En caso de auditorías irregulares que provocó deuda de 20 años a Sinaloa es necesario reparación del daño: Iniciativa Sinaloa

CULIACÁN._ En el caso de las auditorías irregulares realizadas por el Gobierno de Sinaloa, que provocaron una deuda a pagar a 20 años, es necesaria la reparación del daño señaló Sibely Cañedo Cázarez, activista e investigadora en Iniciativa Sinaloa.

La también periodista expuso que además de las sanciones que deberán ser aplicadas a los funcionarios que se encuentren responsables se deberá priorizar la aplicación de medidas reparatorias al posible daño al erario público.

“Consideramos que es muy importante en este en los casos de presunta corrupción no solamente buscar las sanciones, sino también la reparación del daño”, dijo.

La semana pasada fue revelado que el préstamo millonario solicitado por el Gobierno de Sinaloa para cubrir el déficit que dejó el pagar la multa ante el Servicio de Administración Tributaria ya fue aprobado y tomará 20 años pagarlo.

De acuerdo con el proceso competitivo para contratar el crédito, el préstamo de mil 626 millones 938 mil 932 pesos fue completado con tres bancos, Santander, BBVA y Banorte.

Este préstamo fue solicitado por la actual administración estatal después de que la administración anterior fue multada por el SAT por realizar de una manera inadecuada auditorías a dos empresas, Coppel y Grupo Ahre.

A finales de 2024 se determinó que el Estado deberá pagar al SAT 2 mil 300 millones de pesos.

Ante la millonaria multa el estado tuvo que presupuestar para 2025 el pago, por lo que se afectó a la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa quitando presupuesto y dejando únicamente 400 millones. Por lo anterior, el préstamo solicitado será aplicado para obras públicas para este 2025.

Sibely Cañedo Cázarez señaló que desde la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa se ha buscado que se implemente un comité ciudadano para vigilar la correcta aplicación del préstamo.

“Básicamente lo que nosotros hemos solicitado es que las organizaciones de la sociedad civil formen parte de un comité de vigilancia”, explicó.

“De hecho, la Junta de Coordinación Política del Congreso ya emitió un acuerdo al respecto, sin embargo el acuerdo está publicado de una manera muy general y no especifica cómo participarán las organizaciones, ni siquiera si en verdad van a tener una participación o cómo va a operar este comité de vigilancia, solamente mencionan ahí que va a estar integrado por algunos diputados, pero no detalla más aspectos de cómo va a funcionar este mecanismo”.

Señaló que ante la cantidad solicitada es necesario la aplicación de mecanismos de transparencia proactiva para que la ciudadanía tenga la certeza de cómo se van a utilizar esos recursos.

Cabe destacar que por las prácticas irregulares que provocaron la millonaria multa el Gobierno de Sinaloa comenzó una investigación en el plano administrativo y ya pasó a ser una investigación penal.