Por diferimientos en audiencias de la UAS, Congreso de Sinaloa busca reforma contra tácticas dilatorias

La Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó una iniciativa impulsada por 33 de los 40 diputadas y diputados locales, la cual plantea presentar ante el Congreso de la Unión una propuesta de decreto que reforme el Código Nacional de Procedimientos Penales, para evitar que las y los acusados usen tácticas dilatorias en sus procesos.

Los grupos parlamentarios de Morena, el Grupo Plural, así como la Diputada del Partido del Trabajo y los dos diputados sin partido suscribieron esta idea. La bancada del PAS, además de los diputados del PRI y PAN quedaron al margen de esta iniciativa.

El planteamiento sugiere que el CNPP se reforme para que las y los imputados, y sus abogados, no usen en exceso recursos como justificantes médicos, cambio de abogados o inasistencia a las audiencias con la intención de retardar los juicios.

De acuerdo con esta propuesta, de esta manera se reforzaría el derecho de las víctimas al acceso a la justicia.

El Diputado local sin partido, Sergio Mario Arredondo Salas, afirmó que la idea de proponer una reforma al Código Nacional nace a partir de que autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, acusadas por delitos de corrupción, han dilatado de forma evidente sus procesos judiciales.

“El espíritu fue muy claro y sobre un tema muy específico, hemos estado viendo en un tema que los sinaloenses hemos presenciado durante prácticamente un año, una serie de procesos judiciales que se le siguen a autoridades universitarias y que de manera, al extremo reiterada, se ha venido generando la percepción, un extrañamiento de la propia sociedad, sobre un exceso en la presentación de justificantes médicos y de otros instrumentos que se han venido utilizando para aplazar las distintas etapas que un proceso judicial sigue”.

“Me parece desafortunada la postura de ese tipo de una autoridad universitaria, una autoridad que tiene el compromiso de educar con el ejemplo, y si está llamado a un proceso de Ley, a un capítulo de Ley, es importante, es de un compromiso social fundamental el que él, como una autoridad universitaria, que se sustenta a partir de las entregas que hacen los mexicanos y los sinaloenses para el funcionamiento de la institución que dirige, pueda presentarle a esa sociedad una postura, una respuesta a las distintas acusaciones que se les están presentando, obviamente en el centro la presunción de inocencia”.

Funcionarios y ex funcionarios de la UAS, como el Rector separado Jesús Madueña Molina, Robespierre Lizárraga Otero o Juan Eulogio Guerra Liera, han sido imputados y vinculados a proceso por delitos como abuso de autoridad o ejercicio indebido del servicio público.

Arredondo Salas subrayó que deben ser tratados bajo el principio de la presunción de inocencia como parte de sus derechos, sin embargo, recalcó que la sociedad sinaloense merece saber si efectivamente son inocentes o si son culpables de esos hechos, ya que en ese caso la única afectada sería la casa de estudios, no ellos como particulares.

“Vemos increíblemente desafortunado, carente de toda ética, y no solamente no digo yo, es un colectivo, ya la sociedad empieza a ver con molestia y con extrañez ese exceso de presentación de justificantes médicos y de otros instrumentos que, si bien pueden estar establecidos en la norma y en la Ley, no corresponde a lo que una autoridad universitaria le debe de merecer la sociedad”, enfatizó.

“Una autoridad universitaria tiene que hacer frente a los distintos capítulos que tienen que ver con su responsabilidad administrativa, por eso me parece increíblemente lamentable este escenario”, sostuvo.

En ese sentido, criticó que los universitarios se mantengan en una cerrazón para transparentar las finanzas de la institución a través de una auditoría por parte de la Auditoría Superior del Estado, bajo el argumento de que esta es incompetente para ello.

Recriminó que en otras zonas del país, las universidades autónomas sí están abiertas a las auditorías y rendición de cuentas hacia los congresos locales, por lo que en Sinaloa no debería existir un trato distinto para la UAS.

“La UAS funciona a partir del esfuerzo de los mexicanos y de los sinaloenses, y es una institución dentro del Estado de Derecho. Así como todas las universidades del país rinden cuentas a la Auditoría Superior de sus correspondientes estados, entidades, congresos estatales, queremos que esta universidad lo haga, ¿por qué si la Universidad de Querétaro lo hace? ¿por qué si la Universidad de Nuevo León lo hace? ¿por qué si la Universidad de Guadalajara lo hace? No solamente a la ASF, también a las auditorías estatales, a los congresos estatales, ¿por qué nuestra universidad debe tener un trato diferenciado en eso?”

Cuestionado por personal de la radiodifusora institucional de la UAS, les señaló que la casa de estudios tampoco puede escudarse en su Ley Orgánica para evadir responsabilidades en materia de transparencia.

“Una Ley Orgánica no puede estar por encima de las instituciones, y las normas, y las leyes que tenemos. Pues ojalá que la Ley Orgánica no vaya a decir otra cosa mañana, y que esté afuera de la norma, y que esté afuera de la Ley, es precisamente también lo que queremos atender, porque una autonomía no se puede interpretar de la manera en que usted lo puede pensar o lo puede presumir su pregunta”.