Presenta CDDH Sinaloa problemáticas sociales que aquejan al Estado

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa presentó su 16 informe de labores en el que destacó problemáticas sociales en materia del campo, la sequía, las desapariciones, la violencia contra mujeres y políticas públicas de protección de sus derechos.

Óscar Loza Ochoa, enlace con Instituciones y organismos, encabezó el informe en el que expuso el panorama preocupante en materia de derechos humanos, así como recomendaciones a gobiernos y sociedad civil.

Inicialmente, Loza Ochoa destacó una caída de 9.2 por ciento en la cosecha de maíz a nivel nacional, por los problemas de sequía desencadena una reducción de hectáreas sembradas provocando un déficit de producción que pone en riesgo la autosuficiencia del grano.

“Las políticas públicas deben reorientar el rumbo para garantizar la autosuficiencia, pues no lograrlo nos cuesta ahora más de 85 mil millones de pesos”.

En ese mismo sentido, expuso que el panorama de emergencia hídrica actual, ha resultado en el cierre de dos presas, a la vez que las reservas de agua en los embalses apenas alcanzan el 11.8 por ciento incidiendo negativamente en comunidades que no pueden acceder al líquido.

En contraste con el 2023, indicó, las comunidades afectadas durante esta temporada podrían llegar a ser hasta 500.

“Ante la emergencia hídrica recomendamos que la administración del agua sea vigilada por un Consejo Ciudadano, pues las instancias de Ley no han tomado las suficientes medidas que la coyuntura seca y calurosa reclama. Que haya una enérgica campaña de ahorro y contra el despilfarro de agua, pero con sentido humano y democrático”.

Prosiguió con el campo, manifestando que a través de la CDDHS han visitado las cuarterías de Juan José Ríos, Ruiz Cortines y el Valle de Culiacán por quejas de presuntas violaciones a derechos humanos.

Por ello, señaló que han solicitado reiteradamente información ante la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad, la Secretaria de Educación Pública y Cultura y la Dirección del Trabajo sobre la atención que se les brinda a los trabajadores.

Sin embargo, recriminó que Asunción Zepeda, titular de Dirección de la Trabajo ha negado la dicha información que a la vez ha terminado en la pérdida de derechos laborales, de salud y de vidas humanas.

“Su titular Asunción Zepeda, ha dicho que la Ley no lo obliga a darnos contestación. Ciudadano Gobernador, por lo visto el Director del Trabajo ignora el Artículo 8° Constitucional y el Artículo 142 de la Constitución de Sinaloa, además de los Acuerdos Finales de la Convención de Viena de junio de 1993”.

“Y como servidor público de un gobierno democrático no tiene derecho a ello, pues sus omisiones y negligencias han terminado en la pérdida de derechos laborales, de salud y de vidas humanas”.

A su vez destacó que en las cuarterías de Juan José Ríos y de Ruiz Cortines se crearon centros de asistencia social así como 15 centros de atención infantil en el estado que espera se pongan a disposición en la próxima zafra.

“El reto claro para la temporada 2024-2025 es una atención mayor a la niñez migrante y una vigilancia más estrecha de la autoridad hacia los patrones para el cumplimiento cabal de las leyes laborales y la observancia de los derechos humanos”.

Por otra parte, recriminó el conteo de personas desaparecidas realizado por el gobierno federal, replicado a su vez por estados como Sinaloa y que buscan reducir la cifra de casos en el País.

“Para dimensionar el problema de la desaparición forzada no es imprescindible contar con el número exacto de víctimas, lo será cuando sea posible alcanzar la justicia plena para todos los casos”.

“Para hablar de la gravedad del fenómeno, de la emergencia que significa y de los medios legales y administrativos para remediarlo, lo mismo significa los 92 mil que esgrimía la presidencia, que los 113 mil de los que hablaban los familiares”.

“Lo que sí está muy claro es que un problema de ese tamaño exige una clara voluntad del Estado mexicano para enfrentar el problema: deteniendo la práctica de la desaparición forzada y procurando sin regateos la justicia plena”.

Continuó con el problema de violencia contra las mujeres donde expuso que en tema de violaciones durante el año de 2020 se registraron 191 denuncias por este delito, en 2021 la cifra llegó a los 284, en 2022 subió a los 319 y en 2023 fueron 320 casos. Y este 2024 hasta el mes de abril ya llevamos 109 denuncias.

“La recomendación nuestra es que deben intensificarse todas las medidas de prevención posible y que las instancias oficiales involucradas en la materia desplieguen su trabajo con mayor coordinación, pues la salud física y emocional de cientos de niñas en Sinaloa está en riesgo”.

Asimismo, señaló los casos de los periodistas Javier Valdez y de Luis Enrique Ramírez que aún no conocen justicia plena y que vislumbran una apatía por parte de las autoridades que remiten a medios de comunicación o reporteros a su suerte.

“Otra de las variables en esa ecuación es el interés que la autoridad debe demostrar para investigar y sancionar todo tipo de acciones que vayan encaminados a lastimar o impedir el libre ejercicio del periodismo. La situación que vivimos en estos días no aconseja otra cosa”, expresó.