|
Clases presenciales

Mexicanos Primero urge a la SEP a definir protocolos para el regreso a clases

El 23 de marzo se cumple un año de que la educación en el País se imparte a distancia, como medida ante la pandemia de coronavirus, por lo que ya es momento para pensar en un plan de acción para retomar la educación presencial, opinó el presidente de Mexicanos Primero, David Eduardo Calderón Martín del Campo
17/03/2021 12:15

La organización defensora del derecho a la educación, Mexicanos Primero, exhortó a la Secretaría de Educación Pública a definir y transparentar protocolos para que la comunidad educativa regrese próximamente a las aulas.

El 23 de marzo se cumple un año de que la educación en el País se imparte a distancia, como medida ante la pandemia de coronavirus, por lo que ya es momento para pensar en un plan de acción para retomar la educación presencial, opinó el presidente de Mexicanos Primero, David Eduardo Calderón Martín del Campo.

“Necesitamos una ruta ya. Dejemos el arreglo convenenciero entre adultos, pensemos integralmente en el derecho de los niños. Niñas y niños, adolescentes y jóvenes se están marchitando en cautiverio”, urgió a la autoridad educativa nacional.

$!Presidente de Mexicanos Primero, David Eduardo Calderón Martín del Campo.
Presidente de Mexicanos Primero, David Eduardo Calderón Martín del Campo. ( )

El pasado martes, Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Federal, informó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha instruido el regreso a la educación presencial.

“El Presidente nos ha instruido a reactivar la Educación Pública en una forma organizada, reestructurada, bien fundamentada desde el punto de vista técnico. No queremos que haya desorden e iniciativas espontáneas que no cuiden los elementos fundamentales de la protección de las personas, empezando por los propios educandos y mentores”, dijo el funcionario federal.

Para Sinaloa, la estrategia que proyecta implementar la Secretaría de Educación Pública y Cultura son los Centros Comunitarios de Aprendizaje, espacios presenciales de atención educativa para alumnos en riesgo de abandono, que se encuentran permitidos por la Federación en las entidades que se encuentren en el nivel amarillo del semáforo epidemiológico.

Calderón Martín del Campo solicitó transparencia en los protocolos que indique la autoridad federal.

“No somos ingenuos; no existe un protocolo desarrollado ya por la autoridad educativa, ni presupuestos adecuados. Los centros de aprendizaje comunitario son un engaño porque nadie tiene claro cómo abrir uno”, agregó.

Por ello, planteó cinco exigencias específicas:

1. Que el Consejo de Salubridad cambie las reglas para considerar que la realización de actividades presenciales no esté sujeta al semáforo verde, sino que pueda comenzar antes.

2. Que la SEP presente los lineamientos con los que se pueden hacer actividades presenciales en los planteles, en la forma de Centros de Aprendizaje Comunitarios, que den certeza a maestras, maestros y directores, así como a familias y estudiantes. Y que dichos lineamientos sean publicados con protocolos detallados, con listas de cotejo sobre todo lo que debe estar listo antes de abrir.

3. Que se presente públicamente la ruta de Campeche como proyecto piloto nacional, incluyendo los presupuestos específicos de lo que se va a invertir, y con garantía de que se asegurará la disponibilidad de agua y de los suministros para cada escuela, haciendo real la gratuidad de la educación.

4. Que se someta y se defina en asamblea, con la participación de las familias, el colectivo de docentes y directivos, y de niñas, niños y jóvenes, con los protocolos nacionales ya conocidos y socializados, cuándo y cómo abrir, para crear juntos el calendario y el escalonamiento de actividades.

5. Que, en espera de que SEP acabe con su incumplimiento de convocar el Consejo Nacional de Participación Social en Educación, se abra a la brevedad una Mesa Nacional en la que estén representadas familias, movimientos, sociedad civil, autoridades educativas locales y representantes sindicales, con minutas de acuerdos públicas, para dar seguimiento a las aperturas en todo el país, compartir buenas prácticas y proponer los ajustes a la estrategia y la normativa.