Peticiones de juicio político contra ‘El Químico’ ya fueron ratificadas, confirma Congreso del Estado
CULIACÁN._ Las solicitudes de juicio político contra el ex Presidente Municipal de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, fueron ratificadas, confirmó el secretario general del Congreso del Estado, José Antonio Ríos Rojo.
Una de las solicitudes realizadas fue interpuesta por representantes de las organizaciones Movimiento Amplio Social Sinaloense, Consejo Popular de Mazatlán, Tecnología Informática Móvil del Sur de Sinaloa, Todos Somos Sinaloa, Consejo Ecológico de Mazatlán, Centro para la Educación Agrícola y Ambiental, Asociación de Vecinos del Fraccionamiento Sábalo Country, Asociación de Jubilados de Zona Sur de la UAS, Centro de Atención para la Alimentación de las Familias y la Unión de Músicos, Artistas y Trabajadores del Entretenimiento de Mazatlán.
Los días lunes y martes de la semana pasada llegaron las dos solicitudes de juicio político contra el ahora Secretario de Turismo estatal, las cuales tenían que ser ratificados en los tres días hábiles posteriores para que continuara el proceso legislativo.
El pasado jueves, el Diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, explicó que una vez reafirmadas las solicitudes, la Secretaría General del Congreso revisaría los documentos, posteriormente serían turnados a la Mesa Directiva, después a la Comisión de Puntos Constitucionales para que dictamine, y luego el dictamen sería votado en el pleno.
“El Químico” Benítez no solamente acumula las dos solicitudes de juicio político, sino que la Auditoría Superior del Estado también presentó una denuncia penal en su contra ante la Fiscalía General del Estado tras detectar un presunto daño patrimonial por más de 60 millones de pesos, en la revisión que realizó de los contratos que firmó el Ayuntamiento de Mazatlán con la empresa de luminarias Azteca Lighting.
La denuncia fue interpuesta por desempeño irregular de la función pública, un delito cuya pena puede llegar de seis meses a tres años de prisión.
