Servidoras públicas acusan hostigamiento sexual y discriminación por funcionarios

CULIACÁN._ Hostigamiento, contacto físico no consensuado, discriminación y negligencia por parte del funcionarios municipales, como estatales, es lo que denuncian Noemí Rivera y Sarah Salas, servidoras públicas que luchan por la defensa de sus derechos desde hace más de un año.

El Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, Leobardo Gallardo Beltrán; el ex director regional de la Secretaría de Bienestar en Sinaloa, Antonio Aguilar Gómez; el jefe del Departamento de Educación Física de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Juan de Dios Quintero López, son algunos de los funcionarios acusados de hostigar sexualmente a las denunciantes.

“Está la omisión, está el acoso sexual por parte de Juan de Dios (Gámez Mendívil), está la discriminación que se ha vivido con Leobardo Ballardo, ahorita lo premiaron con ser Magistrado, entonces, sí es una cadenita de cosas que no están bien, ni para mí, ni para la sociedad”, aseguró la activista de apellido Rivera.

Según palabras de Noemí, trabajadora de la Secretaría del Bienestar en Sinaloa, su caso se remonta a 2021 cuando su entonces jefe, Antonio Aguilar Gómez, la tocó indebidamente a la vez que le hacía insinuaciones de índole sexual.

Noemí denunció los hechos con María Teresa Guerra Ochoa, titular de la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa, sin recibir la atención debida como la autoridad competente.

Señaló que sí hubo comunicación con Juan de Dios Gámez Mendívil, en su momento delegado de Bienestar, a quién se le explicó la problematica con Antonio Aguilar, pero su respuesta fue otro episodio de acoso.

“La violencia hacia la mujer no sólo es ejercida de hombres hacia mujeres, sino de mujeres que están en el poder y protegen a nuestros abusadores”, lamentó.

Esto le valió hostigamiento laboral y ser cambiada de área al Banco del Bienestar, cubriendo pagos de pensiones a personas con discapacidad y adultos mayores, principalmente, en localidades.

Posteriormente interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Además de la omisión de Guerra Ochoa, apuntó a otra mujer en el servicio público; Abigail Monroy Acosta, quien fungía como encargada de Recursos Humanos en la Secretaría del Bienestar, de negar la vacuna contra Covid-19 para su hijo, quien perdió la vida el 13 de diciembre del 2022, a causa de esa enfermedad.

Esa fue la gota que derramó el vaso para que Noemí Rivera iniciara su activismo en la defensa de los derechos humanos tanto de mujeres, como niños y niñas víctimas de negligencia por parte del Gobierno, de las autoridades que prometen proteger a la ciudadanía.

“Que atiendan mi caso, que atiendan el caso de las demás mujeres, que se haga justicia, que se actúe conforme a derecho, que no se pasen las leyes por el arco del triunfo cuando en realidad está el delito, están la pruebas, porque ¿quién nos protege del Gobierno que se supone que nos debe proteger? Nadie, y si no nos defendemos nosotras nadie nos va a defender”, expresó.

Otro caso similar es de la la profesora Sarah Salas, quien señala a Juan de Dios Quintero López, jefe del Departamento de Educación Física de la Sepyc, donde trabajaba, de hostigarla laboralmente, después de interponer una denuncia ante la Fiscalía por presuntas agresiones sexuales.

“Se le informa a la gente de Educación Física que me esté acosando, cuando ellos a su vez no están de acuerdo, pero sí, de parte del jefe del Departamento de Educación Física, Juan de Dios Quintero López, hace las reuniones y esa es la petición que hizo: que se me siga hostigando”, dijo.

A diferencia de Noemí, la maestra de Educación Física fue obligada a dejar su cargo en la dependencia federal, escondiendo las listas para evitar que checara la entrada y salida, así emitir un acta de abandono laboral.

“En un tiempo se me obligó a no firmar en mi centro de trabajo, esto con todo el poder que ejerce esa gente para levantar mi acta de abandono de trabajo”, recordó.

Dicha acta fue firmada el pasado 8 de marzo.

Al tratar de acomodarse en otra área relativa al deporte dentro de la dependencia federal por la incomodidad de trabajar con el supuesto agresor, este rechazó la petición, por lo que salió de la Sepyc para no regresar el día 2 de febrero del 2023, tras dos años de servicio, según las declaraciones de la maestra.

“Se negó, dijo que no me quería ahí en Secretaría, que con ningún novio que yo tuviera ahí, que no me quería ver ahí”, aseguró.

Asimismo, Sarah Salas realizó un llamado a las autoridades de seguridad a atender las denuncias de las víctimas de violencia, asegurando que la Unidad de Género no ayudó en su caso.

“Que atiendan a la gente, no estamos solas, nos vamos a defender, nos vamos a ir hasta donde corresponde, que tomen asunto, que escuchen, que revisen el caso, que no se estén metiendo para defender a acosadores; que el pueblo se de cuenta que el Gobierno ahorita no está haciendo las cosas bien”, demandó.