Registra Congreso 1,393 votaciones en consulta universitaria en la UAS; proceso costó $4 millones

CULIACÁN._ La Comisión de Educación del Congreso del Estado de Sinaloa finalizó el conteo de las votaciones registradas en el proceso de consulta a la comunidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y cerró con la participación de mil 393 universitarios.

Los días 11 y 12 de septiembre, el Poder Legislativo desplegó a su personal en toda la entidad, e instaló carpas, mesas para registro, casillas y urnas en las cuales estudiantes, docentes y trabajadores administrativos de la UAS podían llegar a responder un cuestionario de seis preguntas, el cual consistía en posibles modificaciones en la Ley Orgánica de la universidad.

Para corroborar que la participación fuera únicamente de miembros activos de la institución, solicitaban rellenar un formulario en el que documentaban nombre, facultad o unidad académica a la que está adscrita, y número de cuenta o clave de empleado. También solicitaron documentos como talones de cheque o credencial de estudiante.

En total, colocaron 143 mesas en 116 diferentes edificios y planteles educativos de la casa de estudios, así como puntos de alta concurrencia peatonal del estado.

Para esto, distribuyeron al personal en seis regiones diferentes: la zona norte en Ahome, El Fuerte y Choix; zona del Évora, en Salvador Alvarado, Mocorito y Angostura; zona centro-norte, que comprenderá Guasave, Juan José Ríos y Sinaloa de Leyva; zona centro, en Badiraguato, Culiacán y Navolato; el centro-sur de Elota, Cosalá, San Ignacio y Eldorado; y la sección sur de Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa.

De acuerdo con el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, todo el procedimiento costaría alrededor de 4 millones de pesos al Parlamento, y la principal inversión sería en notarios públicos, a quienes pagarían alrededor de 250 mil pesos.

Los fedatarios contratados fueron Enrique Ibarra Calderón, César Daniel Cázares Pérez, Jorge Julián Chávez Murillo, Emigdio Martínez Lizárraga y María Amparo Verdugo Ochoa.

Durante la tarde-noche de este viernes, personal del Parlamento sinaloense concluyó el conteo y sistematización de las votaciones. El Poder Legislativo registró los siguientes resultados:

1. ¿Estás de acuerdo que la educación de la Universidad Autónoma de Sinaloa sea gratuita? 1, 357 respuestas afirmativas y 36 negativas.

2. ¿La elección del Rector o Rectora de la Universidad Autónoma de Sinaloa debe ser mediante el voto libre, secreto y directo de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos? 1,360 respuestas afirmativas, 33 negativas.

3. ¿Las directoras o directores de las Unidades Académicas deben ser electos mediante el voto libre, secreto y directo de estudiantes docentes y trabajadores administrativos? 1,353 respuestas afirmativas, 40 negativas.

4. ¿Los integrantes del Consejo Universitario y de los Consejos Técnicos deben ser electos mediante el voto libre, secreto y directo de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos? 1,350 respuestas afirmativas, 41 negativas.

5. ¿Consideras que debe haber paridad universitaria, es decir 50 por ciento alumnos y 50 por ciento trabajadores docentes y administrativos, en la integración del Consejo Universitario y de los Consejos Técnicos? 1,317 respuestas afirmativas, 73 negativas.

6. ¿Estás de acuerdo en que el Consejo Universitario, los Consejos Técnicos y cargos administrativos sean ocupados 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres? 1,309 respuestas afirmativas, 81 negativas.

Estos resultados no han de ser vinculatorios, sin embargo, la Comisión de Educación podrá considerarlos al momento de emitir un dictamen de reforma a la Ley Orgánica.

La consulta se realizó como parte del proceso de reforma a la Ley Orgánica de la UAS, mismo que empezó el Congreso a inicios de julio pasado, con el procesamiento de 36 iniciativas elaboradas por universitarios, ciudadanos y diputados locales.

Una consulta a partir de ambigüedades

Desde febrero del 2023 hasta junio del 2024, el Congreso mantuvo un litigio con la Universidad Autónoma de Sinaloa con motivo de la Ley General de Educación Superior del Estado, ya que la UAS denunció una violación a su autonomía por cinco artículos de dicha Ley.

Uno de los apartados impugnados por las autoridades de la UAS, fueron los párrafos tercero y cuarto del artículo 3 de la Ley local, que establecen:

“Ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción VII del artículo 3o. Constitucional. Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado.

“Toda consulta para modificar las leyes orgánicas a que se refiere este artículo será convocada y organizada por el Congreso del Estado conforme a los parámetros, lineamientos y metodología que este considere pertinente, el cual podrá solicitar el auxilio de la autoridad universitaria en la organización de la consulta, con pleno respeto a su autonomía”.

El 10 de enero del 2024, el Juez Primero de Distrito en Sinaloa concedió el amparo a la universidad, pues determinó que “desde luego transgrede la autonomía universitaria en su vertiente de autogobierno y autonormación, ya que se imponen procedimientos, lineamientos y parámetros para el proceso de modificación a la Ley Orgánica de la universidad”.

Al iniciar con la lectura de iniciativas de reforma, el Congreso invitó mediante oficio a las autoridades de la universidad para que ellos organizaran la consulta, y en un último aviso, establecieron como plazo de respuesta del 26 de agosto al 6 de septiembre. La respuesta no llegó.

Al día siguiente de que feneció ese periodo, la Comisión de Educación acordó que sería el Poder Legislativo el que realizara esa consulta, y fundamentaron esa decisión en el artículo 3 y octavo transitorio de la Constitución Política de México, además del artículo 2 y quinto transitorio de la Ley General de Educación Superior federal.

En este último caso, la normativa exige que para reformar una Ley Orgánica de universidad pública autónoma, debe consultarse a su comunidad, pero no adjudica la responsabilidad a un ente, ni estipula que los resultados de la consulta sean vinculatorios.

“Ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción VII del artículo 3o. Constitucional. Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado”, dicta el párrafo cuarto de dicho artículo.