Falta que mecanismos consoliden confianza del gremio y la sociedad: periodistas

Los mecanismos de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos tienen el reto de consolidar la credibilidad tanto de los gremios que protege, como de la sociedad en general, coincidieron integrantes de ambas comunidades.

“Creo que el reto mayor es la credibilidad social, sin duda alguna, este Instituto surge en un marco de falta de credibilidad social hacia las instituciones, y al ser una institución pública, nace también manchado con esa falta de credibilidad”, admitió Jhenny Judith Bernal Arellano, directora del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa.

En el marco del primer aniversario de la creación de la ley que protege a periodistas y activistas, se llevó a cabo un conversatorio en el que participaron el periodista Alejandro Sicairos Rivas, el defensor de derechos humanos Leonel Aguirre Meza; el periodista y titular de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz, Israel Hernández Sosa, así como Bernal Arellano.

Coincidieron en que ambos gremios continúan bajo el yugo de la violencia, sin embargo, destacaron que en el transcurso del tiempo evolucionaron los peligros a los que se enfrentan, ya que en décadas anteriores los principales agresores emanaban del Estado, y ahora son mayoritariamente del crimen organizado.

Compararon los índices de violencia y el tipo que existen en Sinaloa y Veracruz, coincidiendo en la presencia del crimen organizado y crisis humanitarias como la desaparición de personas en ambas entidades.

“En Veracruz tenemos cifras muy claras y muy establecidas que lamentablemente nos posicionan en un deshonroso primer lugar a nivel internacional en ataques a periodistas”, comentó Hernández Sosa.

“Del 2005 a la fecha tenemos 31 casos de colegas asesinados, y por lo menos seis o siete desaparecidos, dependiendo nuestros números y las bases de datos; es importante decir que no todos los casos tienen que ver con el ejercicio periodístico, no todos los casos tienen que ver con la libertad de expresión”.

Sicairos Rivas comentó que en todos los gobiernos hay asesinatos de periodistas, y señaló que el homicidio que más cimbró fue el de Javier Valdez Cárdenas, cofundador del semanario Ríodoce, quien fue ultimado el 15 de mayo de 2017.

“Hace más de 30 años que estamos en una situación similar, y que en cada gobierno, en cada sexenio ha habido el crimen de un periodista que nos recuerda la vulnerabilidad en que nos encontramos todavía”, dijo el periodista.

Lamentó que los asesinatos de reporteros son un recordatorio del miedo que debe tener el gremio a publicar información, la capacidad que hay para responder, y tampoco se han generado condiciones idóneas para ejercer la libertad de expresión.

“Esto ha repercutido de manera notable en el derecho a información de los ciudadanos, quienes estamos transmitiendo información siempre limitada, permeada, por el temor a que ocurra algo”.

Aguirre Meza señaló que los crímenes contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos son generados porque el crimen organizado ha llegado hasta instituciones de gobierno.

“Desafortunadamente infiltrado en muchos aspectos de la sociedad, de autoridades de gobierno, lo que ha provocado impunidad, permisibilidad prácticamente para que sean atacados, seamos atacados con toda impunidad las personas que nos dedicamos a esto”, enfatizó el defensor de derechos humanos.

Agregó que el Instituto debe generar confianza a periodistas y activistas para que opere adecuadamente, porque no hay fe en las instituciones gubernamentales porque algunas tienen presupuestos altos pero no reflejan eficiencia en la operatividad para las que fueron creadas.

“La confianza también tiene que verse en el sentido que realmente el mecanismo va a funcionar en la medida que se coordinen las autoridades que están involucradas”.