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Conferencia

Proponen capacitar a funcionarios del SNA ante ineficacia en denuncias administrativas

La periodista Zorayda Gallegos explicó que desde el año 2019 van 32 denuncias presentadas ante el SNA, la mayoría por parte de la Secretaría de la Función Pública, de las cuales solo una ha resultado favorablemente

Ante la ineficacia de los órganos internos de control del Sistema de Anticorrupción Nacional ante 31 denuncias por faltas administrativas en los últimos cuatro años, Iniciativa Sinaloa y Border Hub de Periodismo proponen mejorar la integración de las instancias, además de someter a los miembros a procesos públicos de selección.

Por medio de las página de Facebook de Iniciativa Sinaloa, Zorayda Gallegos, la periodista de investigación especializada en temas de corrupción, crimen organizado, desigualdad, entre otros, presentó las trabas que enfrentan los denunciantes civiles al presentar acusaciones por parte de funcionarios.

“¿Por qué seguimos teniendo tan elevados índices de impunidad? ¿Qué se puede hacer para mejorar el sistema de impartición de justicia en materia administrativa? ¿Cómo lograr que avancen denuncias ciudadanas para acortar niveles de impunidad?”, cuestionó Sheila Arias, periodista y trabajadora de sociedad civil de Iniciativa Sinaloa, conductora de la conferencia.

Explicó que desde el año 2019 van 32 denuncias presentadas ante el SNA, la mayoría por parte de la Secretaría de la Función Pública, de las cuales solo una ha resultado favorablemente.

“Solo una de las denuncias ha resultado de manera favorable, en la inhabilitación de una ex funcionaria del Instituto Mexicano del Seguro Social”, dijo al señalar el caso de nepotismo a manos de Marcela Fimbres, ex directora del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales, quien otorgó contratos a sobrecostos a sus familiares para prestación de servicios de la Guardería ABC.

De las 32 denuncias, el 28.9 por ciento provienen del estado de Baja California, 21.9 por ciento en Sonora, 12.5 en Chihuahua, 15.6 en Nuevo León, 9.4 por ciento en Coahuila, 3.1 en Baja California Sur y 6.3 por ciento en varios estados.

“El resto (de denuncias) permanece en la etapa de recepción o en etapa de investigación”, dijo Zorayda Gallegos.

La presentación que expuso en la conferencia vía Zoom, está fundamentada en el análisis de antecedentes de las políticas anticorrupción implementadas en los discursos de gobernantes y presidentes anteriores; informes de labores de la Secretaría de la Función Pública; así como entrevistas a expertos en el tema.

Como resultado, indicó que las trabas en las investigaciones se deben a falta de presupuesto y capacitación técnica del personal de las dependencias encargadas de dar seguimiento, sobrecarga de trabajo, carencia de perfiles idóneos, al igual procesos de investigación públicos como transparentes.

“Esa responsabilidad no vino acompañada de un mayor presupuesto y tampoco vino acompañada de una capacitación técnica, y muchos miembros de los órganos de control terminan desconociendo las facultades que tienen dentro de la misma Ley”, sostuvo la periodista ganadora del Premio Nacional de Periodismo 2015.

La sociedad civil también se encuentran múltiples retos al momento de presentar una denuncia, incluso cuando ésta ya fue aceptada por la instancia correspondiente.

“Pueden demorar años en etapa de investigación, cuando quiere darle seguimiento se topa con que la autoridad no quiere darle información porque hablan del sigilo de la investigación, sin embargo, no se rompe si informan del estatus de la denuncia”, puntualizó.

En los pocos casos donde se logra obtener un pronunciamiento de la autoridad investigadora se limitan a responder que están en etapa de investigación, causando un estado de incertidumbre jurídica.

Sin mencionar que no hay garantía de protección para los denunciantes.

En busca de un cambio en la resolución de conflictos de carácter administrativo, propuso en nombre del Border Hub de Periodismo, la legislación general o estatal para establecer tiempos en la etapa de investigación para emitir una resolución, ya sea en sentido afirmativo o negativo.

“Un cambio en la legislación para que las autoridades investigadoras estén obligadas a informar periódicamente a los denunciantes el estado que guarda el desarrollo de la investigación que derivó de la denuncia presentada”, planteó en el documento proyectado.

Así mismo, recomendó la capacitación de funcionarios de órganos internos de control y demás operadores del Sistema Nacional Anticorrupción por medio de cursos; mejorar la integración de las instancias con perfiles idóneos; y someter a los miembros a un proceso público de selección, a fin de que actúen con independencia y sin estar sometidos a intereses políticos.