En Sinaloa hay 55 reos que podrían salir libres, de aplicarse un decreto como el de AMLO

Son 52 hombres y tres mujeres las personas en los centros penitenciarios sinaloenses que son candidatas a ser liberadas aplicando un decreto de liberación de personas privadas de la libertad como el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador realizó en las cárceles federales en 2021, amnistía que no bajó a los estados, como Sinaloa.

De acuerdo con Óscar Loza Ochoa, defensor de derechos humanos, y María del Rosario Osuna Gutiérrez, Diputada Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, es pertinente celebrar la decisión federal, pero faltaría homologar en la entidad o que las autoridades estatales implementen medidas similares para que esta acción sea posible en el estado.

De acuerdo con una solicitud de acceso a la información realizada a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en la entidad el número de personas privadas de la libertad mayores de 75 años que no cometieron delitos graves son siete reos.

Además las personas presas mayores de 65 años que padecen enfermedades crónicas son 34, todos de población masculina.

Son tres mujeres las que alegaron o se les comprobó tortura, ya que López Obrador también refirió a la aplicación del Protocolo de Estambul para liberar a personas privadas de la libertad que hayan sufrido este tipo de abuso.

Sumado a las 11 personas en centros penitenciarios sinaloenses que tienen más de 10 años en la cárcel y que no han recibido sentencia.

Los anteriores puntos son los que el Presidente de la República tomó en cuenta al firmar el Decreto en de agosto del 2021, todos en relación a presos por delitos no graves, iniciando su aplicación en el mes de septiembre, de ahí que en Sinaloa sean 55 los perfiles a revisar, en caso de que haya voluntad de desahogar las cárceles estatales.

“Espero que la autoridad estatal tome algunas medidas que se requieren, para que este tipo de medidas de carácter administrativo puedan beneficiar a un buen número de personas”, subrayó Loza Ochoa, “eso puede significar una nueva actitud más humana frente al problema”, agregó el activista.

“Es muy viable, de hecho considero este acto de humanidad, si bien sabemos que esta medida es para los centros penitenciarios federales, habrá que hacer un análisis para revisar si hay estadísticas al respecto de estos cuatro grupos en las entidades federativas para buscar homologarlas en lo local”, destacó la legisladora Osuna Gutiérrez.

Decreto

“Acuerdo por el que se instruyen a las instituciones que en el mismo se indican, a realizar acciones para gestionar, ante las autoridades competentes, las solicitudes de preliberación de personas sentenciadas, así como para identificar casos tanto de personas en prisión preventiva, como de aquellas que hayan sido víctimas de tortura, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables”, dicta el documento publicado en el Periódico Oficial de la Federación del 25 de agosto del 2021.

Se anunció el decreto el 29 de julio por la entonces Secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, con los lineamientos de los cuatro grupos a revisar, es decir, presos enfermos, torturados o sin sentencia, que no hayan cometido delitos graves.

“La liberación de los presos es, como aquí se ha dicho, son 600 para comenzar y hay más de 4 mil expedientes en revisión”, dijo López obrador en su conferencia matutina del 14 de septiembre, reiterado por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, liberación que inició el 15 de septiembre y de la que se puede destacar que siete reos de Sinaloa se incluyeron en la lista.

Sinaloa

Los centros penitenciarios de Aguaruto, en Culiacán; la extensión del Centro Penitenciario de la Región del Évora, en Angostura; Goros 2 en Ahome; y El Castillo, en Mazatlán, son las cárceles locales que como el resto de prisiones estatales no entraron en el decreto federal.

En Sinaloa la población en los centros penitenciarios ronda en 4 mil 472 presos y presas, de acuerdo con la última encuesta del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 96 por ciento son hombres y el 4 por ciento son mujeres.

El último censo también arrojó que 13 niños y niñas menores de 6 años estuvieron con sus madres en los centros penitenciarios. Al cierre del 2020, 85 centros penitenciarios federales y estatales contaron con unidad encargada de la recepción y/o atención de las quejas presentadas por las reas y reos, en Sinaloa no se recibió ninguna, el señalamiento es que puede no existir esta área en las cárceles de la entidad.

Acto humanitario

El hecho de que haya presos que puedan llevar lo que resta de su proceso penitenciario en domicilio y que se haya tomado en cuenta por el Gobierno federal, es un acto humanitario, oportuno y apegado a derecho que se debe homologar en Sinaloa, consideró la legisladora Osuna Gutiérrez.

“Considero que el decreto firmado el 25 de agosto del 2021 es un acto muy humanitario para muchos mexicanos que se les está violando sus derechos humanos, quiero decir con lo anterior que no es una acción ilegal y que por lo tanto se realiza un estricto apego derecho”, mencionó, resaltando que la Secretaría de Gobernación es la principal autoridad que coordina que este decreto se realice, por lo que confía en el proceso.

“El decreto firmado por el Presidente de la República no es una acción irresponsable, como pudiera interpretarse en el sentido de dejar en libertad a miles de personas que hoy se encuentran privadas de su libertad, el decreto también deja perfectamente claro la metodología, los pasos a seguir para que un preso que se considere en esas condiciones logre su preliberación”, defendió.

La integrante del PAS destacó que la medida permitirá que los centros penitenciarios federales disminuyan la cantidad de presos que reclutan en este momento y con ello generarle mejores condiciones a los internos que permanezcan en esos lugares.

Celebró también que haya siete personas en los centros de Sinaloa que calificaran para estar dentro de estos primeros beneficiados, detallando grupo por grupo como lo hizo el presidente y la importancia de la consideración de cada uno para tomar esa decisión.

“Es justo y humanitario en escencia no representaría un peligro para la sociedad, sin embargo, lo que si se tiene que cuidar mucho es que no se cometan actos de corrupción o violación a lo que estrictamente contempla el decreto”, agregó la Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso.

Amnistía para Sinaloa

“La persona más negativa o más criminal siempre tiene un momento que la salva”, dijo Loza Ochoa parafraseando a Carlos Fuentes, al recordar el momento en que un personaje Sinaloense, Rafael Caro Quintero, se le acercó para manifestarle que quería que se le trasladara a un centro penitenciario cercano a su familia, para estar pendiente de sus hijos.

Caro Quintero manifestó que sus hijos estaban en edad de decidir entre dedicarse a trabajos lícitos o ilícitos y expresó a Loza Ochoa que podrían no creerle, pero que él no quería que se dedicaran al mal, por lo que en apego al Artículo 18 del Código Penal Federal, pidió se le cambiara a una cárcel cerca de Culiacán, para apoyar con su crianza.

Lo anterior fue en 1994 que el activista acudió acompañado de organismos y personas defensoras de derechos humanos a El Altiplano, Centro Federal de Readaptación Social Número 1, mejor conocido como Almoloya, petición que el ex Ombudsman sintió sincera.

Loza Ochoa enfatizó que al inicio de la pandemia se anunció que se iba a amnistiar presos y presas, sin embargo, consideró que al final el proceso fue muy restringido, señalando que se destacaba que era para aliviar la sobrepoblación de las cárceles y bajar el nivel de riesgo que había por la pandemia en centros federales y estatales, pero no se hizo así.

“Ahí yo había fincado esperanzas de que no sólo reos de carácter federal, sino que también se aplicara por parte de las autoridades estatales una medida similar para que hubiera un desfogue importante en los penales”, indicó, lo que no ha sucedido hasta el momento.

El defensor de derechos humanos abundó en que hay otra cuestión en México que está siendo mal aplicada, en relación a que la prisión debería de ser tal y como teóricamente se concibe: -la última de las medidas que se toman para sancionar alguna actividad delictiva-, por el contrario, señaló que se ha visto como la panacea para resolver el problema de la delincuencia.

Respecto a las mujeres, que en Sinaloa son tres las que se encuentran en estos grupos, todas por tortura, acotó que hay quienes cometieron delitos que considerados graves, pero no se ha visto más allá del delito, evaluar en qué circunstancias, tiempo y espacio se dan estos hechos.

“Yo he visto mujeres que dan a luz ahí y tienen niños de meses o tienen bebés, se supone que los bebés a esa edad deben estar con la madre, pero qué lugar menos adecuado precisamente para los niños que estar ahí en la cárcel con su madre”, resaltó.

“Hay una serie de cosas que se deben de verse y esas madres desde mi punto de vista deben de, al menos, estar temporalmente en una reclusión de carácter domiciliario, para que los niños no tuvieran una crianza y formación precisamente en el lugar menos adecuado”, agregó Loza Ochoa.

Además, recalcó, para el la aplicación del Protocolo de Estambul y conocer si las personas han sufrido tortura, hay personas ya capacitadas en Sinaloa que podrían hacer las pruebas necesarias.

Compartió que en Saint Paul, Minnesota, durante una visita al lugar, se mostró cómo no sólo se dedican a ver los casos en los que las personas han sido víctimas de tortura, sino además al tratamiento de las personas que hayan padecido ese tipo de problemas buscando rehabilitarlas con tratamiento psicológico y físico.

“El trabajo que puede hacerse a partir de Protocolo de Estambul es muy efectivo y uno solamente debe de confiar, creo que debemos de tener el respaldo en ese protocolo precisamente para que los actos, desde el trabajo del Poder Judicial, sean mucho más justos”, indicó.

Por último, dijo respecto a los reos de alta peligrosidad en cárceles estatales que se ha insistido a las autoridades en que no estén en ese espacio, sino que se les traslade a algún lugar que tenga presos con su perfil, habiendo más de una docena de centros federales en los que podrían estar.

Pero las cárceles estatales, manifestó, no se han desahogado y sigue habiendo un convenio por parte de la Federación y los estados para que se cumplan condenas de reos federales y no se ha sido ni muy celosos ni muy estrictos con la cuestión de los perfiles.