciones de oficio o por petición de jueces.
De las 53 denuncias presentadas se iniciaron carpetas de investigación de 52, mismas que representan 70 víctimas.
De acuerdo con la Ley General contra la Tortura, por regla general, puede cometer tortura cualquier servidor público que cause intencionalmente un dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona con cualquier finalidad. Las personas particulares también pueden cometer tortura cuando causen ese dolor o sufrimiento con la participación o consentimiento de un servidor público.
A nivel nacional durante el 2023 se iniciaron 4 mil 592 carpetas de investigación por delito de tortura, las cuales comenzaron en un 10.4 por ciento por denuncia interpuesta, 18.8 por oficio, y 67.5 por petición de un juez.
Estas investigaciones representan a nivel nacional 5 mil 786 víctimas, de las cuales 4 mil 609 son hombres, 865 son mujeres, y 312 son víctimas sin sexo identificado.
De las más de 4 mil 500 investigaciones por tortura a nivel nacional solo lograron iniciarse procesos penales en 18 casos, ninguno de ellos en Sinaloa. Los casos judicializados se registraron en Oaxaca con 7 casos ante un juez, Baja California con 6, Tamaulipas con 1, Puebla con 1, Jalisco con 1, Querétaro con 1 y el Estado de México con 1.
Desde el 2017 se publicó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en México, y desde esa fecha se acumulan en Sinaloa 901 carpetas de investigación por tortura que continúan clasificadas como en ‘proceso’.
Estas 901 investigaciones en proceso posiciona a Sinaloa como también el tercer estado a nivel nacional con más carpetas de investigación acumuladas en curso por el delito de tortura, solo por debajo de Ciudad de México con 2 mil 363 y el Estado de México con 986.
También desde el 2017 se han registrado 40 denuncias que terminaron con el no ejercicio de la acción penal, es decir, no se castigó a los presuntos señalados al no encontrarse pruebas suficientes del delito de tortura o al determinar su inocencia ante un juez. Además, 60 investigaciones se mantienen en reserva por parte de la autoridad que las investiga por lo que no es posible conocer su estado, y dos se encuentran en archivo temporal pues no existen los elementos para continuar con su indagación.
De las mil 3 carpetas de investigación iniciadas en Sinaloa por el delito de tortura, ninguna ha sido judicializada al 31 de diciembre del 2023, de acuerdo al informe nutrido de información otorgada por la FGE y FGR.
En cuanto al personal disponible para realizar las investigaciones, la Fiscalía del Estado de Sinaloa tiene 8 agentes del Ministerio Público para atender casos de tortura, y si bien se establece que la FGR tiene a nivel nacional 73 agentes, en el informe no se especifica cuántos de ellos se encuentran en Sinaloa.
En el informe se detalla que en relación a las autoridades señaladas por cometer tortura a nivel nacional se encuentran en primer lugar elementos de las fiscalías generales del estado, después personal de las secretarías estatales de seguridad pública, seguido de las policías municipales y el sistema penitenciario.
