"Ley de Obras Públicas en Sinaloa desata disputa entre Congreso y Comité de Participación Ciudadana"

El Comité de Participación Ciudadana expuso que se encontraron inconsistencias constitucionales en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, por lo que pidieron una análisis antes de avanzar.

En el Congreso del Estado, Flora Isela Miranda Leal y Rosario Romero López, consideraron imprudentes e infundadas estas declaraciones.

De acuerdo con el presidente del Comité de Participación Ciudadana, CPC, Enrique Hubbard Urrea, hay inconsistencias de carácter constitucional que consideraron era necesario aclarar antes de que avanzara y se declare una acción de inconstitucionalidad.

“Para nosotros hay inconsistencias de naturaleza constitucional en la Ley, están declarando cosas que son, a nuestro juicio, inconstitucionales, primero que nada el hecho mismo de que le atribuyen al CPC obligaciones en una Ley que no es la Ley del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, ya es inconstitucional”, dijo Hubbard Urrea.

El diputado José Rosario Romero López, integrante del grupo parlamentario de Morena, calificó como imprudentes e infundadas las declaraciones de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, en el sentido de que analizan la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad a las recientes reformas a la Ley de Obras Públicas aprobadas por el Congreso del Estado.

“Sorprenden las imprudentes declaraciones de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, en las que anuncian interponer un recurso de inconstitucionalidad a las recientes reformas a la Ley de Obras Públicas, porque dicen no estar de acuerdo con las disposiciones que los obliga a intervenir en el proceso de designación de los ciudadanos en los comités de obra, y arguyen como principal argumento que la Ley general no les permite hacer lo que deben, es decir, vigilar que los servidores públicos no le metan la mano al bolsillo de la gente y sigan amasando fortunas al amparo del servicio público”, criticó el diputado.

Mientras que la diputada presidenta de la Comisión de obras Públicas también hizo señalamientos a los comentarios emitidos en la Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana y dijo que este órgano no está facultado para emitir acciones de inconstitucionalidad.

“Ojalá no sea una estrategia para desacreditar la ley. Inconstitucional no es, pues la Ley no contraviene ninguna facultad constitucional. En una acción de inconstitucionalidad ellos no están facultados, apenas un número de Diputados y cabe mencionar que tuvieron un plazo de 30 días para hacerlo. Hasta donde entiendo este plazo ya pasó y no procederá por ser el mes de Septiembre después de su publicación”, señaló la legisladora.

Observaciones

“Nosotros al leer la Ley encontramos algunas inconsistencias y algunas confusiones, derivado que vimos estas dificultades de interpretación nos acercamos al Congreso, al Poder Ejecutivo y tuvimos una primera reunión para plantear estos aspectos, nos reunimos con la presidenta de la Comisión de Obras Públicas, con la presidenta de la Jucopo, representante del Poder Ejecutivo, la jurídica del Congreso y estuvimos discutiendo el asunto”, relató Hubbard Urrea.

Para el ex Embajador fue “demasiado obvio” que hubo enojo e irritación de algunos diputados por las observaciones y comentarios que se hicieron en el Comité de Participación Ciudadana el viernes pasado, que tienen que ver con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que trae en varios artículos un seguimiento para integrar un Comité de Obra Pública cuyos integrantes ciudadanos dice se asignan por el CPC.

“Nosotros nos derivamos de una Ley General de Sistema Nacional Anticorrupción y se supone que todas las leyes estatales son un espejo de esa ley nacional, entonces si se aparta de eso o es otra Ley que lo hace, creemos que hay problemas constitucionales”, dijo al señalarse nuevas atribuciones para este órgano en la Ley de Obras Públicas.

Enrique Hubbard Urrea mencionó que la Ley señala que solo habrá un Comité de Obras por todo el Poder Ejecutivo en el estado y no es así como se está manejando, al contrario, sino que cada instancia del Ejecutivo estatal está manejando que tendrá un comité, igual en el caso de los ayuntamientos se habla del comité de obras del Ayuntamiento, en singular, mientras que las juntas de agua potable y alcantarillado de todos los municipios deben tener su propio Comité de Obras.

En otro punto lo que se dieron cuenta es que la Ley dice que no son ellos quienes presentan las candidaturas, sino que solamente designan y que las candidaturas tienen que venir de asociaciones civiles, organizaciones empresariales o colegios e instituciones académicas que estén acreditados ante los Órganos Internos de Control correspondientes.

"Antes que otra cosa habría que ver si los Órganos Internos de Control de los que estamos hablando tienen acreditadas a estas organizaciones o las tienen que convocar, no dice la Ley qué se necesita para ser acreditado", detalló.

En ese mismo punto se estipula que pueden ser candidatos ciudadanos, sin embargo, las personas tienen que venir propuestas por los actores antes mencionados, por lo que encuentran como una traba que una persona de la ciudadanía no pueda ser parte de los comité, sino que tiene que ser propuesta de algún grupo.

La Ley de Obras también da atribuciones de los Órganos Internos de Control que son anticonstitucionales, consideró el presidente del CPC, por ejemplo, les permite sancionar a particulares, cuando la Ley no permite eso.

“Los OIC podrían presentar una denuncia ante un Tribunal de Justicia Administrativa en contra de un particular, pero no puede sancionar directamente”, explicó Hubbard Urrea.

“Tenemos todavía pendientes una serie de cuestiones que no han quedado muy claras, a cambio de ello se ataca de manera muy curiosa, incluso confundiendo las funciones de los Testigos Sociales con los integrantes ciudadanos de los Comités de Obras que la Ley los tiene claramente separados. Los Testigos Sociales ni siquiera tienen que ser ciudadanos mexicanos, pero acá en el Comité de Obra se habla de participantes ciudadanos”, abundó.

Posicionamientos

Desde el Congreso del Estado, Miranda Leal y Romero López respondieron a los comentarios realizados por la y los miembros del Comité de Participación Ciudadana.

“Si no pueden con el cargo o responsabilidad que lo dejen o que renuncien, pero que no vengan a decir que es inconstitucional algo que lo que ellos fueron parte y en su momento se les compartió, que no sean paleros del Gobierno, que trabajen, que asuman su responsabilidad y dejen de entorpecer la buena aplicación de la Ley”, enfatizó la diputada Flora Isela Miranda Leal.

La presidenta de la Comisión de Obras Públicas en el Congreso mencionó que la facultad que la nueva Ley de Obras Públicas otorga al Comité de Participación Ciudadana busca incentivar el involucramiento de más personas, en un tipo de mecanismo que concentra una de las principales zonas de vulnerabilidad para la comisión de actos de corrupción: las contrataciones públicas.

Mientras que José Rosario Romero López expuso que las reformas a la Ley de Obras pretenden acabar con la opacidad y con toda posibilidad de corrupción en la obra pública mediante diversos mecanismos, misma Ley que fue respaldada por unanimidad en el Pleno del Congreso.

“Para las diputadas y diputados de Morena, esas lamentables expresiones, dibujan de cuerpo entero la falacia de lo que se conoce como sistema anticorrupción, para evidenciarlo como un instrumento que sirve a la simulación y nunca a las exigencias de la sociedad de enfrentar donde esté toda acción corrupta, como el de la entrega de recursos públicos a particulares, concesionarios de estadios, algunos a título materialmente gratuito, a los que se ha entregado mil 400 millones de pesos, en lo que va del Gobierno de Quirino Ordaz”, denunció.

Además citó los 652 millones por el estadio de futbol en Mazatlán, a Ricardo Salinas Pliego; los 402 millones a la familia Toledo Corro, por la remodelación del estadio Teodoro Mariscal, y 400 millones de pesos más al ex dirigente del PRI en Sinaloa, Joaquín Vega Acuña, por la remodelación del estadio Emilio Ibarra en Los Mochis.

“¿Al servicio de quién están los integrantes del Sistema Anticorrupción en Sinaloa, cuando existen infinidad de casos sin claridad y se resisten al cumplimiento de la Ley? No tienen razón en su reclamo de normas a modo. Nada obliga a este congreso a copiar leyes de otra parte”, refirió.

“Y tampoco les asiste el derecho para negarse a aceptar las reformas en materia de obras públicas, menos recurriendo a la Corte con una acción de inconstitucionalidad, cuando no figura ni el Sistema Anticorrupción y menos su Comité de Participación Ciudadana en el listado de órganos y servidores públicos facultados para ello”, concluyó el morenista.