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Derechos Humanos

La prisión preventiva oficiosa no ha inhibido la delincuencia, asegura la Alianza de Abogados en Sinaloa

Derivado de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se exige a México reformar su legislación y desaparecer la Prisión preventiva oficiosa como medida cautelar por violentar derechos humanos

CULIACÁN._ El Vicepresidente Nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, Julio Sergio Alvarado Andrade se pronunció a favor de la desaparición de la prisión preventiva oficiosa por considerarla violatoria de derechos humanos y por no garantizar la disminución de delitos en el País.

La prisión preventiva oficiosa está siendo ampliamente debatida en México, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un proyecto de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige a México reformar su legislación para cambiar esta figura legal.

“La prisión preventiva oficiosa, no ha inhibido delinquir, es más cada vez se delinque más y se cometen más delitos con más saña (...) La oficiosa o simplificada es pena anticipada y además es violatoria del principio de presunción de inocencia”, dijo Alvarado Andrade.

Explicó que, en artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales esta figura jurídica como medida cautelar para asegurar la presencia del imputado en el proceso penal se encuentra como última opción dentro del catálogo de disposiciones judiciales provisionales.

Sin embargo, hasta el 2019 el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la prisión preventiva oficiosa era obligatoria para cuatro delitos: secuestro, abuso sexual, portación de armas y delincuencia organizada.

Pero, la aplicación de esta medida cautelar se polemizó debido a que dentro del sistema procesal penal se amplió el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa.

“Hay un catálogo delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa y que consiste que la persona que cometa ese delito va a la cárcel de facto, de manera dictatorial no hay forma de quitártela”.

“Pero entra esta nueva administración, nuevo presidente e incrementa el número de delitos en el catálogo del 19 constitucional. En el 2018 hubo una reforma a la Constitución (artículo) 19 e incrementan y ahora hay muchísimos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”.

“De suerte tal que de ser la excepción, la prisión preventiva funciona pasó a ser la regla. Ahora la mayoría de las personas que se ubican en esos supuestos pues van a la cárcel”.

Con base en lo anterior, Alvarado Andrade opinó que ante la posibilidad de la desaparición de esta figura resulta positivo argumentando que, de acuerdo a las estadísticas esta medida cautelar no ha disminuido los delitos.

“Y luego ahora nos encontramos ante la posibilidad real y tangible de que esta figura de la prisión preventiva oficiosa desaparezca del artículo 19 constitucional y del Código Nacional y esto es muy sano para las personas, para el judicial porque además la prisión preventiva oficiosa no ha demostrado, al menos en las estadísticas, no nos dicen que han inhibido el delito”.

“Contrario a lo que se pudiera pensar la prisión preventiva oficiosa no ha servido, hay un hacinamiento al interior de los de los penales y se ha enviado en la mayoría de los casos a la cárcel a personas que al final resultaron inocentes y eso con qué lo pagan el Estado”.

A su vez, explicó que la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es irreversible y obliga al Estado mexicano a que elimine de sus codificaciones la prisión preventiva oficiosa derivado al tratado firmado con la Convención Interamericana de Derechos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Esta sentencia es obligatoria para el Estado no hay opción y la corte lo sabe la corte lo sabe y me parece que es irreversible aún y cuando haya muchos que se opongan”.

Señaló que hace falta realizar foros de participación de abogados para compartir opiniones desde la experiencia y las estadísticas para realizar cambios en materia de legalidad.

“Hacer estos cambios los a través de las estadísticas insisto, los gobernadores no pueden sostener que la prisión preventiva oficiosa, porque todas las estadísticas dicen lo contrario”.

“Yo te puedo asegurar que si la prisión preventiva oficiosa permanece perenne en nuestra codificaciones el tema de la delincuencia no va a cambiar el México si no hay políticas públicas orientadas en el sentido de compartir”.

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