"Por perdón a Villarreal y ex funcionarios de SAyF, Ríos Estavillo calló y no se supo la ruta del dinero, dijo Jueza"

Durante la audiencia de ayer, en la que la Jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada decretó quitar uno de dos delitos a la acusación contra Armando Villarreal Ibarra y otros ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas, acusados por el desvío de 263 millones de pesos, ni el Fiscal General Juan José Ríos Estavillo manifestó estar de acuerdo ni tampoco los fiscales pudieron definir el destino final del dinero.

Para la audiencia programada para la mañana del miércoles, la Jueza esperaba la respuesta a la petición que hizo a los fiscales, quienes habían solicitado el sobreseimiento del delito de Desempeño Irregular de la función pública contra Villarreal Ibarra, el ex tesorero Ernesto Herrera Félix y el ex jefe del Departamento de Caja Chica, José Carlos López Ramírez.

En otras audiencias, la Jueza exigió a los fiscales anticorrupción que se encargan del caso de conseguir un permiso expreso para su solicitud de quitarle uno de los dos delitos que había en la acusación original, debido a que le parecía un arreglo “inmoral”.

A mediados de diciembre, Quiñónez Estrada se negó a aceptar el perdón de uno de los delitos y dio 15 días para que el Fiscal Ríos Estavillo o la fiscal anticorrupción Reyna Angulo Valenzuela salieran a pronunciarse sobre este caso.

“Lo que me hace irregular la situación es que existe una acusación por un delito... el trámite ¿es por un delito o por ambos?”, cuestionó la Jueza en aquella ocasión a los fiscales.

“Una vez que culminó el término para las investigaciones complementarias, se procedió a formalizar una acusación parcial, ¿esto fue aprobado por el Fiscal General o la Fiscal Anticorrupción?, ¿le autorizó la Fiscal Anticorrupción o el Fiscal General que le acusara con un delito?”.

Uno de los agentes respondió que no era por una autorización, sino por la evidencia que existe en la carpeta, y explicó el contenido de un dictamen de la Auditoría Superior del Estado en el que señalaba que no había daño al erario.

En la audiencia del jueves llegó la respuesta, pero no la firmó Ríos Estavillo, sino que tenía solo las firmas de la vicefiscal general Nuria Alejandra González Elizalde, y la fiscal anticorrupción Reyna Angulo Valenzuela.

La Jueza insistió en que los delitos por los que fueron acusados son porque desviaron recursos del gobierno federal que eran destinados a programas específicos a gasto corriente y fueron utilizados en un fin distinto al etiquetado y que la ASE no analizó todos los pagos, sino solo una muestra.

Que le ruta del dinero al final “quedó sin comprobar”.