Locatarios del Mercado Cívico Constitución, en Culiacán, piden indemnización por desalojo y daños

Locatarios del Centro Cívico Constitución, que fueron desalojados en 2020 por el Ayuntamiento de Culiacán, exigen como indemnización el pago de 80 mil pesos y lo equivalente a dos salarios mínimos durante dos años para cada comerciante afectado.

De acuerdo a los comerciantes, el Gobierno de Culiacán les retiró sus puestos de trabajo de manera irregular sin oportunidad de retirar su mercancía, lo que se tradujo en la pérdida de 80 mil pesos en especie. En cuanto a la petición de dos salarios mínimos por locatario, es debido a que ante el retiro de sus pertenencias no han podido laborar en ese periodo.

La mañana de este miércoles el grupo de locatarios se manifestó a las afueras del Palacio Municipal en donde fueron atendidos por dos funcionarias municipales que se presentaron como ‘licenciadas’.

“No nos dicen nada nuevo, querían que firmaramos para una reubicación pero no saben cuando será la remodelación, o sea nos dejan igual. Desde el 2020 les entregamos un escrito en el que pedimos que nos reubicaran inmediatamente, que nos pagaran los daños y que nos pagaran el daño por no trabajar. Nos quitaron el trabajo y tienen que solucionar eso”, dijo Angélica González, locataria afectada.

En total son 16 concesiones que se encontraban en el espacio, tenían sus documentos y permisos en regla, y laboraban en el lugar desde hace 35 años.

“En marzo 22 (de 2020), cuando llegué yo a las 6 y media de la mañana ya no había nada, ni un puesto estaba en pie”, recordó Edelberto Sánchez Valencia, comerciante de 79 años de edad.

“La mercancía tampoco estaba, nos dijeron que viniéramos al Ayuntamiento, pero nos dieron una parte nada más, se perdieron bastantes cosas”.

La Comuna señaló en una notificación previa que el desalojo corresponde a que los comerciantes ocupaban áreas verdes; sin embargo, los puestos fueron instalados por el mismo Ayuntamiento hace ya 35 años, acusaron los manifestantes.

“Nos hicieron una notificación antes pero estaba fuera de contexto porque nos decía que estábamos invadiendo áreas verdes, siendo que el Ayuntamiento hizo esos puestos, estábamos en nuestra propiedad”, comentó el afectado.

Los locatarios ya presentaron una denuncia contra la administración municipal ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.