Por tercera vez en un mes, vinculan a Madueña y ex comité de adquisiciones por no licitar más 26 millones en 2021 y 2022

CULIACÁN._ Por no licitar más de 26 millones de pesos en materiales de electricidad, plomería y construcción entre 2021 y 2022 fueron vinculados a proceso, quienes fueran miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública de la Universidad Autónoma de Sinaloa durante ese período, así como el Rector separado del cargo, Jesús Madueña Molina quien se mantenía en funciones en dichos años.

La Fiscalía Anticorrupción detalló que en 2021 dicho comité adquirió materiales como cables antiflama, cinta pvc, pijas, soldaduras, chapas, carretillas, focos led, candados, centros de carga, discos de corte pega vitro, tubos led, luminaria entre otras cosas por un monto de 11 millones 182 mil 708 pesos, y en 2022, destinaron 16 millones 464 mil 631.33 pesos por dichos materiales.

El material fue destinado a unidades académicas de la prepatoria La Reforma y sus extensiones Gato de Lara y Costa Azul, así como a la Torre de Rectoría, las oficinas administrativas de la Facultad de Derecho Culiacán, la Facultad de Estudios Internacionales y el Campus Rafael Buelna.

El comité señalado por el delito de desempeño irregular de la función pública estaba integrado por Salvador Pérez Martínez, quien fungía como Secretario de Administración y finanzas; Héctor Melesio Cuén Díaz, director de bienes e inventarios; Soila Maribel Gaxiola Camacho, directora general de planeación y desarrollo; Jorge Pérez Rubio, director de construcción y mantenimiento y Oscar Orlando Guadrón, director de proyectos especiales.

Los agentes del Ministerio Público indicaron que las requisiciones de compra fueron firmadas por Pérez Rubio con el proveedor Especialistas Comerciales del Noroeste de México, S. A de C.V. y fueron pagadas con recursos públicos estatales.

Mencionaron que, las cantidades destinadas se realizaron por adjudicación directa en lugar de licitación pública, al exceder los montos por adjudicación en más de 3 millones de pesos.

Los pagos en favor del proveedor, cuyo accionista mayoritario es César Abraham López Cuadras, se depositaron desde la misma tarjeta donde Gobierno estatal les transfiere el recurso estatal ordinario. En ese sentido, detectaron 926 comprobantes fiscales por internet en 2021 y 1540 en 2022. Esta vinculación a proceso es la tercera en menos de un mes contra el comité de Adquisiciones como al Madueña Molina, en tres causas penales en las que se les acusa de coautoría en el hecho.

En la primera, llevada a cabo el 5 de septiembre del presente año, se les acusó de no licitar 7 millones 269 mil 229 pesos en servicios de mecánica general como carrocería, automotrices, tapicería, arrastre de grúas, aires acondicionados a vehículos y camiones de la institución en 2022.

Mientras que el 19 de septiembre, fueron vinculados a proceso por no licitar 118 millones 327 mil 837 pesos por la adquisición de equipo de cómputo entre 2021 y 2022, pagado con recurso público estatal, al proveedor Soluciones en Informática de Noroeste, S.A. de C.V., cuyo accionista mayoritario es también César Abraham López Cuadras, quien a su vez es esposo de Yareli López Sotelo, secretaria académica de la misma facultad y quien posee el 25 acciones de la empresa.

Durante la audiencia del 19 de septiembre, Yareli López Sotelo negó tener injerencias en las ventas que su esposo realiza.

Posterior a la formulación de la imputación los defensores, Alfonso Carlos Ontiveros Salas, Milton Ayala Vega, Alfonso Carlos Ontiveros Elguezabal y Carlos Lorenzo Flores Ochoa, pidieron a la fiscalía individualizar los costos de los materiales adquiridos, sin embargo, ésta respondió que durante la esa fase, los detalles están fuera de lugar.

Asimismo, preguntaron si los materiales referidos eran todos o si había más, por lo que, el Ministerio Público respondió que eran todos.

Pese a ello, durante la lectura de los datos de prueba tras solicitar la vinculación a proceso mencionaron la compra de cubrebocas e intentaron dar un ejemplo de compra a sobre precio. En ese momento, el apoderado legal de la UAS, Yamir de Jesús Álvarez pidió al Juez Carlos Alberto Herrera solicitar a la fiscalía probidad, por lo que, omitieron la lectura de esa parte.

Por su parte, los abogados, señalaron que el recurso del cual se hacía referencia, era dinero federalizado, por lo tanto le correspondía a la Auditoría Superior de la Federación, llevar a cabo la fiscalización, misma que durante el 2021 y 2022 no detectó ninguna irregularidad.

Además, mencionaron que la adquisición o compra de un bien no es un perjuicio en sí mismo, por lo que se necesita de la materialización o un acto de prueba, cuestionando que no se señaló quién recibía la mercancía o si esas personas tienen alguna relación con empleados de la universidad.

Antes de concluir la primera participación de la defensa, Yamir Alvarez solicitó un receso para comer, a lo que el juez determinó que al terminar las participaciones. Sin embargo, al terminar la participación de los litigantes, el Juez de control dio por concluidas las participaciones y vinculó a proceso a los imputados.

Impuso, a petición de la Fiscalía como medidas cautelares la separación temporal en el ejercicio del cargo a Jesús Madueña Molina, Soila Maribel Gaxiola Camacho y a Jorge Pérez Rubio. Todos deberán acudir a firmar periódicamente y no podrán salir del País sin autorización previa, mientras que el plazo para la investigación complementaria será de tres meses.