"Fiscalía respira hondo... ahora juez rechaza segunda solicitud de perdón por caso Tiburonario"
Un Juez de control rechazó ayer la solicitud de abogados defensores para que se perdonara a otro de los ex funcionarios de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del sexenio pasado, ligados a la construcción del Tiburonario de Mazatlán.
El Juez fue otro diferente al que sí le aceptó la estrategia a la defensa en el Centro de Justicia Penal, Oral Acusatoria al ex Director de Control Administrativo de la misma dependencia, Dionisio Sánchez Félix, hace dos semanas.
Esta vez los abogados de José Luis Ulloa Miranda, quien junto a Sánchez Félix es acusado de avalar licitaciones irregulares para tres contratos para la construcción de la obra, fueron rechazados pese a que los argumentos fueron los mismos.
Tiene Fiscalía compromiso con el caso del Tiburonario de Mazatlán
Uno de los defensores de Ulloa Miranda solicitó al juez la suspensión condicional del proceso contra su cliente, debido a que estaban dispuestos a pagar por la restauración del daño, sin embargo con el argumento de que la Fiscalía había omitido ofrecer un plan resarcitorio del daño y fijar una base económica objetiva para que ésta pudiera ser cubierta por su cliente, las únicas condiciones para obtener el perdón era el residir en el mismo domicilio durante los próximos seis meses y asistir a firmar cada determinado tiempo a la Unidad de Medidas Cautelares, a cambio del perdón.
Estos argumentos fueron los mismos que el abogado defensor de Sánchez Félix usó para convencer al otro Juez de control el pasado 8 de mayo, suficiente para conseguir el perdón.
La Fiscalía General del Estado, desde la formulación de la acusación contra éste y los otros dos ex funcionarios, señaló que el daño al erario era el mismo del valor de los contratos irregulares, poco más de 34.6 millones de pesos.
A la vista de la defensa, esta cifra no puede tomarse como una base económica para la reparación del daño, puesto que este recurso fue entregado y aplicado por las dos empresas contratadas para las tres obras que señala la acusación.
El abogado hizo hincapié en que su defendido no tuvo que ver en el gasto, por lo que los responsables del mal uso del recurso son las propias empresas.
A diferencia del caso de Sánchez Félix, en esta ocasión el juez señaló que Gobierno del Estado, por ser la víctima en este caso, envió una carta con la que exige una reparación del daño.
El cardumen que colapsó el Tiburonario
Después de la petición de la solicitud de la defensa para conseguir la suspensión condicional del proceso y la negativa de la Fiscalía, el representante del Gobierno del Estado leyó parte de la misiva.
Al momento de decidir, el juez hizo hincapié en la importancia de resarcir el daño cuando hay un hecho por el que alguien pudiera resultar responsable.
Para poder acceder a la solicitud de la suspensión, recalcó el Juez, se necesitan entre requisitos técnicos, que no exista una oposición fundada, y señaló que la de la fiscalía y el representante del Gobierno del Estado estaba fundada y exigían una garantía de reparación del daño.
También destacó que aunque la defensa evidenció que hubo otro caso, en otra audiencia con otro juez que accedió a la solicitud, este es un caso en que él tenía que tomar la decisión.
"...Este juez de control tiene la responsabilidad de analizar esta audiencia, esta solicitud y estos argumentos", expresó.
"En este caso, este juzgador no encuentra condiciones para conceder esta suspensión del proceso", mencionó.
Las diferencias, que la defensa asegura que no hay base económica para reparar el daño y que la fiscalía señala que sí, y que son 36.4 millones de pesos, es muy grande, por lo que rechazó la solicitud.
